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Tribunal italiano condena a 12 miembros de CasaPound por reorganización del partido fascista
La justicia italiana determinó que el movimiento vulneró la prohibición de reorganizar el partido fascista, con una sentencia que se relaciona con la agresión a manifestantes antifascistas en 2018.
Un tribunal de Bari, en el sur de Italia, condenó a doce integrantes del movimiento de extrema derecha CasaPound por el delito de reorganización del partido fascista. La justicio aplicó la ley Scelba de 1952, una norma creada tras la Segunda Guerra Mundial para impedir el resurgimiento del fascismo en el país.
La sentencia, dictada en primera instancia, impone penas de entre un año y medio y dos años y medio de prisión, además de la inhabilitación política por cinco años. Siete de los acusados también fueron condenados por lesiones en el marco de una agresión ocurrida el 21 de septiembre de 2018, cuando militantes del grupo atacaron a manifestantes antifascistas en Bari tras una protesta contra la visita del entonces ministro del Interior, Matteo Salvini.
El tribunal determinó que los condenados infringieron los artículos 1 y 5 de la ley Scelba, que sanciona tanto la reorganización del partido fascista como la realización pública de manifestaciones propias de esa ideología. Es la primera vez en las últimas décadas que esta normativa se aplica con este alcance a CasaPound.
El movimiento, fundado en 2003 tras la ocupación de un edificio en el centro de Roma, se constituyó como partido político en 2008 y llegó a participar en elecciones nacionales, aunque dejó de presentarse en 2019. A lo largo de los años, varios de sus dirigentes y militantes han enfrentado procesos judiciales por hechos de violencia y apología del fascismo.
Tras conocerse el fallo, representantes del Partido Democrático, el Movimiento Cinco Estrellas y Alianza Verdes e Izquierda solicitaron al Ministerio del Interior avanzar en la eventual disolución de la organización.
El diputado Angelo Bonelli, de Alianza Verdes e Izquierda, pidió al Ministerio del Interior actuar. “El fascismo no es una opinión, es un delito. Ahora corresponde avanzar hacia la disolución de CasaPound”, señaló.
En la misma línea, el parlamentario del Partido Democrático Roberto Morassut afirmó que la organización “debe abandonar el edificio que ocupa en Roma y dejar de operar bajo símbolos que remiten al régimen fascista”.
La sentencia puede ser apelada y la eventual disolución del movimiento solo podría concretarse una vez exista un fallo definitivo. Los fundamentos escritos del tribunal se darán a conocer en los próximos meses.