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Es primera vez que hay un documento que lo vincule directamente con el caso de platas políticas

Caso SQM y el karma de la Nueva Mayoría: la nueva arista que muestra que todos los caminos conducen a Julio Ponce

por 3 agosto, 2017

Caso SQM y el karma de la Nueva Mayoría: la nueva arista que muestra que todos los caminos conducen a Julio Ponce
La revelación el viernes pasado de correos que conectan a militantes de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista con asesores directos de Julio Ponce Lerou, incluyendo al PS Hernán Contreras y al lobbista Darío Calderón, acaba de abrir una arista del caso SQM. Si la Fiscalía ausculta el entramado de influencias que podría haber tras dichos intercambios, diputados de ambos partidos podrían tener que dar explicaciones ante el organismo persecutor.
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Julio Ponce Lerou quedará marcado en la historia reciente. Ex yerno de Augusto Pinochet, condujo la cuestionada privatización de SQM en los años 80 del pasado siglo y luego impulsó su crecimiento y transformación en una de las compañías mineras más relevantes en su rubro.

Sin embargo, el estallido del caso Cascadas en 2013, la aparición de financiamiento ilegal por parte de SQM a la política al año siguiente y una dura disputa con el Estado, representado por Corfo, lo mantiene en el ojo del huracán, aunque hasta hoy sin poner frente a la Fiscalía al carismático empresario.

Desde que, en septiembre de 2013, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) le formulara cargos junto a su círculo de hierro, Ponce ha desplegado una alambicada estrategia de defensa y ataque sobre las instancias del Estado que lo persiguen, valiéndose para ello de todas sus vinculaciones con la política, en particular, con su llegada a militantes y cercanos a la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Socialista (PS), para intentar revertir su negativo escenario. Aunque esa vinculación siempre ha sido indirecta, por medio de SQM, particularmente a través del que fuera su gerente general hasta 2015, Patricio Contesse.

A raíz del caso Cascada, la autoridad lo sancionó con US$ 70 millones en multas por operaciones bursátiles realizadas entre 2009 y 2011, donde habrían sido actores funcionales al “esquema” las corredoras de Bolsa LarrainVial y Banchile, el socio de la primera, Leonidas Vial, y una serie de directores y ejecutivos cercanos a Ponce.

Fue el 10 de octubre de 2013, apenas un mes después de conocer las acusaciones de la entidad que dirigía en ese momento Fernando Coloma, que Ponce ubicó a un hombre clave en el directorio de la sociedad Norte Grande, controladora de Oro Blanco, la que a su vez maneja Pampa Calichera, que participa directamente en SQM: Hernán Contreras Molina, abogado, militante del Partido Socialista, en reemplazo justamente de otro PS, Osvaldo Puccio, ex vocero de Gobierno.

La llegada a Norte Grande de Contreras no era casualidad. Desde un principio el objetivo de Ponce fue dilatar al máximo el proceso administrativo en la SVS, apostando a que un cambio de Gobierno (seis meses después, en marzo de 2014) le sería más favorable, dados sus vínculos con personeros de la coalición que en ese momento buscaban la elección de Bachelet para su segundo período al frente del país. La posterior revelación de boletas falsas emitidas a Giorgio Martelli por SQM y sociedades relacionadas, claves en la precampaña de Bachelet, explicarían su visión.

Jugando un rol clave en el caso, diputados de la DC consiguieron la creación de una comisión investigadora del caso Cascadas y de inmediato comenzó la rueda de ataques a la SVS y el Gobierno de Piñera.

Mientras la defensa de Ponce libraba dura batalla con la SVS, dilatando el procedimiento, desde el Congreso se desplegaba una profusa campaña de parlamentarios que, extrañamente para muchos, defendían a Ponce o atacaban a Piñera, acusándolo de ser parte de una campaña para perjudicar al primero e involucrar al segundo, sin escandalizarse por la conducta de Ponce. Este mismo dijo en su momento que sin Piñera no habría caso Cascadas.

Los primeros meses, desde el estallido del escándalo, adquirieron rápidamente una alta tensión entre Ponce y el regulador.

En paralelo, la DC ya manejaba el escenario que se venía. En noviembre de 2013, en las filas democratacristianas se debatía intensamente en qué momento pedir la comisión investigadora, aunque la medida era cuestión de tiempo. Desde el interior del partido se indicaba que el entonces diputado Jorge Burgos ponía paños fríos para darse más tiempo en dicha decisión, mientras era Roberto León quien más presionaba por avanzar en esa línea, según confirmó un parlamentario que siguió de cerca el caso.

