El sentido político de la modernización del Estado

Los recientes informes de la Contraloría General de la República han dado cuenta de desafíos pendientes en materia de modernización del Estado. Si bien sus hallazgos recientes han generado impacto en la opinión pública, para que la agenda modernizadora se posicione en el debate público como corresponde, esta no debe entenderse solo como la búsqueda de una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, sino como un imperativo ético y político para avanzar hacia una sociedad más libre, democrática y próspera.

En primer lugar, la modernización significa la evolución del ethos estatal, desde uno regido por lógicas premodernas, como el acceso a cargos por causas parciales como el parentesco, la amistad o la lealtad, hacia otro normado por dinámicas modernas de selección como el mérito y la idoneidad. Este proceso ha estado pendiente desde los orígenes de nuestro Estado y ha avanzado con excesiva lentitud. Tras las Independencias, los países de América Latina tuvieron dificultades para abrazar la modernidad en su dimensión cultural a nivel de Estado, ya que en cuanto se establecieron las naciones latinoamericanas los cargos públicos fueron atiborrados por los criollos, “devorando la revolución antes de que se hubiera completado”, según Simón Bolívar. La figura del caudillo en el siglo XIX fue parte de esta dinámica. Y en el siglo XX, el populismo y los modelos estatistas de desarrollo económico la profundizaron. Así, aunque América Latina se independizó abrazando un proyecto ilustrado y emancipador, su aparato público quedó culturalmente anclado en el Ancien Régime.

Esta modernización pendiente se traduce hasta el día de hoy en una injusta desigualdad ante la ley, en la que personas sin mérito acceden a cargos públicos por amistad, parentesco o lealtad, en perjuicio de quienes podrían ejercer esas funciones de mejor forma. Y, al mismo tiempo, se transforma en eventual abuso de poder, porque facilita que la autoridad pueda utilizar el Estado en beneficio personal o para mantener lealtades en perjuicio del profesionalismo en el servicio público y el adecuado cumplimiento de la ley en favor de la ciudadanía.

En segundo lugar, la modernización del Estado se relaciona positivamente con la democracia, que en términos institucionales se encuentra en crisis principalmente por dos factores. El primero de ellos es la fragmentación política. Actualmente, en la Cámara de Diputadas/os hay 18 partidos y 40 legisladores independientes. Esto es excesivamente alto y dificulta los consensos y la aprobación de leyes de forma oportuna, ralentizando el proceso político y la toma de decisiones para responder a los problemas del país. Otro factor es la falta de modernización del Estado, que facilita la corrupción y, con ello, la desconfianza hacia el Estado, junto con dificultar tanto que el aparato público asegure los derechos de la ciudadanía como la ejecución de los consensos alcanzados por las instancias legislativas. Estos factores profundizan la desafección ciudadana con las instituciones liberales y con la democracia, al ser percibidas como incapaces de dar soluciones oportunas a los problemas cotidianos de la ciudadanía y beneficiar material y notoriamente a las personas que triunfan en las elecciones en vez de a la población.

Por último, la modernización del Estado es crucial para el desarrollo económico, ya que, además de los factores señalados, mejora la planificación y ejecución del gasto público en el mediano y largo plazo, que es una condición necesaria para que el país pueda crecer acorde a una estrategia independiente a los cambios de gobierno. Del mismo modo, implica poner fin a trámites innecesarios y reducir el poder injustificado de ciertos funcionarios, que se traducen en corrupción o ineficiencias cuyos costos son asumidos por la ciudadanía.

En definitiva, el sentido político de la modernización del Estado es la democracia, la libertad y el progreso, toda vez que refuerza la igualdad ante la ley, previene que el aparato público sea usado arbitrariamente y mejora su capacidad para garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía. Complementariamente, la modernización del Estado es fundamental para la democracia, al prevenir la corrupción y fortalecer la capacidad del sector público para ejecutar oportunamente los consensos políticos y decisiones gubernamentales. Por último, la modernización del Estado es necesaria para el desarrollo económico, que es necesario para que la ciudadanía pueda perseguir sus proyectos de vida en un entorno favorable.