Cinco integrantes de la familia Ossandón Larraín fueron formalizados ayer por delito tributario que, de acuerdo a las estimaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), llegaría a una defraudación de $100 mil millones.
El fiscal José Antonio Villalobos expuso, ante el 4º Juzgado de Garantía, que María Soledad Larraín Troncoso y Gabriel Ossandón Valdés, junto a sus hijos Bernardo, María Teresa y Gabriel, habrían presentado declaraciones maliciosamente falsas de manera reiterada.
El tribunal decretó arraigo nacional para la familia y la obligación de ir a firmar una vez al mes a la comisaría de La Reina, al tiempo que le dio a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente 90 días para investigar en primera instancia los hechos denunciados por el SII en diciembre del año pasado.
En esta formalización hay dos grandes ausentes: Soledad Ossandón Larraín, quien no está habilitada para comparecer en un juicio, y Manuel Ossandón Larraín, quien es el hijo que expuso las irregularidades tanto ante tribunales como ante el SII que había cometido su familia en un intento por recuperar el dinero heredado de su abuelo y que fue transferido a sociedades sobre las cuales no tenía poder de decisión.
Hace seis días, el viernes 27 de marzo, Manuel Ossandón y su señora, Sara Bustamante, hicieron llegar una carta al Fiscal Regional Centro Norte, Andrés Montes, con copia al Fiscal Nacional Sabas Chahuán. En ella expresan su “profundo malestar con el servicio que dirige”, debido a la lentitud con que la fiscal Macarena Cañas tramita otras dos causas que tienen su origen en este mismo conflicto. Una de ellas ya fue sobreseída en enero y en la otra habría –según ellos– una serie de omisiones.
La frustración de la pareja se vuelve mayor aun cuando compara el resultado de la investigación de la Fiscalía Centro Norte con la de Las Condes, donde se acoge la tesis del SII, que es muy similar a la planteada por Manuel Ossandón en estos otros dos casos.
Los fundamentos del malestar
Manuel Ossandón y Sara Bustamante señalan que la investigación en la Fiscalía Regional Norte se abrió en septiembre de 2011. Sin embargo, los imputados recién fueron citados a declarar en 2014, dos años y medio después de interpuesta la querella.
Indican que cuando se cerró la investigación pudieron acceder a la carpeta investigativa, donde figuraba un informe de diciembre de 2012, preparado por la Unidad Especializada en Lavado de dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO), donde se analizaba el delito de apropiación indebida imputado a Bernardo Ossandón y Rodrigo Ruiz-Tagle.
De acuerdo a lo que se desprende de la carta, este informe le daría la razón a las denuncias de Manuel Ossandón en el sentido de que Bernardo faltó a sus deberes fiduciarios y que llevó a cabo acciones para “desposeer a Manuel, privarlo de la administración de sus bienes y reunir en una sola mano la fortuna familiar para mantenerla segura para las generaciones futuras”.
Además, esta unidad habría sugerido una serie de diligencias a la fiscal Cañas, las cuales no se hicieron, salvo el tomar declaraciones a Ruiz-Tagle, Bernardo Ossandón y familiares directos, en abril de 2014. “Ello es de absoluta relevancia porque una de las razones por las cuales se sobreseyó la causa RUC No. 1110027448-7 fue la prescripción, y en concepto de los imputados, a la fecha en que se tomaron dichas declaraciones varios delitos ya estarían prescritos”.
Más allá de esto, también se quejan de que la fiscal Cañas nunca solicitó una serie de diligencias que de manera reiterada los abogados de la parte querellante insistieron en que había que realizar. Tampoco la fiscal contestó ninguno de los correos que Manuel Ossandón y Sara Bustamante le enviaron en calidad de “víctimas”.
Asimismo, indican que les preocupa que desde que se decidió desagrupar la causa, la fiscal no ha decretado ninguna diligencia en seis meses.
“Nos hemos enterado por la prensa de que la Fiscalía de Las Condes ha decidido formalizar a Bernardo Ossandón Larraín y otros integrantes de nuestra familia, y que parte de los hechos que fueron objeto de la investigación de la fiscal Cañas forman parte de los delitos que darán lugar a la audiencia de formalización a realizarse el próximo 31 de marzo. Hacemos presente que la formalización tiene como origen una querella por delito tributario presentado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en diciembre de 2014. Es decir, en menos de tres meses, la Fiscalía de Las Condes ha sido capaz de investigar los delitos y formalizar por hechos que estuvieron en conocimiento de la fiscal Cañas por más de 3 años”.
Y la carta continúa de manera intensa con su cuestionamiento: “Es importante destacar que la querella del SII da cuenta de una serie de actos de desplazamiento patrimonial efectuados, principalmente por Bernardo Ossandón, los cuales concluyeron con el traspaso de un patrimonio millonario a Real State Golden Investments Inc., y en definitiva, a la fundación de interés privado panameña denominada 'Fundación Educacional BLV'. Aquellos traspasos que para el SII constituyen una evasión en el pago de impuestos constitutiva de delitos, son exactamente los mismos que privaron a estos querellantes de su patrimonio”, concluyen.
De ahí que le dejan lanzada a la Fiscalía Centro Norte la siguiente pregunta: “¿Si para la fiscal Cañas y vuestra fiscalía, los hechos presentados en la querella no fueron probados durante más de tres años de investigación, cómo es posible que en tres meses otros fiscales los tengan por acreditados?”.
Finalmente, tanto Manuel Ossandón como Sara Bustamante solicitan al fiscal Montes una entrevista, “ya que nos sentimos absolutamente desamparados por la actitud de la referida fiscal (Cañas)”.
