Cuando el Estado te abandona después de los 26: discapacidad y formación en riesgo

La reciente instrucción del Ministerio de Educación que impide a personas mayores de 26 años acceder a procesos de rehabilitación en instituciones de educación especial deja en evidencia una falla estructural: Chile carece de políticas públicas que acompañen a las personas  a lo largo de su ciclo vital. La exclusión no es solo un efecto secundario del sistema; es parte de su diseño. 

Una historia personal: de la baja visión a la ceguera total

Nací prematuro, a las 26 semanas de gestación. La exposición prolongada a una incubadora, sumada a una retinopatía, provocó que tuviera solo un 0,5 % de visión en el ojo izquierdo y nada en el derecho. Aun así, estudié en colegios regulares y me titulé de periodista. Irónicamente, fue justo al rendir mi examen de título cuando perdí por completo el remanente visual que me quedaba.

Adaptarme a la ceguera total fue un proceso complejo, pero no imposible. Ya había aprendido a utilizar lectores de pantalla en computador y celular, lo que me permitió continuar interactuando con el entorno, aunque muchas veces relegado a la virtualidad. Porque la mayor barrera no fue tecnológica, sino urbana: sin visión, orientarse en la ciudad, subir a un bus o simplemente cruzar una calle se convirtió, aún más, en una hazaña diaria. 

Formarse para la autonomía: una posibilidad en retroceso

Ante mi nueva condición sensorial, que me quitaba la posibilidad de ver aunque fuera un poco, busqué apoyo para capacitarme en orientación y movilidad, pero ahora ya completamente ciego. Tuve suerte, ya que Viña del Mar cuenta con dos entidades donde es posible aprender la técnica de cruzar la ciudad a oscuras.

En un primer momento, cuando veía algo, lo hice en la Fundación Cemipre; pero ya sin nada de vista, tuve que volver a aprender. Así apareció el Instituto Antonio Vicente Mosquete, donde pude reaprender a desplazarme con el bastón blanco y así optar a empleos que implicaran movilidad por la ciudad o el país. Pero si hoy necesitara actualizar esos conocimientos o adquirir otros nuevos, ya no podría hacerlo.

Desde enero de 2025, los establecimientos de educación especial han dejado de recibir subvención para atender a personas mayores de 26 años. Esto, tras la instrucción del Ministerio de Educación de aplicar el Decreto N.º 332 de 2012, que limita la atención educativa a ese grupo etario. Así se deja sin efecto la práctica sustentada en el Decreto Exento N.º 3436 de 2002, que permitía extender por dos años adicionales los procesos de formación y rehabilitación en personas adultas.

Las consecuencias son inmediatas: varias personas han quedado sin acceso a la única instancia formativa pública en la ciudad de Viña del Mar que promueve no solo su autonomía, sino también el derecho a saberse y sentirse diferente.

Insisto: la discapacidad no es un hecho excepcional. Y por eso resulta urgente construir una política pública con enfoque de ciclo vital, que no limite el derecho a la educación, la rehabilitación ni la formación según la edad, el nivel de movilidad o la capacidad intelectual.

Necesitamos con urgencia un Estado que acompañe a las personas en todas las etapas de su vida, porque solo así se garantiza la inclusión real y el respeto a la diversidad humana. De lo contrario, seguiremos construyendo un país donde la exclusión no es un accidente, sino una decisión política.