Balance 2025: el shock del caso licencias médicas y los cambios en la confianza legítima

Diciembre suele ser un mes de balances y la Administración Pública no escapa a esta realidad. El año 2025 fue un año singular, especialmente tras dos hitos: el caso de las licencias médicas y los cambios en materia de confianza legítima para el empleo a contrata. Ambos acontecimientos sentaron un terreno fértil para que el gobierno de Gabriel Boric encabezara un proceso de reforma al Estatuto Administrativo. No obstante, la oportunidad fue desperdiciada, desafío que quedará en manos del próximo gobierno.

Los casos de funcionarios públicos que hicieron uso fraudulento de licencias médicas causó un daño reputacional enorme a la función pública. Los informes realizados por la Contraloría General de la República (CGR) detectaron desde funcionarios que viajaron fuera del país hasta trabajadores que, en el marco de un reposo, hicieron acto de presencia en parques nacionales y casinos de juego. En lo que a números se refiere, fueron más de 25 mil los funcionarios que salieron del país entre los años 2023 y 2024. Posteriormente, una nueva CIC (Consolidado de Información Circularizada) reveló que más de 13 mil funcionarios asistieron a casinos.

Las repercusiones en torno a las CIC N°9 y N°15 no se hicieron esperar. El gobierno conformó un comité encargado de investigar estos casos. Según el último balance emitido por la Dirección de Presupuestos, de las 251 instituciones involucradas y sus 28.028 funcionarios, se aplicará sumario a un total de 25.810, de los cuales 20.794 procesos están en curso y ya existen 562 procesos cerrados. De acuerdo con el informe, se estima de forma preliminar que el daño económico sería $36.000 millones.

Al revisar las cifras, otro aspecto llamativo es la velocidad de los sumarios, donde hoy existe una tasa de casos cerrados de poco más de un 2%. Esto revela la baja velocidad con la que operan los sumarios en Chile, instrumentos de fiscalización destinados a detectar responsabilidades administrativas y que se efectúan dentro del mismo servicio público.

El segundo hecho, menos noticioso, pero no menos importante para la Administración Pública, han sido los cambios en la denominada confianza legítima en el empleo a contrata. Es importante mencionar que el empleo a contrata es de carácter transitorio, cuya fecha de expiración máxima es el cierre de cada año, sujeto a renovación si lo amerita.

Durante la gestión de Jorge Bermúdez como Contralor (2015–2023), se abrió la posibilidad de que, en el caso de funcionarios a contrata con dos años o más, se interpretara la existencia de una confianza legítima. Asimismo, se abrió la puerta para que los trabajadores que no hubiesen sido renovados y que cumplían con este requisito pudieran reclamar ante la CGR en lugar de recurrir a la justicia, considerando que la Corte Suprema había fijado una ventana superior como expectativa de continuidad.

Bajo la administración de Dorothy Pérez este paradigma cambió, disolviéndose no solamente la doctrina Bermúdez, sino que, además, la CGR ya no revisa este tipo de reclamos. La justicia, recientemente, ha ido más allá, rechazando este principio por falta de consagración normativa.

El caso licencias y la situación actual del empleo a contrata han sido una oportunidad histórica para reformar el Estatuto Administrativo, no solo en la regulación del empleo público, sino también en materia de modernización de las evaluaciones de desempeño para los trabajadores de planta, junto con perfeccionar la estructura y establecer plazos para los sumarios. La CGR también ha solicitado mayores atribuciones, las que deben apuntar a mejorar los mecanismos de control.

El año 2025 podría considerarse como una oportunidad perdida para avanzar en una reforma profunda a la Administración Pública. La administración Boric tuvo un campo fértil y el respaldo de la opinión pública para llevar adelante un proceso con tareas encomendadas para el próximo gobierno. Sin embargo, se decidió actuar mediante el seguimiento de sumarios y el envío de proyectos de ley específicos.

La reforma quedará en manos del presidente electo José Antonio Kast, quien anticipó una serie de recortes con montos cercanos a los 6 mil millones, aunque con incertidumbre sobre qué aspectos de la administración del Estado serán objeto de revisión. Su reciente reunión con la Contralora Dorothy Pérez es una clara señal de que la reforma será un eje importante para el próximo gobierno. En el ámbito de la fiscalización, de realizarse masivas auditorías, se podrá conocer dónde se encuentran los nudos en los que hay duplicidad de funciones entre servicios (un problema histórico no resuelto en el sector público). Bajo la tesis del gobierno de emergencia, sería esperable un giro en el enfoque presupuestario, pensando en la construcción de un presupuesto base cero para 2027 tal y como ocurrió durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia.

Como conclusión, el actual gobierno dejó en manos de la próxima administración el liderazgo para una reforma profunda al Estado. Estas reformas no solamente deben apuntar a recortes presupuestarios, auditorías y poner término a la duplicidad de funciones. En el plano normativo, urge una transformación seria al Estatuto Administrativo, con el afán de mejorar los incentivos dentro de la carrera funcionaria, modernizar los mecanismos de evaluación de desempeño, dar certezas sobre el empleo a contrata y perfeccionar la supervisión sobre funcionarios y jefaturas. Si la reforma solo se sostiene en recortes y auditorías se estará dando un paso importante, mas no suficiente de cara a mejorar la calidad del servicio público en nuestro país.