Inclusión laboral, una cuestión de derechos

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez. Después de una larga pero fructífera tramitación, ahora sólo le resta su último trámite en el Senado. La meta del Gobierno del Presidente Boric no se queda sólo en la cuota de contratación, sino que va más allá, promueve una mirada de igualdad de oportunidades, valoración de la diversidad y respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad.

La norma, que ha sido liderada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Servicio Nacional de la Discapacidad, es fruto del trabajo transversal de los diputados y diputadas que forman parte de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, y ratifica el compromiso de la administración del Presidente Boric por alcanzar acuerdos que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo.

De acuerdo al Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, el 17,6% de la población mayor de 18 años tiene discapacidad, es decir, 2 millones 703 mil 893 personas, por lo que reforzar la inclusión laboral, tanto en el sector público como en el privado, es un avance significativo.

En este contexto, respecto al sector privado, en el proyecto de ley se incorporaron normas que establecen un nuevo régimen de multas por incumplimiento de la cuota de contratación y por el uso indebido de las medidas subsidiarias, así como normas que limitan la utilización de donaciones como medida de cumplimiento subsidiario de la Ley de Inclusión Laboral. 

Como sector público sabemos que tenemos que mejorar el porcentaje de inclusión de personas con discapacidad aún más. Por ello, la normativa refuerza la fiscalización para velar por una efectiva implementación de esta ley en el Estado, incorporándose, además, la figura del gestor de inclusión, como ya lo hizo la Ley N°21.275 para el sector privado. 

Asimismo, se modifican las normas que regulan el ingreso y permanencia en el sector público. Es así como se reconoce el egreso de escuelas especiales como requisito para postular e ingresar a un empleo público. Con esto se eliminan barreras actualmente existentes y que impiden a las personas con discapacidad acceder a cargos públicos.

Nos queda camino por recorrer, pero estamos conscientes de que la inclusión laboral es una tarea de todos y todas. Ahora el proyecto pasa a tercer trámite constitucional ante el Senado, instancia que deberá revisar y pronunciarse respecto de las modificaciones introducidas al mismo por la Cámara de Diputadas y Diputados. 

Como Gobierno seguiremos el mandato del Presidente Boric para avanzar en mayor inclusión e impulsar un cambio cultural que valore la diversidad y el aporte que pueden realizar los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad al desarrollo de nuestro país.