Opinión
La derecha no solamente impulsó la polarización, sino que fue protagonista de la violencia desde antes que asumiera Salvador Allende. El asesinato del comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, fue la principal acción terrorista de la derecha antes de la toma de posesión del Gobierno por parte del Presidente electo, pero no la única. También instalaron bombas en diferentes lugares del país. La participación del exoficial Enrique Arancibia Clavel –que luego sería agente de la DINA– deja, además, en evidencia la relación entre la seguidilla de atentados a lo largo del Gobierno de la Unidad Popular con lo que sería la brutal trayectoria de asesinatos y violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura.
En el marco de la conmemoración de los trágicos acontecimientos iniciados el 11 de septiembre de 1973, con el brutal golpe militar, la UDI ha entregado una declaración que deja en evidencia el grave retroceso democrático que ha experimentado un amplio sector de la derecha en estos últimos años y que pone en cuestión su compromiso con la democracia. Ello da, además, luces respecto de las razones de su complicidad con la mayoría republicana en el Consejo Constitucional, que intenta imponer un texto de Carta Fundamental contrario al sentido común y a toda posibilidad de un acuerdo político transversal. Con ello, se abre la probabilidad de mantener el impasse constitucional por mucho tiempo y, así, obstaculizar la paz y progreso social del país.
La declaración de la UDI señala que el “quiebre institucional” tiene como causa directa la situación extrema que vivía Chile en 1973 “por el odio, la legitimación de la violencia como vía de acción política y la severa polarización provocada por un sector de la izquierda chilena”. Sin duda que se desató una movilización popular, alentada por sectores de la izquierda chilena, que sobrepasó la política gubernamental en materia de reforma agraria y de configuración de un área social de la economía. Pero la derecha no solamente impulsó la polarización, sino que fue protagonista de la violencia, desde antes que asumiera Salvador Allende.
El asesinato del comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, fue la principal acción terrorista de la derecha antes de la toma de posesión del Gobierno por parte del Presidente electo, pero no la única. También instalaron bombas en diferentes lugares del país. La participación del exoficial Enrique Arancibia Clavel –que luego sería agente de la DINA– deja, además, en evidencia la relación entre la seguidilla de atentados a lo largo del Gobierno de la Unidad Popular con lo que sería la brutal trayectoria de asesinatos y violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura.
Durante el paro de octubre de 1972 tuvo lugar también una serie de atentados destinados, entre otras cosas, a agravar los problemas de abastecimiento de la ciudad de Santiago. El 29 de junio de 1973 tuvo lugar el “Tanquetazo”, la rebelión de una unidad militar de Santiago, que dejó más de 20 muertos. Del mismo modo, el 27 de julio de ese año fue asesinado el edecán naval de Presidente Allende, Arturo Araya. Nada dice la declaración de la UDI al respecto. Piden hablar del contexto del quiebre de la democracia. Esto es parte del contexto.
Dice la UDI que el proyecto político de la UP fue progresivamente resistido por una mayoría. Nada dice este partido de que en la última elección antes del golpe, la Unidad Popular, pese a todos los problemas, obtuvo un 44% de los votos en la elección parlamentaria de marzo de 1973.
En el punto cuarto, señala la UDI que el Gobierno de la UP “accedió al quebramiento de la democracia, propiciando una confrontación con la Contraloría General de la República, la Corte Suprema y el Congreso Nacional, para imponer su proyecto político”. Más allá del carácter críptico y gramaticalmente incomprensible de la frase “accedió al quebrantamiento de la democracia”, la historia institucional del país siempre ha enfrentado diferencias entre los distintos poderes de la República. Ello, por tanto, no puede ser asimilado a un quiebre democrático, es algo que debe ser resuelto por las propias instituciones. Lo que rompió el juego democrático fue, más bien, el llamado de la Cámara de Diputados al golpe en agosto de 1973.
En el punto 5, la UDI, omitiendo todo lo relativo a la estrategia de derrocamiento desarrollada por la derecha, a la cual después se sumaron algunos militantes de la DC, habla de que entre 1970 y 1973 “sobrevino” un quiebre institucional que hizo inevitable el golpe. El negar, sobre toda duda razonable, que no existía la posibilidad de una salida democrática a la crisis (como fue, por ejemplo, el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, luego del estallido social) es una evidencia de la incapacidad de ese partido, pilar importante de la dictadura pinochetista, de comprometerse con la defensa irrestricta de la democracia y de los DD.HH. Más aún si se considera que el Presidente Allende comunicó a los jefes de las Fuerzas Armadas, el domingo 9, que el 11 de septiembre convocaría a un plebiscito para resolver la crisis institucional que atravesaba el país.
En el punto 6, la UDI incurre en una afirmación que resulta patética. Según ella, la reconstrucción de la democracia empezó hace 50 años. Esto es, mientras se producían los grandes crímenes de la Dina (1973-1977), de la CNI (a partir de 1977), la represión criminal de las protestas nacionales desde 1983 y asesinatos hasta bien entrado 1989, como sucedió con el crimen de Jécar Neghme, el 4 de septiembre. Sin embargo, para la UDI se había iniciado la “reconstrucción de nuestra democracia y de sus instituciones”
En este contexto resulta poco creíble “la condena sin matices a las violaciones a los DDHH” que enuncia en el punto número 7, así como su declaración (en el punto 8) respecto de que reafirma su compromiso “con la República, el entendimiento democrático, las libertades y la condena a la violencia”.
Culmina la declaración con la condena al Gobierno por haber “frustrado el deseo mayoritario de una conmemoración en unidad, con reflexión y respeto democrático de las visiones irreconciliables”.
Sin duda que la visión de la UDI es irreconciliable con la democracia. Hace caso omiso de los llamados insistentes del Presidente Gabriel Boric a comprometerse con la democracia y los derechos humanos a los que respondieron todos los ex Presidentes de la República, incluido el principal líder de la derecha, Sebastián Piñera. Se niega a comprometerse con lo que es fundamental: que los problemas de la democracia se solucionan solo con más democracia y que los DD.HH. se deben respetar siempre.
