Balance en seguridad del Gobierno de Gabriel Boric

Qué duda cabe: la seguridad pública ha sido la principal preocupación para la sociedad chilena en los últimos años y un gran desafío para el Gobierno de Gabriel Boric, que asumió el poder con una agenda orientada principalmente a cambios estructurales, justicia social y cambio climático, donde la seguridad no era un elemento principal en su programa. La presión ciudadana, mediática y la configuración de poder en el Congreso llevaron al Gobierno a operar un cambio con decisión tras su primer año e impulsar la agenda legislativa más robusta en materia de seguridad que se haya conocido, aunque no sin controversias.

En la Fundación Chile21 hemos publicado un informe extenso y detallado que busca ofrecer una evaluación crítica del período 2022-2025, que oscila entre lo reactivo y lo estratégico. Más que centrarnos exclusivamente en cifras o grado de cumplimiento de promesas (que no eran muchas en esta materia), el documento propone una lectura estratégica del reordenamiento institucional en materia de seguridad, reconociendo tanto avances como límites.

Primero, es importante destacar que la percepción de inseguridad ha alcanzado niveles récord –91% según ENUSC 2023–, a pesar de que las tasas de victimización se mantienen entre las más bajas de los últimos veinte años. Este desfase entre temor y delito real no es nuevo, pero sí particularmente agudo en este Gobierno, y ha empujado una respuesta política marcada por la urgencia y la presión política.

El temor y la percepción de inseguridad es un fenómeno particularmente especial en Chile, donde debemos considerar, además del recrudecimiento de ciertos delitos, como los homicidios, otros factores fuera de la criminalidad: exposición mediática de la violencia, déficits de confianza institucional y en la Justicia, la violencia cotidiana y, también, problemas de salud mental en la población.

Segundo, el informe subraya que la agenda de seguridad del Ejecutivo ha sido mucho más activa de lo que ciertos diagnósticos superficiales sugieren. Con 69 leyes promulgadas en esta materia hasta la fecha, el Gobierno de Boric constituye el con más legislación en seguridad desde el retorno a la democracia.

Esto ha incluido desde la creación del Ministerio de Seguridad, pasando por regulaciones tecnológicas (biometría, ciberseguridad), mayores atribuciones a los municipios, hasta reformas legales orientadas a crimen organizado, persecución patrimonial y delitos ambientales. Sin embargo, el énfasis ha estado en la regulación del delito y en lo punitivo con 49% de la leyes, seguidas por reformas de fortalecimiento institucional con 23% y aspectos preventivos con 16%. Este énfasis, que parece ir en contra de los planes originales del Gobierno, debe comprenderse en gran parte por la configuración política de la agenda, que el Ejecutivo ha asumido con bastante realismo.

Tercero, se plantea que el giro hacia una estrategia institucional más robusta con énfasis en coordinación interagencial, inteligencia estatal y fortalecimiento municipal no ha sido suficiente para consolidar una política de Estado en seguridad. La falta de una reforma estructural de las policías, la sobrepoblación penitenciaria que hoy es “una bomba de tiempo” y, pese a los avances relevantes, la lentitud en enfrentar la migración irregular, siguen siendo tareas pendientes.

Este Gobierno ha debido navegar entre la presión de una opinión pública inquieta y exigente, un Congreso adverso y una herencia institucional fragmentada en materia de seguridad. Si bien se reconocen esfuerzos importantes y en algunos casos pioneros en América Latina, también se advierte que el efecto real de estas políticas se verá a mediano plazo. Es aquí donde las medidas deben ser vistas en una visión de Estado y en un continuum que necesita un importante nivel de acuerdo en las estrategias políticas contra el crimen.

El balance que proponemos es claro: el Gobierno de Boric no ha logrado revertir el problema de la inseguridad, sí ha logrado contener un flujo delictivo para evitar su recrudecimiento, pero lo más relevante, es que ha sentado bases importantes para que las próximas administraciones tengan más herramientas para enfrentar el crimen. ¿Se logrará instaurar una visión de Estado en seguridad en adelante? Todo está por verse.