Basta de balances sobre la corrupción: es hora de la acción

Los cierres de año, los inicios de nuevos ciclos y, en general, los cambios tienden a ser momentos propicios para tomar un respiro y reflexionar, para hacer balance de lo que hemos hecho y analizar las oportunidades que nos ofrece el porvenir.

Lo cierto es que los balances sobran. Desde las transformaciones en el escenario geopolítico mundial, los cambios en el rumbo político, las modificaciones en el ejercicio de la ciudadanía, el desapego o desacoplamiento de las estructuras sociales, pero, sobre todo, un año en que la corrupción dejó de ser una sorpresa y se convirtió en un tema de conversación recurrente.

Veníamos de un 2024 que se caracterizó por la judicialización de la política, por un sinnúmero de actores públicos que enfrentaron la justicia por delitos de corrupción, una suerte de “farandulización judicial”, donde nos enteramos más de la discusión política por lo que sucedía en tribunales que por lo que ocurría en las instituciones democráticas deliberativas.

El 2025 no fue muy distinto. Se siguieron descubriendo escándalos en municipios, instituciones públicas y entre funcionarios públicos (como el caso del uso de licencias médicas), pero la gran sorpresa se dio en el Poder Judicial, donde los tribunales parecían más cercanos a redes de favores que a instituciones administradoras de justicia.

Más allá de dónde se observe la corrupción, el balance es el mismo: una débil institucionalidad, soluciones cortoplacistas, áreas de opacidad, endogamia del poder y, sobre todo, un poder público que se ejerce sin sintonía con los problemas más importantes y urgentes para las personas.

Por más balances que hagamos año tras año, el problema es el mismo: ¿cómo gestionamos acciones concretas que nos permitan poner freno a estos males? Y es que el asombro temporal que produce conocer los casos de corrupción no es suficiente para detonar cambios estructurales duraderos en el tiempo.

Es necesario habilitar espacios condicionantes que logren llevar las ideas de solución a la acción, que permitan que la anomia de la corrupción sea una excepción y no una constante en nuestra sociedad. Ello requiere liderazgos decididos, una mirada estratégica y de largo plazo, centrarse en las causas y no en los síntomas, y no olvidar que una buena política no acaba sus esfuerzos en el diseño, sino en la capacidad de ser implementada con éxito en la diversidad institucional nacional.