A Jara y al PC (“Buscando un símbolo de paz”)

Hay partidos que, más que maquinaria, son atmósferas. El Partido Comunista chileno es uno de ellos. No cabe comprenderlo únicamente por sus existencias presentes (ministros, alcaldes, candidatura presidencial), sino por sedimentos hondos, una tradición que opera como corriente subterránea. A ese sedimento se lo suele tratar con ligereza, pero es espeso y resistente.

El PC se define oficialmente como marxista–leninista. La designación no es ornamental. Lenin es una manera de entender, un orden de comprensión. Su figura significa un partido conductor, dotado de un mandato privilegiado, una misión histórica, que lo legitima para reorganizar la sociedad según su cosmovisión. No es resultado del azar que los regímenes que siguen esa tradición hayan tendido al partido único y al disciplinamiento, cuando no a la persecución de la disidencia.

En Chile, el PC ha tratado de compatibilizar tal cuño totalitario con la democracia. Pero la tensión persiste en el trasfondo, sin nunca desaparecer.

Ese trasfondo consta cuando el PC denomina a la democracia chilena como un régimen “heredado de la dictadura”. Hay aspectos de crítica atendibles y es efectivo que nos hallamos en una crisis que hoy se extiende, en lo central, a la legitimidad política, la seguridad y la productividad. Pero el PC no se detiene en diagnosticar esta crisis como una etapa superable en dirección inequívoca hacia la recuperación de una democracia republicana en forma.

Cuando el PC habla de superación está pensando en una “democracia avanzada”. Esta es una categoría ambigua. En la tradición leninista el papel dirigente lo asume el partido y la oposición ha de subordinarse. No se trata del asalto inmediato al palacio de invierno, pero tampoco debe desconocerse el riesgo totalitario que importa tal concepción en el mediano plazo.

La acción del PC para el proceso constituyente de 2019 fue ilustrativa de su pulsión totalitaria. Cuando casi todos los movimientos concurrieron al acuerdo impulsado por RN y el PS para encauzar institucionalmente la crisis de octubre, el PC se restó. El argumento fue que la legitimidad también radicaba en la calle.

La combinación de presencia institucional, por una parte, y presión fáctica, por la otra, configura una doble cara: una republicana; otra de movilización que desconfía de la deliberación y el acuerdo. Podría pensarse, incluso, que se trata -la verdad- de una estrategia de tenazas.

Las tradiciones políticas van dejando marcas. Ellas orientan el paso de fondo y definen las maneras de reaccionar y actuar. El PC chileno muestra dos marcas contradictorias: la democrática, donde un papel lo juega también el sufrimiento de sus militantes y la leninista o fáctica, de la disputa cruda del poder, que lo inclina a concebir la política menos como negociación y deliberación entre iguales que como lucha de fuerzas y que pasa, inevitablemente, por un momento de violencia e imposición sobre el opositor.

La actitud internacional del PC expresa bien el doble juego: guarda deferencia persistente hacia regímenes que, con variaciones, son, empero, inequívocamente autocráticos. Cuba, Venezuela, hasta Corea del Norte en su minuto, son tratadas con una indulgencia y lenidad que rara vez se observan hacia democracias imperfectas pero abiertas, cuando su signo es distinto al del PC.

No estoy suponiendo que el PC quiera ejecutar ahora el régimen de partido único. El proceso es más sutil y soterrado. Es una tendencia, una tentación, incluso, propia de la tradición leninista, hacia la justificación del sometimiento de las estructuras republicanas, incluidas las disidencias, en el nombre de la causa histórica. Hacia el sacrificio, en el altar de los principios del partido, de las instituciones democrático-constitucionales.

Mientras esa reserva mental, trasunta en documentos y actitudes, no se disipe, la inquietud ciudadana frente al PC será inevitable.

El PC intenta, con Jara, conquistar la Presidencia de la República. Sus posibilidades son remotas, por no decir nulas. Sin embargo, un PC en la oposición puede ser también amenaza para la República.

Se hace exigible, entonces, una petición, breve, sencilla, pero decisiva: el compromiso explícito del PC con la no violencia, con el respeto estricto a los acuerdos, con la renuncia a la presión callejera como forma de socavar la legitimidad del sistema político.

Un compromiso nítido en este sentido no sería un gesto de mera retórica. Nuestra democracia pasa por una crisis profunda. El nuevo gobierno estará sometido a fuertes presiones. Kast queda, desde ya, requerido a terminar con las intransigencias y a abrirse a una era de reformas inclusivas, en la que el país de las décadas por venir pueda sentirse auténticamente reconocido. Es lo mínimo que se puede esperar de él y sus colaboradores.

Pero así como el compromiso del nuevo gobierno con la vía de acuerdos y conversaciones, de grandes reformas, especialmente en un escenario en el cual se requerirá combatir los poderes del crimen organizado y una inmigración descontrolada, es una exigencia insoslayable, el PC queda puesto, también, ante un requerimiento republicano serio e inequívoco.

Su compromiso con la no violencia y su renuncia expresa a la lucha callejera serían la señal de que, por fin, la tradición democrática del PC ha logrado prevalecer sobre su inclinación totalitaria y el funesto influjo leninista. Serían la señal de que, cuando llegue el momento cardinal, el partido optará por apoyar la frágil arquitectura republicana antes que por seguir dudosos llamados espectrales de la historia.

El país necesita símbolos de paz. Ellos se construyen con compromisos inequívocos. Compromisos sin reservas mentales ni dobleces.