Chile va ahora por la energía eólica marina

¡Hola! En diciembre del año pasado, Chile alcanzó un hito global al generar un récord del 42% de su electricidad a partir de energía eólica y solar, según el centro global de estudios energéticos Ember. Fue una buena noticia, entre más terreno ganan las ERNC, más pierde la generación a partir de la quema de combustibles fósiles.

Pero la generosa radiación solar en el desierto y los fuertes vientos en el sur no son los únicos recursos de los que dispone Chile para una transición energética justa. Los vientos marinos en el sur del país son por lejos nuestro mejor recurso. Datos del Banco Mundial estiman que, si Chile utilizara ese potencial, la generación de energía limpia no solo superaría con creces ese 42% sino que alcanzaría para cubrir varias veces toda la demanda energética del país.

• Con ese potencial en el horizonte, nuestro país, desde hace solo unos días, ingresó a la Alianza Global de Energía Eólica Marina (GOWA). En esta edición de Juego Limpio no solo nos detendremos en las posibilidades que abre esta alianza sino también en las grandes preguntas que surgen a continuación. ¿Está el país preparado para un desarrollo eólico marino a gran escala? ¿Existen políticas públicas y normativas claras para facilitar esta expansión sin sacrificar ecosistemas ni comunidades costeras?

• En otro de los temas relevantes de esta edición, he querido detenerme en el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que dictaminó que la inacción climática viola el derecho internacional. Cuando se conoció la opinión consultiva hice una edición especial de Juego Limpio con el alcance global de la medida, pero ahora quise profundizar en ello. Que la CIJ se haya pronunciado sobre el cambio climático, a petición de la Asamblea General de la ONU, no tiene precedentes y su impacto, pienso, es todavía impredecible.

• Prestar atención a la información confiable es uno de los objetivos de este boletín climático, por lo mismo, asumo también con toda responsabilidad que un objetivo complementario es advertir oportunamente cuando estamos en presencia de información climática falsa. En esta ocasión les traigo un reciente estudio que analiza las motivaciones que hay detrás del hecho de intoxicar a la opinión pública.

• Y dentro de los últimos temas, ya más contingentes, comparto con ustedes una información de Sernapesca, solicitada por Transparencia, que descarta que existan denuncias por abusos de la Ley Lafkenche, la que –según diversos actores políticos y gremiales– estaría siendo usada para extorsionar, cobrar peajes ilegales o bloquear actividades productivas.

• Finalmente, en nuestra sección Breves medioambientales que sí importan, les cuento –entre otros temas– que, en el marco de la COP15 celebrada en Zimbabue, Chile fue elegido como miembro del Comité Permanente de la Convención Ramsar sobre humedales.

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

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Corte Internacional de Justicia se interpone al negacionismo de EE.UU.

¿Hubo prensa?, ¿difusión? Sí. ¿Impacto? Muy poco, pese a que lo que ocurrió la semana pasada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) podría ser calificado como evento extraordinario. En solo cinco ocasiones a lo largo de la historia de este tribunal de derecho internacional la CIJ ha arribado a una opinión unánime. Y esta fue una de ellas. La Corte Internacional de Justicia dictaminó que la inacción climática viola el derecho internacional, confirmando así que los gobiernos ahora tienen obligaciones jurídicas vinculantes de reducir las emisiones y proteger los derechos humanos.

Este fallo, solicitado por la Asamblea General de la ONU, marca un antes y un después en el derecho internacional ambiental, al establecer que los Estados tienen responsabilidades legales claras para proteger el sistema climático y reparar los daños provocados.

• ¿Qué significa en concreto? Que si un Estado, por acción u omisión, incumple las obligaciones de adoptar medidas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero; cooperar internacionalmente en la lucha climática; o cumplir con sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC); y causa daño significativo al sistema climático, incurre en un acto internacionalmente ilícito.

La resolución de la CIJ es además un golpe de efecto para fortalecer el multilateralismo. El dictamen subraya que las obligaciones climáticas son erga omnes, es decir, comprometen a todos los Estados en beneficio de la comunidad internacional. Esto quiere decir que cualquier país puede invocar la responsabilidad de otro por violaciones climáticas, incluso si no es la víctima directa.

