El leviatán de la innovación en la UTI de la DIPRES (parte II)

En una reciente columna, nos referimos al reciente debate sobre la eficacia y el futuro del sistema chileno de innovación y transferencia tecnológica, a partir de la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) sobre el Programa de Transferencia Tecnológica (OTL y HUBs).

A partir de tal evaluación, que reveló fracturas profundas en la articulación entre el Estado, la academia y la sociedad, el Panel de Evaluación constató fallas de diseño, frente a las que ANID asumió compromisos fundamentales, mientras el conjunto de Universidades Estatales, a través del trabajo que realiza para fortalecerse, demanda reconfiguraciones necesarias a partir de su propio rol en el sistema nacional de innovación.

En la columna previa analizamos temas tales como los sesgos evaluativos en la torre de marfil académica vinculados a procesos de promoción y permanencia (“promotion and tenure”); la carencia de métricas cualitativas y cuantitativas de los incentivos para avanzar el impacto de la innovación en los territorios; y la deuda de equidad y el licenciamiento socialmente responsable.  Esta vez nos referiremos a otros desafíos que se derivan de la evaluación de la DIPRES, que son relevantes de asumir, de manera coetánea a la existencia del proceso de reflexión derivado de la Ley de Transferencia Tecnológica que está analizando el Congreso Nacional, y que se complementan con lo tratado en la primera parte de esta columna.

La Nueva Frontera: Inteligencia Artificial, Territorio y Ética

La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) exige una relectura del contrato social entre el Estado y sus instituciones académicas. La IA no es solo una herramienta tecnológica; es un motor de transformación que debe ser encauzado para potenciar las capacidades cardinales de la universidad.

Las universidades estatales deben liderar la investigación aplicada intensiva en IA para abordar desafíos específicos del territorio, capitalizando sus fortalezas. Por ejemplo, la Universidad de Tarapacá (UTA) puede aplicar IA para la optimización de la agricultura en zonas áridas, la gestión inteligente de recursos hídricos y, de manera distintiva, para la preservación del patrimonio cultural, como la milenaria cultura Chinchorro. Esto se alinea con la estrategia regional de fortalecer la capacidad de innovación autóctona.

El Panel y la ANID, al reformular los criterios y objetivos del programa OTL/HUB, deberían agregar como requisito fundamental para el financiamiento (especialmente en el componente Hub, enfocado en escalamiento) que los proyectos incorporen:

1. Desarrollo de tecnologías con uso intensivo de IA para acelerar el descubrimiento científico y la generación de resultados de investigación, reduciendo los ciclos de I+D.
2. Soluciones de IA orientadas a Objetivos de Desarrollo Sustentable específicos, tales como Salud para Todos, Hambre Cero, Acción por el Clima, Educación Inclusiva, Equitativa y de Calidad, Equidad de Género, Desarrollo Económico Equitativo con Justicia Social, entre varios otros de similar entidad e importancia global, asegurando el retorno social del conocimiento.

La PI, la IA y el Conocimiento Tradicional (CT)

La IA plantea desafíos éticos y de PI inéditos, ciertamente no es neutral, antes bien es un reflejo de los sesgos presentes en los datos con los que se entrena. Si las universidades no actúan proactivamente se podrían exacerbar las desigualdades antes referidas.

Esto se vincula íntimamente con la protección de los Conocimientos Tradicionales (CT). El hito del Tratado de la OMPI de 2024 exige la divulgación obligatoria de la fuente de los recursos genéticos y el CT asociados a una invención patentada.

• Las universidades estatales tienen la responsabilidad de ser puentes para el fortalecimiento de las confianzas entre las comunidades indígenas y los innovadores, garantizando el Consentimiento Previo e Informado (PIC) y la Distribución Justa y Equitativa de Beneficios (ABS) establecido por la Convención de Biodiversidad y otra normativa internacional similar.

La ANID y las Universidades deben establecer protocolos explícitos de PI/TT que integren el Tratado de la OMPI y las disposiciones de la Ley 19.039, cuidando siempre que exista una utilización sustentable del patrimonio biológico y genético, con el fin de que en los proyectos de I+D vinculados a su utilización, prevalezcan las convenciones internacionales que se han adoptado para fortalecer los objetivos de cuidado de la salud y la seguridad alimentaria ya referidos.