El proyecto pretende poner a disposición, en un sólo lugar, toda la información testimonial y jurídica que recopilaron de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, además de convertirse en un centro de conservación de la memoria. Esta semana se conformaría una mesa de trabajo con representantes de tres ministerios.
Después de un 2003 centrado en las conmemoraciones de los 30 años del golpe de Estado, todo lo referente a los derechos humanos (DDHH) parecía retirarse de la esfera pública y quedar casi exclusivamente en manos de la justicia. Sin embargo, las agrupaciones históricas dedicadas a la materia pretenden que los crímenes cometidos durante la dictadura queden fijados en el patrimonio nacional y hoy buscan el apoyo del Estado para la constitución de un Museo de la Memoria.
Desde hace un mes la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afdd), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee), la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la productora Nueva Imagen, con su archivo Teleanálisis, suman fuerza para la creación de un museo en que se expongan diversos materiales y documentos de los archivos que el año pasado la Unesco
reconoció como Patrimonio Documental de la Humanidad.
Si bien la iniciativa aun se encuentra a nivel de proyecto, las organizaciones ya han solicitado al Ministerio de Bienes Nacionales un inmueble en comodato para instalar el museo, logrando de hecho un principio de acuerdo para ocupar el llamado Palacio Álamos, ubicado en la intersección de las calles Bulnes con San Antonio, en el casquete antiguo de Santiago.
El próximo paso es la implementación de una mesa de trabajo que reúna tanto las agrupaciones comprometidas como a representantes de diferentes ministerios, logrando en inicio un apoyo político del gobierno al proyecto y en adelante un respaldo financiero. Según explicó a El Mostrador.cl Víctor Espinoza de Codepu, quien ha asumido la coordinación del proyecto, se han enviado invitaciones para participar en la instancia a los ministros de Educación, Cultura, Obras Públicas y a la directora del Archivo Nacional. La primera cita se llevaría a cabo el próximo jueves 29 de julio en la oficina del seremi de Bienes Nacionales, Víctor Manuel González.
El impulso de la Unesco
Para los organismos comprometidos en el proyecto, la idea de un museo era una anhelo que se arrastra de hace años. No obstante, la iniciativa toma fuerza y consistencia después que el año pasado la Unesco declaró Patrimonio Documental de la Humanidad el archivo de DDHH chileno, dado que junto con el reconocimiento se pide al Estado conservar y hacer accesibles a la comunidad internacional los documentos. Tarea que hoy coordina el Archivo Nacional.
El archivo reconocido por la Unesco incluye registros escritos, audiovisuales y jurídicos, recopilados entre 1974 y 1990, de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, recopilados en su momento por los organismos que patrocinan este proyecto, pero también por la Fundación de Archivos de la Vicaría de la Solidaridad y la Corporación Justicia y Democracia.
Si bien el Museo de la Memoria pretende exponer tal archivo, también busca "generar un espacio para la promoción de los Derechos Humanos y la memoria", como señala Víctor Espinoza. De hecho, el proyecto que fue entregado por las agrupaciones a Bienes Nacionales para pedir un inmueble, señala como uno de los objetivos: "Instalar un espacio de los DDHH, a partir del cual se desarrollarán diversos y permanentes programas de educación y promoción de estos derechos, a través de la realización de escuelas, talleres y eventos culturales en esta materia".
En esa línea, el Museo de la Memoria tendría entonces el archivo organizado y en condiciones para su conservación y consulta, de las agrupaciones que promueven la idea, pero además sería un espacio con características museísticas clásicas. Es así que el proyecto tiene como antecedente directo la muestra realizada entre agosto y octubre del año pasado en el Museo Salvador Allende,
con motivo de los 30 años del golpe, la que incluyó fotografías, dibujos, oleos e instalaciones relacionadas en alguna forma con el tema de la violación a los DDHH.
Las obligaciones del Estado
Según Espinoza, hasta ahora el proyecto ha tenido una buena acogida entre las autoridades políticas. "Cuando hemos hablado con las autoridades políticas encontramos muy buena recepción de las propias autoridades y de los mandos medios. Hay mucho apoyo a esta iniciativa", plantea, aunque reconoce que la respuesta oficial del gobierno aun no está dada.
De tal respuesta, que una primera letra estará dada por la constitución de la mesa de trabajo, depende la entrega del Palacio Álamo y también la posibilidad de acceder a un financiamiento para instalar el museo. En todo caso, para Espinoza hoy las condiciones parecen estar a favor de las agrupaciones.
"No sólo por estas situaciones coyunturales del año pasado, de los 30 años del golpe militar; no sólo porque estamos terminando la década en educación en DDHH, de Naciones Unidas, y donde el gobierno no ha hecho mucho, sino porque justamente esta es una muy buena vía para promover los derechos fundamentales. Pero lo más importante es la obligación que le cabe al gobierno de Chile de hacerse cargo del archivo", plantea Espinoza.
En ese sentido, el representante de Codepu añade que en el mundo entero la situación del trabajo por la promoción por los DDHH descansa fundamentalmente en un sistema de confianzas, pero que en este caso el gobierno chileno tiene "compromisos internacionales". En otro sentido, agrega que habría que tomar en cuenta el gesto de los organismos de entregar sus archivos a un nuevo propietario, pues de hecho el museo necesitará la creación de una corporación que aúne a todos los grupos.
"La idea es tener un lugar de la memoria, donde se quiere dejar como huella una fuente primaria de esta memoria para las futuras generaciones. Necesitan conocer el impacto que tuvo en las personas los crímenes que se cometieron en el país y eso no existe. Sólo están nuestros organismos que finalmente son muy precarios", señala Espinoza, profundizando en el proyecto.
2005: el año para un archivo completo
En todo caso, aunque el Museo de la Memoria cuente con el apoyo del gobierno en un plazo cercano, el proyecto es necesariamente a largo plazo pues el archivo de las agrupaciones debe aun ser organizado. De hecho, desde el año pasado la Dirección de Archivos Bibliotecas y Museos, a través del Archivo Nacional, trabaja con las grupos incluidos en el reconocimiento de la Unesco para ordenar los documentos.
Actualmente el Archivo Nacional maneja un Plan de Gestión de los Archivos de Derechos Humanos que se pone un plazo de cinco años para organizar todos los documentos, los que según reconoce la directora del organismo, María Eugenia Barrientos, se encuentran en mal estado. Básicamente porque fueron recopilados con intenciones coyunturales y nunca pensados para ser preservados.
Apunta, en todo caso, que el trabajo con las agrupaciones involucradas ha avanzado rápidamente. El plan de gestión incluye cursos para representantes de los organismos de DDHH en las siguientes materias: conservación preventiva y restauración; sistemas y programas informáticos; construcción de estándares para la clasificación de los documentos; seminarios internacionales para la configuración de redes. Todo con un costo de US$51.300 anuales, los que en todo caso, ya estarían financiados.
A un plazo menor y en forma paralela a la creación Museo de la Memoria, el Archivo Nacional ya trabaja en un censo de al menos 26 archivos generados y/o conservados por organizaciones de DDHH que funcionaron en Chile, entre 1973 y 1990. Es así que en marzo de 2005 podría conocerse en detalle el estado, ubicación y el tipo de los documentos que dan cuenta de una cara aún parcial de la dictadura.
Artículos relacionados:
Archivo de DDHH es Patrimonio Documental de Unesco (29 de agosto de 2003)
Inauguran muestra fotográfica sobre 30 años del golpe de Estado (19 de agosto de 2003)