La otra derivada de importancia es que la Corte respaldó que es científicamente posible atribuir emisiones históricas y actuales a Estados específicos. Así, aunque el daño climático sea acumulativo y multicausal, los Estados no pueden escudarse en la complejidad del fenómeno para evitar su responsabilidad.

La Corte Internacional de Justicia se une así a una ola creciente de órganos legales internacionales que han tomado el toro por las astas en materia climática. En mayo de 2024, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dictaminó que las emisiones de gases de efecto invernadero cuentan como contaminación marina y, en julio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró por primera vez que las personas tienen derecho a un clima sano.

En suma, se trata de una victoria histórica para el derecho global y la verdad científica, impulsada por un pequeño grupo de estudiantes de derecho de las islas del Pacífico que creían que el sistema podía funcionar. Convocaron a más de 130 países. Y triunfaron.

Estados Unidos: la excepción

Como ya se ha tornado habitual, Estados Unidos se marginó completamente del impacto de esta resolución, pese a que está dentro de las naciones más contaminantes del mundo. Pero no solo eso, en la víspera del pronunciamiento y después de este, la administración continuó desvalijando la institucionalidad ambiental.

• El viernes 18 de julio, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunció que está eliminando su oficina de investigación y desarrollo de la división científica central, que ha servido como conciencia y brújula de la agencia durante décadas. Más de 1.100 científicos ambientales expertos en clima, toxicólogos e investigadores de salud pública, están siendo despedidos. En total, más de 3.700 miembros del personal de la EPA están siendo destituidos.

• Y solo hace algunos días, EE.UU. anunció la voluntad de retirarse de la Unesco –la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura–, dejando a otro miembro de la ONU fuera de una alianza global de 194 naciones dedicadas a proteger la cooperación científica, la cultura, la educación y el patrimonio.

Esto no es solo simbólico. Abandonar la Unesco elimina la supervisión internacional de los ecosistemas, paisajes y lugares sagrados, lo que facilita su explotación para la obtención de combustibles fósiles y la minería.

Desinformación climática avanza en todos los frentes

Mientras el mundo se enfrenta a incendios forestales sin precedentes, olas de calor mortales y lluvias torrenciales que arrasan ciudades, un nuevo informe internacional lanza una acusación directa: los ejecutivos de las grandes empresas de petróleo están obstruyendo las soluciones.

El reporte, titulado “Clima extremo, daños extremos”, fue publicado la semana pasada por el Center for Countering Digital Hate (CCDH), una organización británica especializada en rastrear y combatir campañas de desinformación. A lo largo de más de 60 páginas, el informe documenta el nexo directo entre la industria fósil, el aumento de fenómenos climáticos extremos y una estrategia sistemática para desinformar a la opinión pública a través de redes sociales.

De acuerdo con este informe, la industria fósil ha invertido millones en campañas digitales que buscan minimizar o distorsionar la conexión entre sus operaciones y el cambio climático. Plataformas como Facebook, YouTube y X (antes Twitter) son utilizadas por cuentas anónimas o “think tanks” para:

• Promover la idea de que el cambio climático es un fenómeno natural y cíclico.
• Cuestionar la validez de los informes científicos del IPCC.
• Posicionar al gas natural como “energía limpia”.
• Difundir dudas sobre la viabilidad de las energías renovables.

El informe denuncia que estas campañas buscan bloquear o retrasar políticas públicas de mitigación.

Aunque el informe tiene foco global, sus conclusiones resuenan con fuerza en países como Chile, donde la crisis hídrica, los incendios y la desertificación avanzan aceleradamente. Pese a los compromisos internacionales y la Ley Marco de Cambio Climático, el país sigue subsidiando a los combustibles, en contradicción con los objetivos de neutralidad de carbono.

Según la ONG FIMA, el contenido negacionista o relativista del cambio climático en redes sociales en Chile aumentó un 40% en el último año, con fuerte influencia de medios y cuentas internacionales.

