
Cómo incluir la calidad de la educación en la medición de pobreza
Desde el punto de vista social, el uso exclusivo de los resultados de aprendizaje medidos por SIMCE podría reforzar estigmas hacia comunidades educativas que trabajan en contextos adversos, al hacer del SIMCE —originalmente concebido como herramienta de mejora—un criterio de clasificación social.
La comisión a cargo de proponer una nueva medición multidimensional de la pobreza ha sugerido incorporar la calidad de los aprendizajes en dicha medición. Específicamente, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) incorporaría si algún integrante del hogar asiste a un establecimiento donde más del 50% de los estudiantes presentan rendimientos insuficientes en las mediciones de aprendizaje elaboradas por el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación de nuestro país (SIMCE). Esta propuesta es compleja, y su debate necesario.
La incorporación de un indicador de calidad de la educación al IPM parece una innovación con potencial al visibilizar una dimensión fundamental en la vida de los estudiantes y sus familias. Sin embargo, así como las calorías no parecen ser un indicador óptimo de la canasta de consumo para evaluar pobreza por ingreso, al enfocarse puramente en cantidad y no considerar la calidad de la alimentación, los indicadores educacionales propuestos no profundizan suficientemente en la medición de calidad.
Idealmente la medición de calidad de la educación a incluir en el IPM debería basarse en indicadores de alta frecuencia y medidos al mismo nivel al que se refiere el resto de los indicadores, es decir, a nivel individual. Un ejemplo podría ser la promoción y graduación oportuna a través de los distintos niveles educacionales. También sería deseable la consideración de otras dimensiones de la vida escolar, tales como la convivencia y la promoción del desarrollo integral. La disponibilidad de programas de apoyo y equidad, tales como el Programa de Integración Escolar (PIE), y la efectiva interacción con servicios de salud familiar municipal (CESFAM) nos parecen otras consideraciones importantes, aunque se refieran al nivel del establecimiento escolar y no del individuo.
Desde el punto de vista social, el uso exclusivo de los resultados de aprendizaje medidos por SIMCE podría reforzar estigmas hacia comunidades educativas que trabajan en contextos adversos, al hacer del SIMCE —originalmente concebido como herramienta de mejora—un criterio de clasificación social.
Incluir la calidad de la educación en la medición de pobreza es valioso y urgente. Hacerlo a través de un único indicador estandarizado implica riesgos que deben ser cuidadosamente abordados. Si el foco está en garantizar derechos, el diseño debe ser pedagógicamente legítimo, socialmente cuidadoso y metodológicamente sólido.
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