PAÍS
Crédito: Agencia Uno
La vicepresidenta Carolina Tohá dijo que el lunes el Gobierno alcanzó un acuerdo con los camioneros movilizados. Sin embargo, apuntó que grupos de transportistas han continuado con el paro, presentando demandas «totalmente desproporcionadas para la realidad del país».
La vicepresidenta Carolina Tohá señaló este miércoles que el Gobierno invocará la Ley de Seguridad del Estado por el paro de camioneros que se desarrolla en distintos puntos del país. Al respecto, indicó que la movilización ha afectado al abastecimiento para sectores de la población.
«El Gobierno ha hecho todos los esfuerzos como consta públicamente para evitar este conflicto. El día lunes se hizo un acuerdo que contenía medidas muy significativas, un esfuerzo importante por dar una respuesta concreta a varias demandas que se habían planteado por parte de los transportistas que se han movilizado», dijo Tohá desde La Moneda.
También te puede interesar:
«Pese a ello, después del lunes ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras y eso ha afectado a las personas. Eso ha afectado la circulación, está afectando al abastecimiento en distintos puntos del país. No es aceptable, no lo vamos a tolerar», añadió la vicepresidenta.
«Por eso el Gobierno ha decidido que va a invocar la Ley de Seguridad del Estado como corresponde en casos como este. Esta decisión ha sido tomada», sostuvo.
A su vez, apuntó que grupos que firmaron el acuerdo del lunes plantearon nueva demandas «totalmente desproporcionadas para la realidad del país».
Según dijo Tohá, el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, entregará más tarde detalles de la medida de Gobierno.
Más temprano, Monsalve había deslizado la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad del Estado por el paro de los camioneros.
También se refirió a los acuerdos alcanzados con los camioneros, como los recursos extras para el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) y el congelamiento del precio del diésel por un periodo de tres meses.
«Si sumamos solo estas dos medidas, estamos hablando de un costo fiscal de 6 mil millones de dólares. Hoy un poco más de dos millones de chilenos reciben una PGU, eso le cuesta al Estado 6.800 millones de dólares al año», dijo Monsalve.
«El esfuerzo que se está haciendo para paliar el alza de los combustibles es de igual magnitud fiscal que el pago de la PGU a más de 2 millones de chilenos», complementó.
