Todos y todas somos Gustavo Gatica

El fallo absolutorio que exime de responsabilidad penal al exfuncionario de Carabineros Claudio Crespo no es solo una decisión judicial controvertida. Es, sobre todo, un nefasto precedente que amenaza derechos fundamentales de la ciudadanía y tensiona de manera grave la relación entre civiles y uniformados en Chile.

Se encuentra judicialmente acreditado que Gustavo Gatica perdió la vista como consecuencia del disparo de perdigones efectuado por un funcionario policial, en el marco de la represión ejercida contra la protesta social de noviembre de 2019. Estos hechos no son aislados: forman parte de un contexto ampliamente documentado de uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que dejó cientos de víctimas con lesiones graves y permanentes.

A seis años de ocurridos los hechos, la aplicación de la Ley Naín-Retamal –invocando la figura de la legítima defensa– ha derivado en la ausencia total de responsabilidad penal. Con ello se consolida un escenario de impunidad frente a un crimen de extrema gravedad. Se trata, además, de una consecuencia largamente advertida por organismos de derechos humanos, juristas y actores sociales, cuyas alertas no fueron debidamente consideradas ni por el Parlamento ni por el Ejecutivo al momento de su tramitación.

El efecto más profundo de este fallo es estructural: instala una asimetría inaceptable en el procesamiento penal cuando los hechos involucran a policías. En la práctica, se eleva un umbral casi infranqueable para cualquier acción penal dirigida a establecer responsabilidades de agentes armados del Estado, debilitando el principio de igualdad ante la ley y erosionando el control democrático sobre el uso de la fuerza.

Esto constituye un fracaso institucional de gran magnitud. No solo implica una nueva vulneración para Gustavo Gatica y su entorno, sino que también daña al conjunto de la sociedad, al socavar la confianza en el Estado de Derecho y en la promesa básica de justicia para todos y todas. Cuando la ley protege al poderoso armado y desampara al ciudadano, la democracia se vacía de contenido.

Chile no puede normalizar la impunidad frente a violaciones graves a los derechos humanos. La justicia no es venganza; es la condición mínima para la convivencia democrática. La verdad, la rendición de cuentas y las garantías de no repetición no son consignas, sino obligaciones del Estado.

Por eso hoy decimos, con convicción cívica y ética: todos y todas somos Gustavo Gatica. Porque lo que está en juego no es solo el destino de una víctima, sino la dignidad y los derechos de toda la ciudadanía.