Recién en mayo de 2014 concretarían la indagatoria –luego del receso de verano y tras la finalización, en el último trimestre de 2013, del análisis del caso en la comisión de Trabajo de la Cámara–, que terminó sin resultados determinantes, excepto estimaciones de pérdidas para las fondos de pensiones, elaboradas por las AFP y consolidadas e informadas por la Superintendencia de Pensiones. Esto, no sin antes anunciar los requerimientos de información a la SVS sobre Piñera a fines de enero de 2014, en los días en que Saavedra y Contreras intercambiaban correos.

Las revelaciones de La Tercera, la semana pasada, de correos entre Hernán Contreras y el asesor de la bancada DC, Antonio Saavedra –ex asesor de Gabriel Silber, otro de los participantes en el origen de la comisión investigadora– y de otras comunicaciones entre el lobbista de Ponce, Darío Calderón, y el empresario, confirman que la actuación de parlamentarios de la Nueva Mayoría, en favor de Ponce y en contra del entonces Presidente Sebastián Piñera, tenían un hilo más grueso que cortar.

Los correos vendrían a confirmar lo que muchos sospechaban: que Ponce parece haber tenido desplegada al interior de la DC y el PS una serie de tentáculos que bien podrían ser la última pieza del armado que él dispuso para defenderse de los cargos.

El testimonio de Antonio Saavedra Veas –el ex asesor de la bancada de diputados de la DC– ante la Fiscalía, revelado por La Tercera, confirma que tenía intercambios con Hernán Contreras en los meses previos a que, en mayo de 2014, se aprobara la comisión investigadora y con distintas actuaciones de parlamentarios ante organismos públicos, siguiendo la línea de Ponce y contra Piñera.

Por ello, el diputado Nicolás Monckeberg indicó que acudirá al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a denunciar el caso.

Lo cierto es que Contreras fue puesto por Ponce Lerou en Norte Grande un mes después que la SVS lo acusara a él de liderar un esquema de operaciones al margen de la ley, donde durante casi tres años habría manipulado la normativa de la bolsa para pasar por competitivas transacciones preacordadas.

En privado, cercanos al empresario advertían que apostaban sus fichas a que las multas fueran ratificadas por un nuevo SVS, creyendo que Fernando Coloma era digitado por Piñera, que arrastra una larga disputa con el empresario, pues en el pasado tuvo importantes inversiones en las Cascadas y vendió gran parte de sus papeles justo antes de que dichas sociedades comenzaran a subir en la bolsa. Como Piñera no sabe perder, insistía Ponce, lo perseguía.

Y las redes de Piñera estuvieron en el caso. Como reveló Qué Pasa, uno de los más cercanos al ex Mandatario, José Cox, lidió entre Ponce y Moneda Asset, el fondo rodeado de empresarios y economistas cercanos a Piñera –Juan Luis Rivera, entre ellos, que fue director en las cascadas por el hoy abanderado presidencial de Chile Vamos– que se vio perjudicado por las operaciones de Ponce y un activo Leonidas Vial.

Y porque, hasta esa fecha, las acciones que no vendió en 2008 Piñera en las cascadas seguían allí, aunque ahora gestionadas por Moneda como parte de su fideicomiso ciego, como lo describe un largo y pormenorizado relato de Patricio Phillips, cercano a Ponce, ante la propia comisión investigadora (ver página 33) y donde incluso detalla una historia que vincula al ex Jefe de Estado con el caso, a propósito de una celebración con la familia Cueto, acusaciones frente a las cuales Piñera jamás se ha querellado.

Próximo Gobierno

Sin embargo, definitivamente Ponce apuntaba al Gobierno de Bachelet y al nuevo SVS, que finalmente fue Carlos Pavez, quien no correspondió a la confianza y al que la defensa del empresario ha venido enfrentando en todas las instancias judiciales posibles, donde la superintendencia es representada por el CDE. En el camino, según revelan ahora los correos, Ponce tenía una máquina aceitada en la Cámara.

Roberto León, que hasta ahora ha negado cualquier acto de cohecho relativo a las boletas por casi $ 130 millones emitidas por su hijo a SQM, fue el primero en enviar oficios a la Superintendencia de Valores y Seguros, con detalladas consultas sobre parte de los cargos a Ponce, pero en particular requiriendo información acerca de sociedades de inversión de Piñera, justamente las que vendieron sus papeles en 2008 a Ponce. Durante la comisión, que comienza en junio de 2014, León tiene intervenciones intensas, como recordó The Clinic en 2015.