¿Qué propone el informe? El CCDH plantea una batería de acciones urgentes:

• Responsabilidad legal directa de ejecutivos de empresas fósiles por daños ambientales.
• Prohibición de campañas de desinformación climática en plataformas digitales, con mecanismos de monitoreo y sanción.
• Fin inmediato a los subsidios estatales a empresas petroleras y gasíferas.
• Inversión masiva en energías limpias y reparación ecológica, con prioridad en comunidades más afectadas.

En un año marcado por pronunciamientos históricos de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el deber legal de los Estados de frenar el cambio climático, este informe pone el foco donde más duele: en el corazón económico y político del problema.

Las investigaciones destacan dos motivaciones principales detrás de la difusión de la desinformación climática:

• Proteger los intereses del sector de los combustibles fósiles y mantener un escenario sin cambios: muchos agentes –sobre todo dentro de la industria de los combustibles fósiles y otros sectores afines– tienen un gran interés en retrasar la acción climática. Al sembrar la duda sobre la climatología o la eficacia de las soluciones de energía renovable, pretenden prolongar la viabilidad de los combustibles fósiles y mantener los beneficios económicos.
• Obtener ingresos, influencia o apoyo mediante la explotación de la economía de la atención: el panorama digital recompensa los contenidos que provocan fuertes reacciones emocionales, como la indignación o la polémica. Cuestionar la ciencia convencional o promover teorías conspirativas puede generar más participación en las redes sociales, lo que se convierte en ingresos publicitarios, influencia en línea o apoyo político.

Chile se suma a la Alianza Global de Energía Eólica Marina

En el desarrollo de las energías renovables no convencionales (ERNC), Chile anunció un paso decisivo hace pocos días. El jueves pasado, el país dio a conocer su ingreso a la Alianza Global de Energía Eólica Marina (GOWA), un consorcio internacional que busca impulsar el desarrollo acelerado de esta tecnología en todo el mundo.

• La decisión fue oficializada por el ministro de Energía, Diego Pardow, en un contexto donde la presión para avanzar en compromisos climáticos reales crece a nivel global y regional.
• GOWA reúne a gobiernos, líderes industriales, sociedad civil y organizaciones internacionales para acelerar el despliegue de la energía eólica marina como solución para combatir el cambio climático y mejorar la seguridad energética global.
• Además, tiene como objetivo contribuir a alcanzar una capacidad eólica marina global total de al menos 2.000 GW para 2050.

La adhesión se da en un momento clave. A pocos meses de la COP30 en Brasil, Chile pone el foco en un recurso que tenemos de sobra, pero que hasta ahora había quedado fuera del centro de la estrategia: el viento marino.

Veamos algunos números. Nuestro país cuenta con más de 6 mil kilómetros de costa y condiciones eólicas óptimas, especialmente en el sur. Según diversos estudios, Chile posee uno de los mayores recursos de energía eólica marina sin explotar en América Latina, con un potencial estimado en 950 gigavatios, según el Banco Mundial, suficiente para abastecer al país muchas veces. Sin embargo, a pesar de esta enorme oportunidad, el país aún no cuenta con políticas ni regulaciones específicas para desarrollar infraestructura eólica marina.

En 2024, la energía eólica terrestre y la solar suministraron juntas más del 40% de la electricidad de Chile. Pero los aerogeneradores marinos, que aprovechan los 6 mil kilómetros de costa chilena y los fuertes vientos del Pacífico, son mucho más potentes y podrían alcanzar por sí solos una eficiencia superior al 40%, lo que los convierte en un verdadero punto de inflexión para la energía limpia.

• Si bien la narrativa oficial apunta a que nuestro país buscará acelerar el despliegue de proyectos eólicos marinos, atrayendo inversión extranjera, generando empleos y profundizando su política de descarbonización, el anuncio no solo es energético, pues tiene también una clara dimensión geopolítica.

