Leviatán IV, el equilibrio entre la innovación y la herencia ancestral, el Tratado de la OMPI

En un mundo que reclama soluciones tangibles a problemas complejos, la universidad debe reconfigurar su sistema de incentivos para abrazar con fervor la investigación aplicada y la innovación. Mi opinión es contundente: la persistente desconexión entre el quehacer académico y las necesidades de los territorios es, en gran medida, consecuencia de una matriz de incentivos para promoción y permanencia (P&T) que prioriza métricas abstractas sobre el impacto real. Es hora de que el valor social y territorial de la ciencia se traduzca en una valoración académica explícita, no solo en Chile, sino en gran parte del mundo desarrollado.

El problema de fondo radica en un sesgo histórico que ha privilegiado la publicación en revistas de alto impacto sobre cualquier otra forma de contribución académica. Si bien nadie discute el valor intrínseco de la investigación fundamental y la difusión del conocimiento a través de publicaciones, este enfoque estrecho ha generado una “torre de marfil” académica, muchas veces desvinculada de las realidades y urgencias de las comunidades locales.

Los académicos, inmersos en la presión por “publicar o perecer”, a menudo dirigen sus esfuerzos hacia temas de interés global sin una conexión directa con las problemáticas locales, perdiendo una oportunidad de oro para generar impacto en sus propios entornos.

El impacto territorial: un imperativo desatendido

La investigación aplicada y la innovación son las llaves para abordar los desafíos específicos de cada territorio. Pensemos en la agricultura resiliente ante el cambio climático, la gestión sostenible de recursos hídricos en zonas áridas, o el desarrollo de nuevas industrias basadas en recursos endógenos. Estos son problemas que exigen soluciones contextualizadas, y es la universidad, con su capital humano y de infraestructura, la llamada a liderar la generación de esas soluciones.

Los incentivos académicos deben, por tanto, vincularse intrínsecamente a este impacto territorial, valorando explícitamente, a estos efectos, actividades como las siguientes:

• Patentes solicitadas, otorgadas y licenciadas: no solo se debe considerar el número de patentes, sino su transferencia efectiva a la industria o a instituciones del territorio, generando beneficios económicos y sociales.
• Creación de spin-offs y startups regionales: se trata de empresas de base científico-tecnológica que nacen de la investigación universitaria y que generan empleo y riqueza en el territorio.
• Proyectos con los sectores público y privado locales: investigaciones y desarrollos financiados por gobiernos locales, municipios o empresas regionales, que aborden sus necesidades específicas.
• Incidencia en políticas públicas locales: la capacidad de la investigación para informar y transformar la toma de decisiones a nivel municipal o regional, generando un cambio sistémico.
• Formación de capital humano especializado para el territorio: programas de posgrado y formación continua que respondan a las demandas de talento de las industrias y organizaciones locales.

Es deseable que un académico que dedica años a resolver un problema crítico para su región, de una alta complejidad científica para obtener, por ejemplo, una patente de invención con novedad y nivel inventivo, o que acuerde un programa de investigación aplicada con la industria en un tema de alto valor científico y tecnológico,  reciba tanto reconocimiento en su carrera como aquel que publica un artículo en una revista extranjera de alto impacto, cuyo conocimiento, por valioso que sea, no encuentra una aplicación inmediata en el contexto local.

La carencia de regulaciones y el sesgo evaluativo: un problema global

La  realidad es que esta carencia de incentivos potentes y una regulación que los respalde no es exclusiva de Chile. Si bien se han dado pasos importantes a nivel internacional, como el documento de la APLU –Association of Public and Land-Grant Universities– de 2016 y los esfuerzos de la coalición PTIE –Promotion & Tenure – Innovation & Entrepreneurship– desde el 2020 en adelante, la implementación global de sistemas de P&T que valoren la innovación y la transferencia con la misma fuerza que la publicación tradicional es aún incipiente.

Muchos países desarrollados, a pesar de sus robustos ecosistemas de innovación, siguen arrastrando la inercia de modelos evaluativos del siglo XX, y si han prosperado y avanzado en innovación y transferencia, ello, más que a incentivos académicos, obedece a la real posibilidad de generar impacto en la sociedad con innovaciones que la benefician.

Esto se ve aún más afectado por los sesgos inherentes a la evaluación y la calificación académicas. Los comités de P&T, compuestos en gran medida por académicos formados bajo el paradigma tradicional, suelen carecer de la experiencia o la capacitación para evaluar adecuadamente el impacto de una patente, la creación de una startup o la influencia en una política pública. Existe una tendencia natural a valorar lo conocido y medible con facilidad.

Además, se suma el “sesgo de la disciplina”, donde las ciencias duras y la ingeniería pueden tener más facilidades para generar patentes que las ciencias sociales o las humanidades, cuyas contribuciones a la innovación pueden manifestarse de formas menos tangibles pero igualmente valiosas.

Por ello, resulta imprescindible:

1. Revisar los estatutos y reglamentos universitarios: el “Leviatán”, traído ahora a la superestructura regulatoria del sistema universitario, con fuentes en la autonomía y/o heteronomía institucional, debe contribuir a plasmar en su normativa interna el reconocimiento explícito de la I&E como un criterio fundamental para el avance académico. No basta con declaraciones de intenciones; antes bien, se necesitan reformas estructurales.
2. Capacitar a los comités evaluadores: es vital que quienes deciden la promoción y permanencia entiendan y valoren las diversas formas de transferencia tecnológica e innovación, más allá de la mera citación bibliográfica.
3. Desarrollar métricas cualitativas y cuantitativas robustas: se necesitan sistemas de evaluación que capturen el impacto social y económico de la I&E, incluyendo la creación de valor para los territorios, la formación de capital humano con habilidades relevantes para la industria local, y la resolución de problemas específicos de las comunidades. Esto implica ir más allá de los números de patentes y adentrarse en la calidad de esas patentes, su uso a nivel nacional e internacional, y su beneficio real.
4. Fomentar la colaboración interdisciplinaria e internacional: la innovación para los territorios a menudo requiere la integración de conocimientos de diversas áreas, desafiando las estructuras departamentales y facultativas tradicionales. Los incentivos deben premiar este tipo de colaboraciones, máxime cuando supone incorporar colaboraciones internacionales que fortalecen la calidad de la investigación aplicada y de las prácticas comparadas para transferir sus resultados a la sociedad y la industria.

En conclusión, el “Leviatán” universitario tiene el poder y la responsabilidad de catalizar el desarrollo de los territorios a través de la investigación aplicada y la innovación. Sin embargo, para que esto ocurra, debe someterse a una profunda autocrítica y reconfigurar sus sistemas de incentivos, superando sesgos arraigados y asumiendo un rol más activo y pertinente en la construcción de sociedades más prósperas y equitativas. La oportunidad es inmensa; la inacción, un lujo que nuestros territorios no pueden permitirse.