El desafío de J. A. Kast: quitar el bozal al litio y a la salmonicultura

Marzo arrancará con un nuevo gobierno que dispone de solo cuatro años, sin reelección ni mayoría en el Congreso. Ante ese escenario la tentación es concentrar los esfuerzos en la gestión: personas de excelencia, implementación de tecnología, reformas por vía administrativa.

Aunque es mucho lo que puede lograrse transitando por la avenida de la gestión, existe un techo. Marcos regulatorios e institucionales con crecientes grados de disfuncionalidad limitan cuán lejos se puede avanzar. Para alcanzar el potencial hoy subaprovechado, vamos a necesitar además de una serie de reformas impostergables que sobrepasan la esfera de la gestión.

Dos de ellas se requieren para liberar el alto potencial que Chile tiene en sectores cuyos productos son demandados por el mundo: litio y acuicultura. Me refiero a la impostergable normalización del litio como mineral concesible y a la también impostergable racionalización de la Ley Lafkenche.

Partamos por el llamado oro blanco.  Aun cuando el litio es una de las grandes oportunidades económicas de Chile y hay decenas de salares con potencial, hoy solo existen dos faenas en explotación, y en un solo salar, el de Atacama. La más reciente de ellas abrió hace ya 29 años. Es de esperar que la recién constituida sociedad entre Codelco y SQM, que debutó con un nuevo directorio, pueda aumentar la producción de una de ellas. Ambas empresas socias cuentan con las capacidades para lograrlo.

Pero para el resto de los salares (o para otros sectores en el de Atacama) ¿qué sentido tiene persistir con el lento y discrecional sistema de otorgamiento de contratos especiales de operación de litio (CEOL), que son altamente susceptibles a judicializaciones por la superposición con los dueños de las concesiones regulares? El gobierno saliente gozó de cuatro largos años para adjudicarlos ¿Y qué logró? Al momento que escribo, un solo CEOL, que además está en tribunales (aunque es posible que veamos más de aquí al 11 de marzo; ojalá así sea).

El ritmo geológico de avance no es consecuencia de falta de interés de parte del gobierno, ni menos de potenciales inversionistas como lo demuestra el auge de proyectos en Argentina. No, el freno lo impone una regulación hace ya mucho obsoleta, promulgada en dictadura cuando se pensaba que futuro de este elemento estaba en las aplicaciones nucleares. La información de aquel entonces situaba las reservas de Chile en un 40% del total, lo que se creía nos dotaría de un poder de mercado extraordinario. Con eso en mente, se resolvió que el litio sería el único de los 118 elementos no susceptible de concesiones, el instrumento que tan provechosos resultados nos ha dado en otros minerales. Transcurridos 43 años, sabemos fehacientemente que el presente del litio son las baterías, y el último cómputo arroja que nuestro país da cuenta de solo un 9,6% de los recursos (y bajando).

Pasemos ahora a la Ley Lafkenche. En 2005 el gobierno del presidente Lagos envió al Congreso un mensaje cuyo espíritu original era reconocer el uso ribereño consuetudinario por parte de comunidades indígenas, mediante la cesión de espacios costeros marinos. La iniciativa estaba diseñada para asignar espacios pequeños a agrupaciones de algueros, mariscadores u otros grupos de baja escala. En ese entendido lo impulsó la primera administración de la presidenta Bachelet y en 2007 lo aprobó el Congreso.

El diseño, sin embargo, adolece de serias deficiencias. La ley no establece límite al tamaño del espacio a solicitar, ni un examen de admisibilidad riguroso en lo referido al uso consuetudinario. La sola solicitud, una vez admitida a tramitación, genera un efecto suspensivo sin límite temporal alguno y los criterios para dar por verificado el uso consuetudinario indígena son extremadamente laxos.

En consecuencia, lo que se presentó como un beneficio razonable para comunidades costeras ha sido sujeto de abusos a gran escala. A fines de 2024 había 34 espacios entregados sobre una superficie de 222 mil hectáreas y 109 solicitudes pendientes por 3,8 millones de hectáreas. De usos ancestrales locales pasamos a una superficie del tamaño de Dinamarca. Tal envergadura subvierte el propio nombre de la ley sobre espacios marinos costeros. Este exceso ha configurado una enorme traba a la actividad económica del sur.

Está muy bien estrujar cuanto se pueda las oportunidades de la gestión, pero una vez tocado techo toca graduarse a fase 2. Es de esperar que la agenda del Presidente electo incluya imprimirle urgencia a la moción presentada por un parlamentario de sus filas, que declara concesible el litio y racionalice la Ley Lafkenche. Darle cuerpo al concepto de “gobierno de emergencia” implica integrar dos variables a la ecuación: gestión y reformas.