Una lógica que resulta difícil de explicar está usando el Servicio de Impuestos Internos (SII) a la hora de fijar la nómina de Grandes Contribuyentes. Desde que Michel Jorratt asumió la dirección del SII –marzo de 2014– se ha ampliado en 120 el número de sociedades o personas naturales fiscalizadas por esta dirección, que llega a un total de 1.638 pagadores de impuestos.
De acuerdo a lo señalado por la oficina de comunicaciones del SII, 142 contribuyentes han sido incorporados y 22 excluidos durante el gobierno de Bachelet. También se explicó que “se ha considerado pertinente aglutinar tanto a personas como sociedades relacionadas con algunas situaciones de público conocimiento. Actualmente la nómina está compuesta por 1.638 contribuyentes, 41 personas naturales y 1.597 sociedades”.
Hasta ahí, hay un hilo conductor. Sin embargo, cuando se revisan las 41 personas que forman parte de este grupo selecto, prácticamente la totalidad –con la excepción de un individuo– corresponde a nombres que fueron sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) durante el año pasado a raíz del Caso Cascadas o a familiares o relacionados a éstos. Figuran, así, Julio Ponce, los hijos de éste, y su hermano Eugenio, además de Leonidas Vial y su hermano Manuel José, junto con Roberto Guzmán, Patricio Phillips, Felipe García-Huidobro, Canio Corbo, Aldo Motta, Patricio Contesse, Manuel Bulnes, Fabián Godoy, Alberto Le Blanc, George Le Blanc, y Nicolás Larraín, entre otros.
La decisión de incluir a todas las sociedades y relacionados con el Caso Cascadas se hizo pública mediante la resolución complementaria n.° 109 que fue emitida por el SII el 11 de diciembre del año pasado e informada por este medio el 29 de diciembre de 2014.
Sin embargo, esta medida no deja de llamar la atención cuando se tiene la información completa, pues hasta ahora no hay ninguna acción legal que el Servicio haya emprendido contra los controladores de las Cascadas y personas vinculadas a ellos. Y si el SII estuviera investigando una iniciativa de este tipo debería estar alojada en la subdirección jurídica, que es la encargada de perseguir los delitos tributarios, explican fuentes que conocen la mecánica interna del Servicio.
En segundo término, porque ha habido otros casos de “público conocimiento” que sí han terminado en acciones legales por presuntos delitos tributarios y, no obstante, sus protagonistas no se encuentran como personas naturales en el listado de Grandes Contribuyentes, si la razón de fondo del Servicio es querer llevar una fiscalización más especializada.
Por ejemplo: el 15 de diciembre, el subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, presentó una querella criminal contra Gabriel Ossandón, María Soledad Larraín y los hermanos Bernardo, Gabriel y María Teresa Ossandón Larraín, quienes habrían causado un perjuicio fiscal en el Impuesto de Primera Categoría de $ 62 mil millones.
Tampoco se encuentran en la nómina como personas naturales los ex controladores de Johnson’s, Maxo y Alberto Calderón, quienes fueron denunciados por el servicio en mayo de 2014 como presuntos autores de delitos tributarios que, mediante el uso irregular del beneficio del artículo 14 bis de la Ley de Impuesto a la Renta, habrían evadido el pago de al menos US$ 22,3 millones.
Los otros que no figuran son los socios fundadores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, pese a que en agosto el SII presentó en la Fiscalía Metropolitana Oriente del Ministerio Público, una denuncia criminal en contra de ellos para que se les investigue como presuntos autores de delito tributario, por la utilización indebida de boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada, de la que son sus representantes.
Mecánica de la Nómima
De acuerdo a lo explicado por el SII, el listado de Grandes Contribuyentes se revisa y actualiza una vez al año en el mes de diciembre. “Este proceso fija la nómina y establece aquellos contribuyentes que se incorporan, que se mantienen o dejan de pertenecer. Además, durante el año, existen contribuyentes que solicitan su incorporación o exclusión, o se determina la necesidad de incorporar a otros (debido a reorganizaciones empresariales, por ejemplo), casos en los que se emite una Resolución complementaria (a la de diciembre), que ‘agrega’ a la nómina los contribuyentes que allí se señalan”.
A algunos abogados tributarios les llamó la atención que se hubiera incorporado a sociedades de inversión sin facturación –una de las condiciones es tener ingresos o facturación por 90.000 UTA–, sin embargo, en el SII explican que seguramente cumplen con otros requisitos, como son: contar con un Capital Propio Tributario igual o superior a 110.000 UTA, o ser propietarios, en forma directa o indirecta, de un 20 % o más del capital de otras empresas, o que mantengan una relación patrimonial, de control o de administración, directa o indirecta, o mantengan interés económico, con contribuyentes que cumplan con alguno de los criterios de inclusión, tratarse de Sociedades Plataforma de Inversión, u otras.
De esta manera, los 1.638 contribuyentes quedan a cargo de la Dirección de Grandes Contribuyentes que cuenta con aproximadamente 126 fiscalizadores, quienes se distribuyen en dos áreas: Facilitación y Fiscalización. Es decir, cada fiscalizador tiene a su cargo a alrededor de 13 contribuyentes, grosso modo.
La primera –la de Facilitación– se dedica a resolver procesos transversales de cualquier contribuyente que pertenece a la nómina. ¿Por ejemplo? Peticiones administrativas, como son las devoluciones o las presentaciones; observaciones de renta, IVA y solicitudes de IVA exportador.
En tanto que el área de Fiscalización se compone de 3 departamentos: Grandes Contribuyentes Nacionales, Grandes Contribuyentes Internacionales y Comercio Exterior, y una Oficina para Regímenes Especiales, los que están organizados por grupos sobre los que se distribuye la nómina, de acuerdo a la actividad económica del contribuyente: Retail , Banca, Minería, Forestal e Industria, entre otros.
