Colusión para licencias: los médicos que dejaron sin salud a toda una comuna

A pocos meses del escándalo nacional por uso fraudulento de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, un nuevo caso de mal uso de subsidios quedó al descubierto en Pemuco, Región de Ñuble, donde el único Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna quedó sin atención por cinco días debido a ello.

Los hechos se desencadenaron en medio de la crisis financiera que hace meses enfrenta el municipio, a raíz de la cual, el 16 de mayo pasado, el concejo municipal decidió poner fin a una asignación transitoria que elevaba las remuneraciones de los médicos del Cesfam a rangos que, en complemento con otros bonos, oscilaban entre los 3 y 12 millones de pesos.

Por cierto –según dijeron fuentes de la comuna a El Mostrador–, dicha decisión no solo se basó en la crisis económica, sino también en los persistentes reclamos de vecinos que denunciaban que los médicos no se presentaban a sus turnos o citas agendadas, justificándose con licencias médicas. Al respecto, la concejala Isabel Troncoso sospecha que, al no estar conformes con los sueldos, los profesionales utilizaban el supuesto reposo para trabajar en clínicas particulares: “Era una falta de respeto para nuestra comuna”.

Ante la decisión del concejo, la reacción de los siete profesionales fue unánime, pues el mismo día en que se puso fin al bono “los médicos se dieron todos licencia al mismo tiempo”, recordó la concejala, en referencia a Lorena Morales Quintero, Héctor Plaza Moreira, Norelys Portales Farías, Febres Andara Medina, Anny Tomas Ulacio, Keilen Sánchez Ríos y María Jaime Grimont, todos de nacionalidad venezolana y ecuatoriana.

Grimont comunicó, a través del grupo de Facebook “Tus avisos Pemuco”, que “a partir del 17 de mayo la comunidad de Pemuco no tendrá atenciones con médicos (…) en vista de que el honorable concejo municipal estableció que debido a un déficit presupuestario (…) no existen los recursos suficientes para costear el pago de los médicos”.

Imagen: 24 Horas.

La paralización del Cesfam golpeó duramente a la comuna. Pemuco es la segunda localidad con mayor índice de pobreza de la Región de Ñuble, con un 19% de su población viviendo con ingresos muy bajos, según cifras del Ministerio de Desarrollo Social. La dependencia del sistema público es casi total: “El 90% de la población es Fonasa A y B, el 3% es isapre y el resto copago cero”, detalló el director de Salud Municipal, Francisco Garrido.

El Cesfam atiende a más de 9 mil personas, una cifra superior incluso a los habitantes registrados de Pemuco en el último Censo (8 mil 500). Durante los cinco días sin médicos, los usuarios debieron trasladarse a otras comunas o, en muchos casos, recurrir a consultas particulares.

“Solicitamos médicos generales de zona al Servicio de Salud Ñuble y luego volvieron a trabajar los demás”, explicó Garrido. La medida permitió reorganizar temporalmente la atención, tal y como informó la Municipalidad de Pemuco en sus redes sociales el 23 de mayo, al solicitar médicos reemplazantes para quienes no habían retomado sus funciones.

 

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Del oficio a la formalización 

El mismo día, los concejales de la comuna enviaron un oficio a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Ñuble alertando sobre lo ocurrido, pues les “parecía curioso que se enfermaran todos a la vez”, como dijo una de las fuentes consultadas por El Mostrador.

Algunas semanas después, la CGR anunció el inicio de una investigación especial que incluía un examen de cuentas en el servicio. Paralelamente, la Fiscalía de Ñuble inició sus propias pesquisas. A los siete médicos de Pemuco se sumaron tres de otras zonas por el mismo motivo: licencias médicas falsas.

Como resultado de las indagatorias, el Ministerio Público formalizó a cinco profesionales de la salud, acusados de haberse emitido mutuamente licencias médicas falsas. El pasado 4 de septiembre se realizó la audiencia de formalización, a la que se presentó la mitad de los médicos investigados, pues a los siete médicos de Pemuco se suman otros tres que, a juicio de la Fiscalía, también emitieron licencias ideológicamente falsas, destinadas a sus colegas del Cesfam.

En el caso de Pemuco, las facultativas Lorena Morales Quintero, María Alejandra Jaime Grimont y Keilen Sánchez Ríos. Según informo la fiscal (s) de Chillán, Valentina Hormazábal, fueron formalizadas y quedaron con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de emitir licencias médicas durante los meses que dure la investigación. Las tres fueron acusadas de los delitos de emisión de licencia médica falsa, obtención de licencia médica falsa y fraude de subvenciones. Otros dos profesionales, Linda Castellanos Ojeda y Víctor Manuel Pachay Castro, fueron formalizados por el delito de emisión de licencia falsa.

Para los cinco imputados que no comparecieron, el tribunal fijó una nueva audiencia para el 21 de octubre. Cabe recalcar que desde el Ministerio Público no descartaron que las pesquisas pudieran ampliar los cargos a otros delitos.

Para evitar que algo similar vuelva a ocurrir, el director de Salud Municipal aseguró que se están adoptando resguardos. En conjunto con la Compin, elaboraron un reglamento aplicable para todos los funcionarios de la institución para regular y fiscalizar el uso de licencias médicas, normativa que deberá ser aprobada por el concejo municipal.

Actualmente, solo dos de los médicos involucrados en la colusión de las licencias sigue trabajando en el Cesfam: Norelys Portales y Héctor Plaza. El resto presentó su renuncia voluntaria entre junio y julio de este año.

El episodio no solo derivó en investigaciones judiciales, sino también en cuestionamientos a la gestión interna del Departamento de Salud Municipal. En el oficio enviado a Contraloría, los concejales, además de denunciar a los médicos, también solicitaron indagar a Garrido y al alcalde Johnnson Guíñez, acusando un “notable abandono de deberes” frente al caso.

Garrido se defendió, asegurando que su departamento presentó la denuncia a la Compin dentro de los plazos legales, incluso antes de la acción de los concejales. El alcalde, en tanto, declinó referirse al tema, señalando que estaba en “manos de la Justicia”.