PAÍS
Crédito: ATON
Los adherentes -la mayoría de ellos de La Lista del Pueblo- aseguran que hasta marzo de este año, existen alrededor de 2.500 jóvenes en prisión preventiva por hechos acaecidos en manifestaciones. «Muchos de estos casos afectan a menores de 15 años y en su gran mayoría, se trata de menores de 30 años sin antecedentes penales. En el país se encarceló y encarcela la justa lucha por demandas sociales».
Un grupo de 22 constituyentes electos exigió la «libertad inmediata» de todos los presos del estallido social, especialmente para los menores de edad «que han sido sometidos a procesos judiciales y encarcelados en centros del Sename».
«En Chile se ha vuelto costumbre dejar heridas abiertas y convivir con la injusticia y la impunidad. A los miles de casos de Detenidos Desaparecidos y otras violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la Dictadura de Pinochet que han quedado impunes, se suma ahora la gravísima situación provocada desde el Estallido o Revuelta Social de octubre de 2019, con abusos sistemáticos y cientos de personas privadas de libertad, condenas desmesuradas, procesos injustos y dilatados, montajes burdos orquestados por una de las instituciones más desprestigiadas del país (Carabineros), y cuyas medidas cautelares no se ajustan a principios de objetividad e imparcialidad», dice el comunicado.
Los adherentes -la mayoría de ellos de La Lista del Pueblo- aseguran que hasta marzo de este año, existen alrededor de 2.500 jóvenes en prisión preventiva por hechos acaecidos en manifestaciones. «Muchos de estos casos afectan a menores de 15 años y en su gran mayoría, se trata de menores de 30 años sin antecedentes penales. En el país se encarceló y encarcela la justa lucha por demandas sociales».
En ese sentido, argumentan que «ningún país que se considere democrático y que ya está viviendo un proceso constituyente puede permitirse tal nivel de injusticia e impunidad. A pocos días de que se instale formalmente la convención constitucional, advierten que «no es posible eludir las injusticias cometidas contra jóvenes que, cansados de una vida precaria e indigna, dieron el puntapié inicial a todo este proceso».
En ese contexto, hicieron un «llamado urgente al poder constituido a asumir el desafío de construir un país más justo y más solidario. Mientras muchos celebramos el futuro prometedor que podemos construir como sociedad, existe una realidad paralela, cruda y desgarradora, ante la cual no podemos quedar indiferentes».
«Por lo tanto, exigimos la libertad inmediata de todas las presas y presos políticos, con especial urgencia para las y los menores de edad que han sido sometidos a procesos judiciales y encarcelados en centros del SENAME, en abierta vulneración de todos los tratados internacionales suscritos por Chile en esta materia. En ese sentido, apoyamos las demandas de las agrupaciones de familiares y amigos de presos políticos de la Revuelta, así como de las demás organizaciones que los han acompañado durante todo este difícil período».
Por último, llamaron a «las y los constituyentes electos a sumarse a esta exigencia. La triste y dolorosa historia de nuestro pasado reciente ha demostrado con creces que no es posible construir un país sano sobre cimientos tan poco sólidos, como lo son la injusticia y la impunidad».
A esta carta adhieren: Dayana González Araya; Constanza San Juan; Ivanna Olivares; Lisette Vergara; Cristóbal Andrade; Tania Madariaga; Camila Zárate; Marco Antonio Arellano; Alejandra Pérez; Natalia Henríquez; Manuel Woldarsky; Ingrid Villena; Francisco Caamaño Rojas; Loreto Vallejos Dávila; Gloria Alvarado; Elsa Labraña; Fernando Salinas Manfredini; Francisca Arauna Urrutia; César Uribe; Adriana Ampuero y Elisa Giustinianovich Campos.