Asimismo lo hicieron Gabriel Silber y Ricardo Rincón, este último enfrentado en estos días a una dura contingencia política en la DC y que participó activamente en la comisión investigadora, aunque también cuestionó abiertamente a la SVS en octubre de 2014, cuando sancionó a Ponce, asegurando que las multas eran exageradas.

Silber, además, tiene larga relación con Antonio Saavedra, pues ha sido su asesor, quien es conocido por importantes montos en asesorías a parlamentarios.

Los correos develados por La Tercera confirman que el PS Hernán Contreras –desde octubre de 2013 director de Norte Grande– no solo enviaba los oficios que después los diputados DC ingresaban a la SVS, sino que también el propio Saavedra luego le informaba de vuelta de las gestiones realizadas y le copiaba lo ingresado por Rincón y Silber. Al menos hasta ahora no se conocen correos triangulados con Contreras que llegaran a él.

Las fechas coinciden además con correos enviados por Darío Calderón –el lobbista del círculo de hierro de Julio Ponce–al ahora ex presidente de SQM, informándole de las gestiones obtenidas por los diputados DC.

Pero el PS muestra asimismo afinidad parlamentaria con Ponce en la comisión. Marcelo Schilling fue clave en las primeras instancias, con encendidas intervenciones contra la SVS. Y Osvaldo Andrade, según revelan los medios, cercano a Hernán Contreras, también.

No son las únicas vinculaciones de Ponce con el PS y la DC.  Calderón es cercano a Dieter Linneberg, el ex director del Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile. Desde allí el economista coordinó un estudio para LarrainVial con colegas de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile, que luego fue presentado por la defensa de la corredora ante la SVS y que aseguraba que no había ilegalidades en las operaciones cascadas. También hizo un estudio para Moneda, del otro bando, pero nunca se conoció, aunque cercanos dicen que favorecía a Ponce y que al presidente de Moneda, Pablo Echeverría, no le gustó.

Todos esos trabajos los realizó mientras el presidente del Centro era Álvaro Clarke, militante histórico DC, ex subsecretario de Hacienda y ex titular de la SVS, donde trabajó con Linneberg. Clarke, de hecho, también hizo un informe en el caso Cascadas, respaldando la posición, coincidentemente, de LarrainVial, enfrentando así la tesis de la Superintendencia de Valores que rompió todos los paradigmas de fiscalización de operaciones en la bolsa. Esto, pese a que la clasificadora de riesgos que preside, ICR, ya clasificaba a varios fondos gestionados por LarrainVial.

Incluso, el vínculo con Calderón de Linneberg llega a quien fuera un personaje clave en el caso Cascadas. Hugo Caneo era el jefe de cumplimiento de mercado de la SVS cuando estalló el escándalo y al momento de abandonar la SVS, en abril de 2014, comenzó a trabajar con Linneberg y, poco después, se fue a trabajar a las oficinas de Calderón, lugar que hace unos meses dejó, manteniéndose ahora al frente del Centro de Gobiernos de la Chile, del cual Linneberg salió cuestionado. Caneo, Clarke y Linneberg, además, asesoraron a CorpBanca en el proceso de fusión con Itaú, de cuyo controlador en ese momento, Álvaro Saieh, Calderón es asesor de tanta confianza como con Ponce.

Este medio reveló de igual modo, recientemente, las inconsistencias entre la llegada de Linneberg, como director independiente, a la mesa de SQM en abril de 2015 con los votos de Ponce, solo meses después de haber firmado una asesoría a la misma firma y existiendo otro contrato por un estudio llamado Caso Cascadas, fechado en mayo de 2013, pese a que el escándalo se conoció recién en septiembre de ese año.

Las redes de Linneberg y Clarke en la DC son profundas. Juntos trabajaron en la Ley de OPA a comienzos de la década pasada, generada a partir del caso Chispas, y fueron precursores en las leyes de Mercado de Capitales que impulsaron el crecimiento y desarrollo del sistema financiero local. Unidos también cuestionaron duramente al actual Gobierno a propósito de las reformas tributaria y educacional, junto a un grupo de dirigentes, entre ellos, Mariana Aylwin, y realizan distintas labores en espacios públicos y privados, asesorando a entidades de Gobierno, por un lado, y a empresas privadas, por otro, en labores que no siempre son conocidas.

Juntos, pero no revueltos, también asesoraron a LarrainVial. Mientras Dieter coordinaba el estudio que usó la corredora ante la superintendencia y que Ricardo Rincón citaba en La Segunda para cuestionar a la autoridad, Álvaro Clarke elaboraba otro informe a la misma corredora, que defendía la tesis de la misma.

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