Una nueva gobernanza del agua para Chile

Las recientes lluvias han dado una sensación de normalidad climática. Sin embargo, Chile continúa enfrentando un severo desafío de adaptación frente al cambio climático, particularmente en lo que respecta a sus recursos hídricos. El calentamiento global ha comenzado a impactar incluso el consumo humano en zonas que históricamente contaban con agua abundante. Hoy, muchas de esas localidades dependen de camiones aljibe, con consecuencias sociales evidentes y un creciente costo para el Estado.

También la agricultura ha debido adaptarse. Productos emblemáticos de la zona centro-norte, como las cerezas, los vinos y los berries, se están trasladando al sur, especialmente a regiones que van desde Ñuble a Los Lagos. Esto ha requerido inversiones importantes en infraestructura de riego, al tiempo que afecta el empleo en las regiones tradicionalmente productoras, como Valparaíso y O’Higgins. El patrón es claro: el agua dulce natural es cada vez más escasa.

En este contexto, es legítimo preguntarse si las reglas e instituciones que hemos desarrollado para gestionar un recurso que antes parecía inagotable siguen siendo adecuadas. Desde el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) creemos que ha llegado el momento de avanzar hacia una nueva política nacional del agua.

Un paso clave en esa dirección es crear una institucionalidad fuerte y unificada. La opción más madura hoy es continuar con la tramitación legislativa de la ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas. Esta propuesta requiere urgencia legislativa y voluntad política para que pueda ser implementada por la próxima administración, a partir de marzo del próximo año.

La nueva realidad climática –con lluvias más concentradas, menor acumulación anual y una elevación de las isotermas– obliga a repensar cómo disponemos del recurso hídrico, cómo lo almacenamos y utilizamos. Una subsecretaría con facultades claras permitiría integrar la gestión hoy dispersa en más de 40 instituciones, a las que debemos agregar las organizaciones de cuenca y el rol de los gobiernos regionales.

Esta subsecretaría debería garantizar la seguridad hídrica del país, mediante una planificación integrada, con énfasis en el consumo humano urbano y rural, sin excluir el desarrollo productivo. También le correspondería fomentar la inversión en infraestructura hídrica: embalses, redes de agua potable, tecnologías de desalinización, reúso e infiltración de acuíferos, entre otras soluciones. Acciones en estos campos debieran significar integrar los permisos que hoy se requieren para realizar obras y que en muchas casos constituyen una traba mayor para soluciones específicas.

No podemos repetir en el ámbito del agua lo que tantas veces ha ocurrido con otras áreas de la infraestructura: llegar tarde. El riesgo de no actuar a tiempo es comprometer la habitabilidad de vastas zonas del país y limitar gravemente nuestro desarrollo productivo. Ha llegado la hora de actuar con decisión.