¿Legado en la política científica?

Esta semana escuchamos a Josep Borrell en la Universidad de Chile, en la conferencia “Desafíos de la Política Mundial”, aunque el diagnóstico sobre la reconfiguración del poder global ya no sorprende a nadie, igualmente impacta oír, con crudeza, que entramos a una etapa menos cooperativa, más disputada, más frágil: una transición en la que las potencias compiten, la desinformación erosiona la confianza pública y la democracia parece vivir en un estado de sospecha permanente. Ese tipo de mundo no solo tensiona las fronteras y economías, también tensiona el conocimiento, el modo en que construimos verdad compartida y, por tanto, la manera en que decidimos como país.

No es casual que, en otra intervención en Chile en enero del 2025, Borrell haya vinculado la discusión democrática con polarización y “noticias falsas”, recordándonos que el problema no es solo geopolítico, sino también cultural y político, y que la crisis es, además, una crisis de legitimidad y de confianza. 

En ese escenario, la ciencia y la innovación adquieren una misión política más relevante que nunca. La ciencia, por definición, solo existe porque es colaborativa: se contrasta, se discute, se revisa, se comparte. Y la innovación, cuando se entiende en serio, no es solo emprendimiento o “modernización”: es seguridad y soberanía. Es la capacidad de un país para no depender completamente de otros cuando se interrumpen las cadenas de suministros, ncuando se encarecen tecnologías críticas o cuando cambian las reglas del juego global. En un mundo cada vez más incierto, la política científica no es un lujo. Es un imperativo.

Por eso decepciona constatar que el gran ausente de este Gobierno fue, precisamente, el desarrollo de una política pública robusta para promover, sostener y articular la ciencia y la innovación como elementos centrales del desarrollo y de la toma de decisiones. No nos referimos a declaraciones generales ni a gestos simbólicos. Hablamos de algo más concreto: de un diseño político que permita que el conocimiento se produzca, se sostenga y circule con estabilidad; que el sistema se fortalezca; que las capacidades no dependan del voluntarismo; que el Estado trate a la ciencia como infraestructura estratégica.

Lo paradójico es que, al menos en el papel, el programa del Presidente Boric trazaba la ruta correcta. En él se comprometía un aumento escalonado del presupuesto en CTCI hasta llegar al 1% del PIB, junto con un cambio de lógica: transitar de un esquema subsidiario, competitivo e individual hacia uno de colaboración con proyección de futuro. También se proponía un financiamiento basal orientado a universidades estatales e institutos tecnológicos y de investigación públicos, con evaluaciones que superaran la obsesión por el indicador bibliométrico e incorporaran la colaboración, transferencia y participación social. Asimismo,  se anunciaba una orientación por misiones (que nos permitiría enfocar esfuerzos en las principales crisis), con metas claras y articulación permanente entre el Estado, universidades, centros, sociedad civil y territorios.

Para quienes trabajamos hace años en ciencia, innovación e interfaz, ese horizonte tenía sentido. La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué pasó durante estos cuatro años?

Partamos por lo básico. El “salto” prometido no ocurrió. Si miramos la partida presupuestaria del Ministerio de Ciencia en la Dipres, el total neto pasa de aproximadamente $582 mil millones en 2022 a cerca de $792 mil millones en 2026 (cifras en miles de pesos en los resúmenes de Dipres). Es decir, hay incrementos nominales año a año, sí; pero lejos de lo comprometido y sin una trayectoria política clara multianual que nos acerque al estándar mínimo OCDE, ni menos avanzar hacia un rediseño estructural del sistema que lo haga sostenible.

Y, lo que es más revelador, cuando se mira por dentro, aparecen señales contrarias a la épica programática: en el presupuesto 2024, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso Nacional reporta un aumento real acotado (1,6%) y, a la vez, una caída importante en formación de capital humano avanzado (-10,2%), precisamente en una dimensión crítica para sostener capacidades científicas en el tiempo. No es un detalle técnico: es una decisión política sobre qué se prioriza cuando el margen fiscal se estrecha.

¿Hubo otras iniciativas? Si, es cierto. El Financiamiento Estructural Universitario (FIU), que abrió líneas como “Frontera” con montos de largo plazo (hasta 10 años) y topes que, en algunos casos, rondan los  $10.400 millones por proyecto. Es un instrumento significativo, y conviene reconocerlo. Pero también hay que decirlo con honestidad: no equivale a la promesa de “financiamiento basal” como política sistémica para las universidades estatales, centros estratégicos e institutos públicos. Al ser un fondo competitivo, dejó sin financiamiento a muchas universidades y, una vez más, falló en organizar el ecosistema o en  reemplazar la precariedad estructural del “proyecto a proyecto”.

Más aún: mientras se anuncian instrumentos, el sistema acusa inestabilidad en áreas neurálgicas. A fines de diciembre de 2025, distintos medios dieron cuenta de  controversias por cambios en la entrega de recursos y por centros de investigación que quedaban fuera de financiamiento, con acusaciones de incoherencias presupuestarias y de afectación a líneas estratégicas. Si el país quiere tomarse en serio la investigación de frontera, la investigación aplicada y la investigación territorial, entonces la continuidad no puede depender de tensiones anuales, glosas cambiantes o incertidumbre administrativa.

¿Fue solo falta de voluntad? Sería simplista afirmarlo. Este Gobierno enfrentó restricciones fiscales reales y una discusión presupuestaria marcada por el control del déficit junto con prioridades sociales y de seguridad que coparon la agenda. Pero justamente ahí está el punto político de fondo: cuando la ciencia y la innovación se consideran “un sector más”, pierden. Siempre pierden. Porque sus retornos no calzan con el ciclo electoral, porque sus resultados no se inauguran con cinta, porque su impacto se mide en capacidad acumulada o cuando es urgente acudir a ella, como en la pandemia o cuando -literal- el incendio está demasiado cerca de las casas. 

La política científica no se construye con parches, ni con una suma de concursos, ni con discursos entusiastas. Se construye con institucionalidad, estabilidad y dirección estratégica. Y eso, en la escala comprometida, no ocurrió. Quedamos lejos de la meta del 1% del PIB y lejos del cambio de lógica prometido: pasar desde la competitividad individual hacia la colaboración sostenida, con financiamiento basal y misiones país.

Lo más delicado es que este vacío no es solo “técnico”. Es un déficit político. Porque, en tiempos de crisis de confianza, la ciencia es una de las pocas instituciones capaces de sostener procedimientos de verdad: métodos, revisión, contraste y transparencia. Si debilitamos el sistema científico, si lo dejamos en precariedad, si lo hacemos depender de esfuerzos heroicos y no de políticas estables, si lo abandonamos a la competencia, entonces no solo debilitamos laboratorios o publicaciones, debilitamos nuestra democracia y nuestra soberanía.

Estamos a meses de que termine este Gobierno. Y si algo debiera quedar como aprendizaje es lo siguiente: Chile necesita una política pública de ciencia e innovación que no dependa de la buena voluntad de las y los investigadores, ni del ciclo político de turno, ni de la contingencia del ciclo presupuestario. 

En un mundo multipolar -como lo nombró Josep Borrell en su conferencia, refiriéndose a los múltiples polos de poder-, menos cooperativo y más disputado, abandonar la política científica es renunciar a la soberanía. Es aceptar que otros decidan por nosotros qué tecnologías usaremos, qué conocimiento estará  disponible y qué margen real tendremos cuando la próxima crisis -sanitaria, climática, energética o democrática-, nos encuentre nuevamente improvisando.