No intervención, no indiferencia: Venezuela y el límite de la soberanía

El principio de no intervención es una norma fundamental en derecho internacional. Su justificación inmediata se encuentra en la soberanía estatal, es decir, en el exclusivo derecho que le asiste a todo Estado independiente de gobernar dentro de su territorio. Sin embargo, una aplicación excesivamente formalista de este principio podría encubrir desastres mayores que los que se derivan de su vulneración. En otras palabras, la soberanía no puede usarse como excusa para justificar violaciones sistemáticas de derechos humanos. 

Por tanto, en situaciones sumamente excepcionales, no parece razonable anatemizar cualquier forma de intervención de un Gobierno que ha perpetuado el régimen del terror. Esto es lo que se conoce en la literatura como la intervención humanitaria (que se relaciona con la responsabilidad de proteger o “R2P”), en torno a la cual existen posiciones divergentes por los riesgos que implica. ¿Qué razones ameritan intervenir militarmente? ¿Quién determina la existencia de tales razones? Estas preguntas son siempre imprescindibles, especialmente cuando las señales son confusas y las circunstancias dejan lugar a una duda razonable. 

Pero este no es el caso de Venezuela. Si antes del 28 de julio de 2024 existía tal duda razonable, luego del fraude electoral perpetrado por el chavismo –que fue certificado por observadores imparciales y visto por el mundo entero–, pareciera ser inequívoca la necesidad de intervención humanitaria. La ilegitimidad constitucional y la suplantación de la soberanía solo se suma al éxodo de millones de venezolanos, a la persecución de toda forma de disidencia política, al desconocido número de personas desaparecidas y a su alianza con el narcotráfico. Cerrar los ojos ante la evidencia ya dejó de ser simple desidia. 

Ahora bien, lo cierto es que toda injerencia viene siempre acompañada de otros intereses más que el puro afecto a la democracia. Es una premisa de las relaciones internacionales que todo Estado actúa siempre con base en intereses propios, generalmente de carácter económico. Por eso en estos asuntos conviene dar lugar a cierto grado de pragmatismo, en la medida en que el Estado de derecho sea restablecido y los derechos humanos sean garantizados. 

En definitiva, debemos cuidarnos de invocar la no intervención para blindar al verdugo. Cuando el poder pierde todo sustento jurídico y además las emprende contra los ciudadanos, la soberanía no es más que una vulgar coartada. Que haya intereses en juego no es novedad; la novedad intolerable es usar esos intereses como excusa para no hacer nada. Si la soberanía es responsabilidad, entonces el mundo tiene una responsabilidad también: que Venezuela vuelva a ser un país libre y no un cautiverio.