La derecha en su laberinto: ¿qué hacer con las fake news?

Hace justo dos años la UDI manifestaba su “extrema preocupación” por la conformación de la Comisión Asesora contra la Desinformación, integrada por destacados académicos de nuestro país. Por entonces, ese partido logró aprobar en la Cámara Baja un proyecto de resolución que pedía al Gobierno revocar su creación. A su vez, el Senado aprobó otro acuerdo para declarar inconstitucional esta Comisión encargada de estudiar la desinformación en Chile. “Tiene olorcillo a Venezuela”, denunció el entonces jefe de la bancada de diputados de RN.

Hoy, en plena campaña presidencial 2025, Evelyn Matthei, candidata de la UDI y RN, fue blanco de una operación de desinformación en redes sociales que ponía en duda su estado de lucidez mental y, por lo tanto, su capacidad para el cargo. “Una campaña asquerosa” y que provenía de las filas republicanas, según ella misma denunció indignada y sorprendida.

Si la derecha chilena hubiese tenido más confianza en las advertencias y los análisis que hicieron los expertos de la señalada Comisión, quizás estarían hoy menos sorprendidos. En sus dos informes se dejó establecido, entre otras cosas, que el momento de mayor proliferación de la desinformación son las campañas electorales, que las redes sociales son su canal de difusión natural y que el propósito central de la desinformación es producir daño, engañar y causar perjuicios. Todo eso le pasó a Matthei.

Además, los especialistas nacionales advirtieron explícitamente acerca de los “impactos negativos que la proliferación de espacios de desinformación pueden tener para la estabilidad política y social del país”, calificando la desinformación como una “amenaza” para nuestra democracia.

Todo lo que le ocurrió a la candidata Matthei se anticipó en los documentos de la Comisión Asesora contra la Desinformación en Chile, a la que su sector se opuso, tanto que incluso la llevó al Tribunal Constitucional.

No es, en todo caso, la primera vez que vemos en Chile una campaña enlodada por la desinformación. Hace ya 8 años, en la presidencial del 2017, este fenómeno hizo su aparición en Chile. Ese año el diario El Mercurio llevó adelante una investigación periodística que detectó que durante la campaña presidencial “las noticias falsas más compartidas son aquellas relacionadas con política”.

Según la investigación, durante esa campaña presidencial se crearon medios digitales con el único fin de desprestigiar a los oponentes mediante desinformación: “elaustral.digital, lacrema.la y datochile.com son tres sitios web que desde hace dos meses publican noticias políticas. Algunas de ellas son exageradas y otras, falsas. Las noticias falsas de los tres sitios suman más de dos millones de interacciones (visitas, me gusta y compartidos). La web con más interacciones en sus noticias falsas es datochile.com (1.109.976); seguida por lacrema.la (1.091.368 interacciones), y elaustral.digital (202.215)”.

El 2017 la desinformación circulaba, sobre todo, en Twitter. Hoy las plataformas son más, con mayor alcance y también más dañinas. Bien lo vimos durante el proceso constitucional que estuvo completamente intoxicado por las llamadas fake news. Durante el período 2020-2022, el Servicio Electoral (Servel) recibió más de 200 denuncias por difusión de noticias falsas, lo que representó un cuarto del total de las denuncias recibidas. De hecho, esto llevó al Servel a habilitar un Repositorio de Noticias Falsas.

Lamentablemente, ni el Servel, ni ningún otro organismo en Chile tiene, por el momento, atribuciones para controlar ni para sancionar la desinformación, razón por la cual todas estas denuncias simplemente se archivan. Es decir, no es más que un repositorio cuya existencia no tiene consecuencia alguna para quienes intoxican el ambiente.

Y aquí está lo central de la cuestión: ¿qué hacer con la desinformación que hoy se toma la agenda en época de campaña, generando un ambiente de desorden informativo y que erosiona la democracia?

Si bien hay consenso entre organismos internacionales como la ONU, la OCDE, la UE, la OEA, etc., de que se trata de una de las más serias amenazas para la democracia, no existe el mismo consenso respecto de cómo enfrentarlas. Esto pasa, entre otras razones, porque a ciertos actores les gustan las fake news; otros, en tanto, creen en la autorregulación de las plataformas que las difunden; otros piensan que se podría poner en riesgo la libertad de expresión si se controla su difusión, etc.

No obstante, se están dando pasos en diferentes lugares del mundo. En Alemania, por ejemplo, a Ley de Redes Sociales (NetzDG) permite multar a plataformas que no eliminen contenido falso o difamatorio, incluyendo desinformación electoral; en Francia la ley contra la manipulación de la información (2018) permite bloquear contenido falso durante campañas electorales y sancionar a quienes lo difundan; en España la Junta Electoral puede ordenar la retirada de contenido engañoso de las plataformas.

En nuestro continente el país más avanzado en el tema es Brasil. Allí el Tribunal Superior Electoral (TSE) tiene potestad para multar o incluso inhabilitar candidatos que difundan fake news. Los cariocas aprendieron de la experiencia: luego de la oleada de desinformación que intoxicó las presidenciales de 2022, la Corte Suprema le dio la potestad al Tribunal Supremo Electoral para ordenar a las redes sociales eliminar contenido que se considere una amenaza a la democracia. Se llegó incluso a bloquear la red social X en todo Brasil, porque Elon Musk se negó a cumplir órdenes judiciales de suspender cuentas que estaban esparciendo desinformación política.

Para algunos se trata de medidas demasiado extremas. Olvidan, sin embargo, que lo que está en juego es algo extremo también: la democracia. Lo que la experiencia comparada parece estar demostrando es que solo medidas y regulaciones radicales, y no de medias tintas, son las que logran cierto efecto en el combate contra la desinformación. Esto implica, inevitablemente, enfrentamientos con los gigantes tecnológicos, pues es a través de sus redes sociales que los generadores de desinformación erosionan la salud democrática de los países.

Así las cosas, la derecha está ante el dilema de apoyar acciones positivas del Estado en este combate o hacerse la loca y seguir creyendo que la prescindencia de la acción estatal es lo mejor, tal como lo creyeron cuando se opusieron a la Comisión Asesora contra la Desinformación.