Chile se convierte en el tercer país latinoamericano en unirse a GOWA, tras Brasil y Colombia, lo que refuerza una alianza estratégica con sus vecinos más cercanos en la agenda climática. Además, fortalece la posición negociadora del país de cara a la COP30, donde el eje sudamericano busca mostrar capacidad de acción coordinada frente a las grandes potencias.

Desde GOWA nos dieron golpecitos en la espalda. “Chile aporta una visión sólida y un compromiso real con la energía eólica marina. Su incorporación es una señal potente del creciente liderazgo de América Latina en esta área”, destacó Amisha Patel, directora ejecutiva de la alianza.

Más allá de las celebraciones, demos ahora una mirada más aguda. La entrada de Chile a GOWA plantea interrogantes relevantes: ¿está el país preparado para un desarrollo eólico marino a gran escala?, ¿existen ya políticas públicas y normativas claras para facilitar esta expansión sin sacrificar ecosistemas ni comunidades costeras?

• En la última década, el país ha alcanzado más del 60% de generación eléctrica con fuentes renovables, pero la dependencia del cobre, el gas importado y un mercado eléctrico fuertemente concentrado siguen siendo factores estructurales que limitan la transición energética justa y sostenible.

El Programa Nacional Oceánico (2023) del país no menciona la energía eólica marina, lo que evidencia la ausencia de regulaciones específicas o de una estrategia a largo plazo para este sector dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chile. Esta falta podría retrasar el desarrollo de la energía eólica marina en el corto y mediano plazo, pero también representa una oportunidad para diseñar un marco regulatorio sólido, alineado con los objetivos nacionales de descarbonización y la promoción de actividades sostenibles en el océano.

• Establecer un marco regulatorio permitiría atraer nuevas inversiones, generar empleo y ayudar a Chile a reducir sus emisiones de carbono, al tiempo que diversificaría su matriz energética. Con más de 7.100 gigavatios de potencial eólico marino en América Latina –especialmente en Argentina, Brasil, Chile y México–, nuestro país tiene una oportunidad real de convertirse en un líder regional, al aprovechar su extensa costa y avanzar en sus objetivos climáticos.

La reciente incorporación de Chile a la Alianza Global para la Energía Eólica Marina muestra un potencial de avance, ya que el país se prepara actualmente para presentar su plan actualizado de energía limpia –también conocido como NDC–, en el marco del Acuerdo de París, con fecha límite en septiembre de 2025.

Sernapesca descarta denuncias por abusos de la Ley Lafkenche

Mientras avanza en el Senado una reforma a la Ley Lafkenche promovida por parlamentarios de distintos sectores y respaldada por representantes de la industria salmonera, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) confirmó –mediante documento oficial al que accedió Juego Limpio– que no existen denuncias ni infracciones formales registradas por abusos cometidos por comunidades indígenas bajo esta legislación, desde su promulgación en 2008.

Denuncias de esta naturaleza volvieron a ocupar titulares en el marco del debate presidencial organizado por la industria del salmón –Salmon Summit–, en el que participaron Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Jeannette Jara. En la oportunidad se insistió en que la ley, que protege los derechos de pueblos originarios sobre espacios costeros, estaría siendo usada para extorsionar, cobrar peajes ilegales o bloquear actividades productivas.

• El documento oficial de Sernapesca descarta, no obstante, tales acusaciones, al sostener que no existen causas registradas sobre extorsiones, bloqueos del libre tránsito marítimo o impedimento de usos reconocidos en los Planes de Administración de los ECMPO (Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios).

El pronunciamiento, fechado el 11 de marzo de 2025 y firmado por el subdirector (s) de Pesquerías, Carlos Padilla Vilches, da cuenta de la inexistencia total de casos registrados en el Sistema de Seguimiento de Causas (SSEC) relativas a infracciones cometidas en Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).

La consulta –ingresada a través del Sistema de Información y Atención Ciudadana (SIAC)– requería datos detallados sobre denuncias, infractores, ubicación geográfica, descripciones de infracciones, como impedimentos de acceso o cobros indebidos, así como la existencia de procedimientos sancionatorios o sanciones aplicadas.

• La respuesta fue categórica: no existen antecedentes en los registros institucionales.

