¿Quién paga por la democracia?

La democracia es un régimen de gobierno que se caracteriza, entre otras cosas, por el hecho de que el poder político reside en las personas, y estas lo ejercen por medio de elecciones periódicas, asegurando un conjunto de derechos y libertades fundamentales que les permiten vivir con ciertas condiciones de bienestar.

Sin embargo, uno de los dilemas fundamentales que los especialistas buscan resolver es ¿cómo aseguramos que quienes buscan ejercer el poder político en representación de las personas tengan las mismas oportunidades de lograrlo?

Las diferencias de oportunidades de participación política han estado centradas en diferencias entre hombres y mujeres, en el tiempo disponible para poder dedicarse a esta actividad y en la libertad económica para financiar dichas actividades, aunque, en cierto modo, el dinero se ha convertido en el principal desafío para igualar la cancha y disminuir otras brechas de la competencia democrática.

El rol que le damos al dinero en la política es determinante de la pluralidad de ideas, en la diversidad de derechos y libertades que tienen las personas y, en general, de los niveles de bienestar a los que estas acceden. Cuando la riqueza se concentra en pocas manos termina controlando el poder político y los intereses privados, valorándose más que la expresión de la voluntad popular.

Una regulación del dinero en la política débil o desajustada termina fragilizando aún más los mecanismos de representación y deslegitimando el ejercicio del poder público. Aunque en nuestro país hemos avanzado en la última década considerablemente en este tema, sigue existiendo un gran pendiente: los eternos precandidatos.

Las precandidaturas presidenciales están permitidas en nuestro país 200 días antes de la elección y, aunque no se puede realizar propaganda en ese período, pueden recaudar fondos y generar gastos. Pero ¿qué pasa con aquellas personalidades del mundo político que abiertamente están en el debate presidencial; que han estado recorriendo el país hace meses, e incluso años, promoviendo sus ideas; que han montado oficinas y equipos de campaña? ¿Quién vigila la forma en que están sustentando dichos gastos o que no estén favoreciéndose sobre su propio patrimonio?, o ¿cómo nos aseguramos de que ninguna de ellas tenga lazos con el crimen organizado?

Son todas preguntas que sin información no podemos responder. Necesitamos un sistema que pueda permitir que quienes votemos tengamos la capacidad de tomar una decisión sabiendo qué intereses representa cada candidato, quiénes lo promovieron y de qué forma financió su campaña, incluso antes de inscribirla. Ello no busca limitar las libertades de las personas por buscar un cargo de representación, sino asegurar que todas ellas compitan en las mismas condiciones de base.

La legitimidad perdida, la deteriorada confianza y la dañada representatividad no serán posibles de recuperar si no nos hacemos responsables de dar garantía a las personas de lo que pasa detrás de lo que no vemos de los candidatos presidenciales, de los intereses subyacentes a quienes apoyan cada opción, pero, sobre todo, de saber ¿quién paga por la democracia?