Los resultados del Informe de Empleo elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas correspondientes al trimestre enero – marzo del 2016, han generado especial preocupación en los distintos actores del quehacer político empresarial del país, sobre todo por el 6,3% de desempleo que arrojo dicha medición a nivel nacional.
Al momento de analizar dichos resultados el énfasis ha sido puesto en el desempleo a nivel país, sin embargo, creemos que las peores noticias las representan las cifras de desocupación laboral que experimentaron las regiones del norte, a saber, 9,2 % la región de Atacama, 8,0% la región de Tarapacá y 7,9% la región de Antofagasta, todas cifras que se colocan considerablemente por encima del promedio nacional.
Los economistas, como de costumbre, han preferido explicar la situación a partir de una coyuntura económica determinada representada por la disminución de importaciones de minerales por parte de China, renunciado a ofrecer una hipótesis de carácter estructural más sofisticada, sin percatarse que tales resultados, son también consecuencias del agotamiento del modelo económico de regionalización desarrollado en nuestro país desde la década del 70´ hasta nuestros días.
En efecto, el proceso de regionalización nacional fue construido bajo el principio de especialización económica, en virtud del cual cada región debía enfocarse en desarrollar principalmente aquella actividad económica para la cual contaba con mayores ventajas comparativas, sin preocuparse con igual intensidad de impulsar otras actividades complementarias; de esta manera, se creyó que dicho modelo nos iba a permitir alcanzar un desarrollo equitativo y solidario entre las distintas regiones del país.
Sin embargo, lejos de conseguirse tal objetivo, lo que se ha logrado en la práctica ha sido el establecimiento de regiones, especialmente las de la zona norte, cuyo desarrollo ha quedado hipotecado casi completamente a la mayor o menor suerte que experimente el negocio de la minería en un momento determinado, pasando cíclicamente desde la bonanza a la precarización; incertidumbre desde la cual se hace imposible proyectar un crecimiento integral y duradero para dichas regiones.
[cita tipo=»destaque»]Parece de toda justicia transitar a un sistema de compensación en el que todo el país asuma de alguna manera las externalidades negativas medioambientales generadas a consecuencia de la actividad extractiva minera; para lograr aquello, quizás, se podría incluir un ítem especial por concepto de “pasivos ambientales” como criterio de repartición de una parte del fondo nacional de desarrollo regional, establecido en beneficio exclusivo de las regiones mineras del norte.[/cita]
En este sentido, resulta ejemplarizadora la situación económica por la que atraviesa la región de Atacama, en la cual la actividad minera representa, ni más ni menos, que el 94,2% de la participación por actividades económicas a nivel regional, seguida por otros rubros económicos totalmente exiguos, a saber, resto industria con el 3,6%, alimentos con el 1,2%, y finalmente, pesca extractiva con apenas el 0,9%, de manera, que por aplicación de nuestro modelo de regionalización, la región no cuenta con ninguna actividad económica relevante a la cual echar mano en periodos de decrecimiento minero.
Dicha situación, se torna aún más compleja, si es que consideramos otro problema estructural de la zona norte aún no resuelto por el proyecto de regionalización nacional, me refiero a la inexistencia de sistema alguno de compensación económica a favor de tales regiones por el costo de soportar los denominados Pasivos Ambientales Mineros, cuestión de la que deben hacerse cargo las demás regiones del país, pues aquellas ven favorecido su desarrollo en base a los recursos económicos con que la zona norte aporta anualmente al erario nacional; así por ejemplo, en nuestros días los habitantes de la Región de Atacama producto del desarrollo histórico de la actividad minera en dicha zona, se ven obligados a realizar sus vidas rodeados de a lo menos 867 depósitos de relaves mineros, de los cuales, según Sernageomin, el 86% corresponde a faenas mineras cerradas.
En este sentido, parece de toda justicia transitar a un sistema de compensación en el que todo el país asuma de alguna manera las externalidades negativas medioambientales generadas a consecuencia de la actividad extractiva minera; para lograr aquello, quizás, se podría incluir un ítem especial por concepto de “pasivos ambientales” como criterio de repartición de una parte del fondo nacional de desarrollo regional, establecido en beneficio exclusivo de las regiones mineras del norte.
Por lo tanto, los magros resultados del Informe de Empleo del INE, representan una gran oportunidad para replantearnos un nuevo modelo de regionalización basado en un sistema de fomento productivo regional con fuentes diversas y complementarias, que dando cabida al emprendimiento e innovación privada, obedezca a una planificación previa de largo aliento que sea capaz de introducir elementos de justicia ambiental, y lo más importante, que sea el punta pie inicial de un trascendental esfuerzo que debemos comenzar en nuestro país, que consiste en imaginarnos un Chile cada vez menos dependiente de la gran minería.
