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INAPI frena intento privado de apropiarse de marca “Isla de Pascua” y abre debate sobre patrimonio
El Tribunal de Propiedad Industrial rechazó el intento de una empresa ariqueña de registrar la marca “Isla de Pascua” tras la defensa de la Municipalidad Rapa Nui. El fallo evita un uso monopólico del nombre y refuerza la urgencia de proteger denominaciones ligadas a identidad y patrimonio cultural.
En un caso que marca precedente en la defensa del patrimonio cultural chileno, el abogado Gonzalo Sánchez Serrano —en representación de la Municipalidad de Isla de Pascua— logró frenar el intento de la empresa ariqueña Comercial Import & Export Personna Ltda. de registrar como marca la expresión “Isla de Pascua”. La operación, de haber prosperado, habría permitido a un privado reclamar uso exclusivo del nombre y, en la práctica, impedir incluso a los habitantes de Rapa Nui comercializar productos emblemáticos como el atún local. “Era simplemente inaceptable”, señala Sánchez.
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) rechazó la solicitud al amparo del artículo 20 letra f de la Ley 19.039, que prohíbe registrar como marca indicaciones geográficas o denominaciones de origen vinculadas a un territorio. La empresa apeló, pero el Tribunal de Propiedad Industrial confirmó el fallo, cerrando la puerta a cualquier intento de monopolizar un nombre cuya relevancia cultural trasciende lo comercial.
El resultado se suma al trabajo impulsado por Gonzalo Sánchez, abogado y presidente de la Corporación “Hacer Chile”, y la activista Janette von Wolfersdorff para proteger denominaciones asociadas a comunidades locales. Rapa Nui, explican, tiene un fuerte vínculo identitario con su nombre, y permitir su apropiación privada habría sentado un precedente riesgoso.
Von Wolfersdorff destaca que el caso debe motivar a otras comunidades a usar las herramientas de la Ley 19.039 para resguardar sus territorios y oficios: desde las mantas de Doñihue y las artesanías de Pomaire y Quinchamalí, hasta la langosta de Juan Fernández. La disputa, dicen, no es solo legal: es una defensa de la memoria y la autenticidad cultural del país.
