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CPLT detecta graves falencias en compras y arriendos municipales por $68 mil millones
Una fiscalización del Consejo para la Transparencia detectó incumplimientos en municipios respecto a compras y arriendos de inmuebles en 2024. Más de la mitad no respondió solicitudes de información y solo siete publicaron contratos de compraventa, pese a que el gasto superó los $68 mil millones.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de una fiscalización extraordinaria sobre el acceso a información relativa al uso de recursos municipales destinados a la compra y arriendo de terrenos, casas y edificios durante 2024. Según datos del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) y reportes de la Contraloría, ese gasto superó los $68 mil millones a nivel nacional.
En materia de arriendos, la revisión analizó la información publicada en transparencia activa por una muestra de 35 municipalidades seleccionadas por destinar el mayor porcentaje de su gasto total a este ítem. Respecto de las compras, el CPLT envió solicitudes de acceso a información a 105 municipios que reportaron adquisiciones de inmuebles durante 2024.
Los resultados evidenciaron que, de los 105 municipios que informaron compras de bienes raíces, solo siete publicaron los contratos de compraventa en sus sitios web. Además, un 55% incumplió el procedimiento legal de acceso a la información pública, ya sea por no responder solicitudes, hacerlo fuera de plazo, pedir prórrogas extemporáneas o entregar antecedentes incompletos.
El informe también detectó que un 38% de las municipalidades vulneró la Ley de Protección de Datos Personales al entregar información con datos sensibles —como RUT, domicilios, firmas o cuentas bancarias— sin el debido tarjado.
En cuanto a los arriendos, la fiscalización constató que tres municipios —Antofagasta, Primavera y Rancagua— no contaban con información disponible en sus portales de transparencia activa, pese a registrar gastos en este ítem según el SINIM. Asimismo, se identificaron problemas recurrentes, como contratos no publicados o desactualizados, enlaces inactivos, montos sin aclarar si corresponden a valores mensuales o totales, y registros genéricos que impiden conocer el destino de los inmuebles.
Además, se detectó que un 4,2% de los arriendos tiene fines habitacionales para funcionarios municipales, incluido un alcalde.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, afirmó que “cuando la inversión pública es por montos tan relevantes como los que destinan las municipalidades a la compra o arriendo de inmuebles se justifica un especial interés público en conocer esta información, y es en áreas como esta en las que el Consejo para la Transparencia pone el foco”. Añadió que “los hallazgos son preocupantes, justamente porque en muchos casos la información disponible no permite a la ciudadanía ejercer su derecho a hacer este examen”.
Finalmente, el CPLT informó que los antecedentes de la fiscalización serán remitidos a la Contraloría General de la República para que adopte las medidas que estime pertinentes dentro de sus atribuciones.
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