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Tribunal Constitucional de España avala la ley de amnistía para independentistas
El Tribunal Constitucional español ratificó este jueves 26 de junio los elementos fundamentales de la controvertida ley de amnistía, promulgada por el Gobierno de Pedro Sánchez, tras el fallido intento de secesión de Cataluña en 2017, en virtud de la cual más de 300 personas fueron indultadas.
Tras cuatro días de deliberaciones el Tribunal Constitucional de España avala la ley de amnistía y da un respiro al Gobierno de Pedro Sánchez.
Con seis votos a favor-de la mayoría de magistrados de tendencia progresista-frente a cuatro en contra, la corte ratificó la constitucionalidad de la ley, en respuesta a un recurso que había presentado el opositor Partido Popular (PP) contra todo el texto.
“La amnistía no está prohibida por la Constitución, y su adopción, cuando responde a una situación excepcional y a un interés público legítimo, puede ser constitucionalmente admisible”, dictaminó el tribunal.
Se trata del primer dictamen sobre la constitucionalidad o no de la ley, lo que podría fijar las bases para el resto de los 30 recursos tramitados al mismo tiempo en el tribunal y de los que se espera respuesta hasta después del verano. Entre ellos, la inconstitucionalidad que planteó el Tribunal Supremo.
A la espera de conocer la sentencia final, el tribunal ha aprobado el texto de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, que avala en líneas generales la ley de amnistía salvo tres aspectos menores y al que se han introducido aportaciones de los magistrados que no modifican en lo sustancial el borrador que se elevó al Pleno.
Entre ellas, la resolución añade que la ley no vulnera la normativa europea en materia de terrorismo ni tampoco la legislación de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).
“Magnífica noticia para España”: Sánchez celebra el aval del Constitucional
La amnistía se acordó en 2023 entre el Partido Socialista de Sánchez y dos partidos separatistas catalanes a cambio de su apoyo a su coalición de Gobierno, en una votación parlamentaria que le permitió permanecer como presidente del Ejecutivo.
La controvertida ley fue aprobada tras el fallido intento de secesión de Cataluña en 2017, en virtud de la cual más de 300 personas fueron indultadas.
“Esta es una magnífica noticia para España”, declaró Pedro Sánchez desde Bruselas, donde asiste a la Cumbre del Consejo Europeo.
El líder socialista reiteró su posición de que la amnistía sirve “para garantizar la unidad de España, así como nuestro desarrollo, prosperidad y convivencia entre ciudadanos y regiones”.
Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, resaltó que la ley ha sido útil para calmar la situación política en Cataluña, que, según sus palabras, “nada tiene que ver” con la de hace ocho años cuando los líderes independentistas convocaron al referendo de separación sin la autorización del Gobierno central.
“Creo que es una muy buena noticia y sobre todo es un reflejo de que la política es una herramienta que permite solucionar los problemas”, ha defendido. Alegría ha instado a “echar un poco la vista atrás” para ver en qué situación se encontraba España y qué se encontró el Gobierno de Pedro Sánchez en 2018, con una “crispación” en Cataluña que “claramente nada tiene que ver” con la situación que vive la comunidad en 2025.
Ahora, la sentencia del Tribunal Constitucional ofrece cierto alivio a Sánchez, mientras las acusaciones de corrupción que involucran a altos cargos afectan a su Partido Socialista.
La amnistía no beneficiará a Carles Puigdemont
El dictamen no beneficia directamente al exlíder separatista catalán, Carles Puigdemont, quien reside en un exilio autoimpuesto en Bélgica.
El juez que lleva el caso contra el expresidente de la Generalitat ha declarado que la amnistía no le aplica, ya que el líder político también está siendo investigado por malversación de fondos, acusación que él niega.
Puigdemont ha recurrido la decisión del juez, pero el Tribunal Constitucional no se pronunciará sobre el asunto hasta finales de este año o el próximo, según un portavoz judicial.
Puigdemont fungía como jefe de gobierno de Cataluña en 2017 cuando la región declaró unilateralmente su independencia de España, lo que llevó a Madrid a imponer el control directo.
La norma determina borrar la responsabilidad penal, contable y administrativa en las causas del “procés” entre 2011 y 2023.
