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Crédito: Agencia Uno
El proyecto de reforma constitucional faculta al Presidente de la República disponer de las Fuerzas Armadas para que «se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto».
El Senado aprobó el martes, con 37 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, el informe de Comisión Mixta sobre el proyecto de infraestructura crítica. La iniciativa faculta al Presidente de la República disponer de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para resguardar ese tipo de instalaciones o establecimientos. Esto, sin necesidad de decretar Estado de Excepción.
Al informe de la Comisión Mixta -presentado por los senadores de Chile Vamos Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena en 2019- solo le resta el visto bueno de la Cámara de Diputadas y Diputados para que se efectúe la reforma constitucional.
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El proyecto reforma el artículo 32 de la Constitución para entregar al Presidente de la República la facultad de «disponer, mediante decreto supremo fundado, suscrito por los Ministros del Interior y Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto».
Se entenderá por infraestructura crítica, el conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica, al medioambiente o a la seguridad del país.
Asimismo, la infraestructura indispensable para la generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como energía, agua o telecomunicaciones; la relativa a la conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria, y la correspondiente a servicios de utilidad pública, como los sistemas de asistencia sanitaria o de salud.
El proyecto dispone que el uso de esta atribución no podrá afectar los derechos y garantías constitucionales, ni los tratados sobre Derechos Humanos ratificados por Chile, y señala que las Fuerzas Armadas tampoco podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público.
Esta medida no podrá extenderse por más de 60 días, sin perjuicio de que pueda prorrogarse por igual período, con acuerdo del Congreso Nacional. Además, el Presidente de la República deberá informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas una vez concluido su ejercicio y dentro del plazo de cinco días.
Recordemos que en el marco de la Comisión Mixta que discutió el proyecto, el Gobierno pretendió impulsar un «estado intermedio» para evitar decretar el Estado de Excepción en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y en toda La Araucanía.
Según había informado el Ejecutivo en mayo, el «estado intermedio» se limitaría a rutas y carreteras. Sin embargo, la iniciativa no logró consenso en el oficialismo, por lo que desde el Gobierno desistieron y finalmente el Presidente Gabriel Boric decretó Estado de Excepción en los sectores mencionados.
