Transporte en el Perú se levanta contra el gobierno tras aumento en cifras de extorsión y asesinatos

El 14 de enero se llevó a cabo un paro en la capital peruana contra el gobierno del presidente interino José Jerí, donde más de 320 empresas de transporte formal (más de 20.000 unidades) dejaron de circular durante 24 horas, debido a la creciente suma en las cifras de extorsiones y asesinatos en los últimos meses.

El sector acusa a Jerí de no cumplir con las promesas de seguridad hechas en octubre de 2025, momento en el que se dio inicio al estado de emergencia como plan de acción inmediato. También de no responder con estrategias claras, pese a la creciente ola de criminalidad.

El mandatario peruano apareció ante los medios a primeras horas de la mañana del miércoles, junto a un equipo de ministros, en la plaza de Acho, ubicada a unos 12 minutos del Palacio de Gobierno, en el corazón de Lima, para dialogar con los transportistas.

Tras ser consultado por los resultados del estado de emergencia, Jerí afirmó que los presentará junto con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en las próximas semanas. “Era no tan responsable presentar avances cuando debemos tener más información consolidada para que sea comparable, estadísticamente hablando, con otros periodos de tiempo”, explicó.

Caos en la capital peruana

Con las primeras luces del día, una gran cantidad de ciudadanos se congregó, bajo el sol abrazador, en paraderos de los distritos de la zona norte de la ciudad como Puente Piedra, y en zonas céntricas como Rímac o la avenida Abancay la escena fue la misma: calles sin buses y confusión entre pasajeros. En ese vacío los colectiveros informales elevaron sus tarifas.

Según declaraciones de los transeúntes, quienes buscaban abordar una movilidad a como dé lugar, los precios del pasaje se incrementaron exponencialmente, llegando hasta el doble de su costo regular.

“Mil disculpas a la población, pero este es un tema que no da para más”, expresó Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, organización que agrupa a las principales líneas de Lima, a la prensa.

Los ciudadanos, desde diversos puntos de Lima, manifestaron su apoyo al paro, indicando que esta medida es necesaria para que se evidencie la falta de trabajo del Gobierno central ante una amenaza que no solo recae sobre los conductores, sino también sobre los usuarios, quienes quedan expuestos a los ataques perpetrados por el crimen organizado.

“La gente no quiere subirse a un bus, donde se juega la vida”, afirmó la abogada Rosa María Palacios, aclarando que “el paro es un acto de protesta” propio del reclamo que viene ejerciendo el sector debido al hartazgo de las muertes que quedan impunes.

Cifras | Los crímenes no cesan

El 2025 cerró con una enorme baja para el sector de transporte. El Ministerio Público peruano reportó 56 casos de choferes ultimados por delitos relacionados con la extorsión, es decir, porque sus empresas no pagaron cupo. Esta situación sembró el miedo entre los demás conductores, quienes trabajan con la inquietud constante de que esa sea su última jornada. Sin embargo, el Observatorio del Crimen y la Violencia aseguró que fueron al menos 180 los asesinados.

En el inicio del 2026 son 4 transportistas los que fueron asesinados, según el general Víctor Revoredo, director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), unidad especializada de la Policía encargada de la investigación de delitos complejos. Por su lado, medios locales y los gremios contabilizaron al menos 10 atentados contra unidades de transporte.

A estas cifras se suma el asesinato de un taxista de 54 años en la zona de Nueva Caja de Agua, ubicado a unos 20 minutos de la Casa de Pizarro, en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima y donde se registró la mayor cantidad de denuncias de extorsión durante el año anterior (1.115).

Según Worldpanel by Numerator, en 2026, 8 de cada 10 familias peruanas (77%) afirman que la inseguridad ciudadana y la violencia es el problema más grave que enfrenta el país, superando incluso a la angustia por una eventual crisis política y social (35%) en un contexto electoral, donde el Perú se prepara para tener a su octavo presidente en 10 años.

Jerí, tras concluir su reunión con el sector de transporte, manifestó su disposición para erradicar la problemática y prometió que, antes del sábado 17 de enero, tendrá lista la reglamentación de la Ley 32490, la cual estará orientada a reforzar la lucha contra la criminalidad con medidas como la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES) y un programa de reparación para las víctimas.

Cabe mencionar que esta legislación contempla exoneraciones tributarias, apoyo psicológico y la entrega de una bonificación a los deudos de los fallecidos.

Exigencias y nueva tregua

La principal exigencia de los convocados al paro es clara: vivir en paz. En Lima, donde las noticias trágicas que narran atentados contra transportistas, se han vuelto cada vez más habituales, cientos de estas personas piden el respeto a su derecho fundamental.

“No queremos lamentar la pérdida de un compañero más, de que una familia más quede desamparada. Somos conscientes de que con una paralización no se va a solucionar esta problemática de la noche a la mañana, pero ha servido como un jalón de orejas para el señor presidente”, señaló Walter Cabrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), a La República.

Ojeda, por su lado, como principal demanda, denunció la falta de presencia policial en horarios clave donde ocurren los atentados; es decir, en las mañanas y noches.

Por lo pronto, con una promesa más del Ejecutivo, los gremios autoconvocados dieron por finalizado el paro, tomando en cuenta el plazo otorgado por el presidente y con la advertencia de volver a apagar los motores si la situación no mejora.

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