Opinión
Crédito: Archivo
Sin duda la transparencia algorítmica es un desafío que implica responsabilidades compartidas y el uso de capacidades que hoy existen en las entidades públicas. Está pendiente saber cómo orientarlas y estructurarlas, siempre poniendo en el centro a las personas y a la construcción y fortalecimiento de la confianza en las instituciones públicas, posibilitando la rendición de cuentas y el control social.
Es un hecho la relevante presencia que los sistemas de decisiones algorítmicas comienzan a asumir en las administraciones públicas. La admisión escolar, la entrega de subsidios, el apoyo al diagnóstico de enfermedades, la trazabilidad del COVID-19 y la detección de plagas, son actividades que hoy soportan estos sistemas de decisión.
Con el objetivo de estudiar y conocer el estado de la transparencia algorítmica en el Estado chileno, con tan relevantes implicancias, este año el laboratorio de innovación pública de la Universidad Adolfo Ibáñez, GobLab, y el Consejo para la Transparencia, invitaron a organismos públicos nacionales a participar de un catastro voluntario. A partir de la respuesta de 285 servicios, se informó de la existencia de 93 sistemas de toma de decisiones automatizadas. Sin embargo, de estos, solo un 19% tenía información en sitios web institucionales.
[cita tipo=»destaque»]Para estudiar y conocer el estado de la transparencia algorítmica en el Estado chileno, este año el laboratorio de innovación pública de la Universidad Adolfo Ibáñez, GobLab, y el Consejo para la Transparencia, invitaron a organismos públicos nacionales a participar de un catastro voluntario. Pese a este primer diagnóstico general positivo, cabe destacar que la información se encontraba dispersa, en diversos formatos y en distintos lugares de la web, publicada para diversos destinatarios y propósitos, por lo que se hace difícil su comprensión acabada.[/cita]
A partir de un marco de transparencia implementado por el Instituto Ada Lovelace del Reino Unido, se analizaron 12 sistemas algorítmicos implementados y contenidos en el catastro, evaluando su estado y disponibilidad de información sin necesidad de requerirla. En este ejercicio se pudo observar que, pese a no contar con una regulación específica de transparencia algorítmica, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y los mecanismos dispuestos por la Ley de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, han cimentado un camino de avance fortuito en ese sentido.
En efecto, en gran parte de los sistemas seleccionados fue posible acceder a información relevante que permitió responder al estándar de transparencia para conocer aspectos básicos del funcionamiento de la tecnología de decisión automatizada utilizada.
Otro hallazgo fue que, en varios casos, el estándar de transparencia alcanzado solo se logra gracias a la información divulgada por el proveedor/desarrollador del sistema, es decir, la información está en manos del sector privado, lo que no depende de legislación alguna.
Pese a este primer diagnóstico general positivo, cabe destacar que la información se encontraba dispersa, en diversos formatos y en distintos lugares de la web, publicada para diversos destinatarios y propósitos, por lo que se hace difícil su comprensión acabada.
Sin duda la transparencia algorítmica es un desafío que implica responsabilidades compartidas y el uso de capacidades que hoy existen en las entidades públicas. Está pendiente saber cómo orientarlas y estructurarlas, siempre poniendo en el centro a las personas y a la construcción y fortalecimiento de la confianza en las instituciones públicas, posibilitando la rendición de cuentas y el control social.