Visto desde el lado ambiental, el debate se estaría construyendo sobre una narrativa promovida desde gremios productivos y medios especializados en acuicultura. “Se repite en congresos de salmonicultura, medios de la industria, e incluso en comisiones del Estado, pero nunca hay pruebas, ni denuncias formales, ni sanciones”, afirmó Felipe Guerra, abogado del Observatorio Ciudadano.

A esto se suma una segunda preocupación: el proceso de reforma se ha llevado a cabo sin consulta previa a los pueblos originarios, lo que constituiría una violación del Convenio 169 de la OIT. El punto es que modificar una ley que protege derechos indígenas sin su participación es un incumplimiento legal.

Con la votación pendiente en la Sala del Senado, el debate sobre la Ley Lafkenche se ha transformado en un espejo del conflicto de fondo: el uso político de la “eficiencia normativa”.

Breves medioambientales que sí importan

Chile refuerza liderazgo ambiental en Comité Permanente de la Convención Ramsar

En el marco de la COP15 celebrada en Zimbabue, Chile fue elegido como miembro del Comité Permanente de la Convención Ramsar sobre humedales, reafirmando su compromiso internacional con la protección de estos ecosistemas clave.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que esta elección consolida el liderazgo climático del país y anunció la postulación de una red de humedales costeros de Atacama como sitios Ramsar. El canciller Alberto van Klaveren, por su parte, valoró la elección como un reflejo del compromiso chileno frente a la crisis climática y de biodiversidad. Con 16 sitios Ramsar y una activa trayectoria en conservación, Chile fortalece así su papel en la gobernanza ambiental global.

Oceana alerta por alza de antibióticos en salmonicultura chilena

La organización Oceana advirtió sobre el aumento sostenido en el uso de antibióticos en la salmonicultura nacional, según el último informe de Sernapesca, que reveló un incremento del 10,8% en 2024 respecto al año anterior. Para producir poco más de 1 millón de toneladas de salmón, se utilizaron 351 toneladas de antibióticos, alcanzando un índice de 340 gramos por tonelada.

Oceana cuestionó la falta de avances reales desde 2018 y alertó por el riesgo sanitario y ambiental que implica esta práctica. Invermar, Multi-X y Yadran lideraron el uso por tonelada producida, con diferencias de hasta 44 veces entre empresas. El uso excesivo de estos fármacos, advierte la ONG, favorece la proliferación de bacterias resistentes que amenazan la salud humana y los ecosistemas marinos.

Capacidad renovable global rompe récord en 2024

Según el informe anual de IRENA, en 2024 las adiciones globales de capacidad de energía renovable alcanzaron un récord histórico de 582 GW, marcando un aumento del 19,8% respecto a 2023 y la mayor expansión anual desde el año 2000. Las energías renovables se consolidaron como la fuente más competitiva en costos, con el 91% de los nuevos proyectos siendo más barato que sus equivalentes fósiles.

Las energías solar y eólica ya representan el 46,4% de la capacidad instalada mundial, desbancando al carbón y al gas en grandes economías como China, Estados Unidos y la Unión Europea. Estos avances han sido clave para reducir emisiones globales y fueron destacados por el secretario general de la ONU en su último discurso climático.

Movimientos globales se preparan para movilizaciones masivas en septiembre

Desde el 15 al 28 de septiembre de 2025, miles de personas en todo el mundo se movilizarán en ciudades y comunidades para exigir justicia climática, equidad y una transición justa hacia energías renovables, en el marco de las jornadas globales de acción “Draw the Line”. Convocada por redes como 350.org, CAN-International y War on Want, la campaña unirá a trabajadores, jóvenes, pueblos indígenas y organizaciones sociales en manifestaciones, marchas, intervenciones artísticas y acciones simbólicas.

La ola de movilizaciones, que alcanzará su punto máximo entre el 19 y el 21 de septiembre, busca presionar a los líderes mundiales antes de la COP30 en Brasil, con demandas como el abandono de los combustibles fósiles, financiamiento climático para el Sur Global y la defensa de los derechos humanos frente a la crisis climática.

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