Alvaro Uribe indicó que durante la huelga más de 2.700 personas capturadas por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas han quedado libres por vencimiento de términos legales, más de 120.000 procesos están sin fallos y no se efectuaron unas 25.000 audiencias.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, decretó este jueves el estado de conmoción interior para enfrentar la crisis causada por la huelga de empleados judiciales, que cumplió 36 días y ha bloqueado los fallos en 160.000 procesos.
Uribe dijo en un mensaje al país que se decidió declarar el régimen de excepción después de que fracasaran las negociaciones con los empleados judiciales, que anunciaron el inicio de la huelga el 3 de septiembre y no aceptaron las alzas salariales decretadas, lo que mantiene paralizada la administración de justicia.
El mandatario indicó que durante la huelga más de 2.700 personas capturadas por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas han quedado libres por vencimiento de términos legales, más de 120.000 procesos están sin fallos y no se efectuaron unas 25.000 audiencias.
«Esto le causa al país una tragedia», expresó Uribe, quien tuvo un día de consultas con sus asesores antes de anunciar este decreto.
Según fuentes oficiales, después de 36 días de huelga judicial, las pérdidas superan los 60 millones de dólares.
Según la Constitución colombiana, «en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional», el presidente de la República podrá declarar el Estado de Conmoción Interior por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos periodos iguales.
Ese estado excepcional permite al Ejecutivo dictar medidas con fuerza legislativa para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos y suprimir algunas libertades, pero no permite censurar a la prensa.
Uribe advirtió de que podían quedar libres en medio del paro importantes narcotraficantes o acusados de crímenes graves, como el de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente César Gaviria (1990-94), secuestrada y asesinada en abril de 2006.
El Gobierno propuso unas bonificaciones que se suman a la oferta de mejoras salariales por 111.000 millones de pesos (unos 52 millones de dólares).
Pero los huelguistas piden una partida presupuestaria del triple de esa suma y la nivelación de sueldos de los jueces menores con los de los magistrados y jueces superiores.
El lunes pasado, en un último esfuerzo por conjurar la huelga, Uribe firmó cuatro decretos que ofrecen mejoras salariales a los trabajadores de la justicia, pero la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Asonal) rechazó las concesiones e insistió en su exigencia inicial.
El gobernante señaló ese día que esas bonificaciones eran lo máximo que podía hacer el Ejecutivo para no poner en peligro las finanzas estatales e instó a los huelguistas a que aceptaran ese «gran esfuerzo».
El martes, durante la asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el banquero más importante del país, Luis Carlos Sarmiento, recomendó adoptar ese régimen de excepción y Uribe prometió analizarla «con urgencia, pero sin desespero».
Uribe aplicó por primera vez el estado de conmoción interior tres días después de tomar posesión para su primer mandato de cuatro años, el 7 de agosto de 2002, ante una oleada de atentados de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que causó una veintena de muertos.
Los primeros dos decretos expedidos hoy al amparo de la conmoción interior fueron para restablecer el servicio público de la justicia y agilizar los procesos paralizados por medio de personal especial y descongestionar los despachos.
Con todo, Uribe aseguró que no se han cerrado las puertas del diálogo con los empleados en huelga.
EFE
