Ley de Datos: cuando el apuro regulatorio se transforma en riesgo económico

La entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Datos Personales marcará un antes y un después en la forma en que el Estado y las empresas gestionan información sensible. El consenso sobre la necesidad de modernizar la normativa es amplio. Sin embargo, el debate ya no está en el “qué”, sino en el cómo y cuándo. Y es precisamente en ese punto donde comienzan a aparecer señales preocupantes.

De acuerdo con lo que ya advierte el propio sector privado, el 1 de diciembre próximo expira el plazo de adecuación contemplado por la ley, dando paso a un régimen sancionatorio particularmente severo. Las multas asociadas —que pueden alcanzar montos de alto impacto económico y reputacional— no son triviales ni marginales, y exigen niveles de madurez organizacional, tecnológica y jurídica que no están homogéneamente distribuidos en el tejido productivo chileno.

Mientras las grandes empresas han podido avanzar en programas de cumplimiento, auditorías, rediseño de procesos y contratación de asesoría especializada, la realidad de las pequeñas y medianas empresas es radicalmente distinta. Para muchas pymes, el cumplimiento integral de la ley supone costos fijos difíciles de absorber, escasez de capacidades internas y una comprensión aún incipiente de las nuevas obligaciones. En la práctica, el riesgo no es solo el incumplimiento, sino la criminalización regulatoria de actividades económicas legítimas.

Este escenario se vuelve aún más delicado cuando se pretende anticipar la implementación efectiva de la ley mediante una disposición incorporada en la ley de reajuste. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, se trata de un mecanismo impropio; desde la política pública, de una señal negativa; y desde la seguridad jurídica, de un precedente riesgoso. Las llamadas “leyes de amarre” no solo limitan el margen de acción del próximo gobierno, sino que además introducen incertidumbre regulatoria en un momento particularmente sensible para la inversión y el empleo.

A ello se suma una dimensión institucional que no puede ser ignorada. La comisión de implementación creada por el actual gobierno, así como la forma en que ha operado y concluido su mandato, merecen una revisión rigurosa desde el punto de vista de su legalidad, suficiencia técnica y eventuales conflictos de interés. En un contexto donde la futura Agencia de Protección de Datos aún no alcanza plena madurez operativa, acelerar la exigibilidad de la ley parece, como mínimo, imprudente.

La experiencia comparada es clara: los procesos exitosos de implementación de marcos de protección de datos han contemplado períodos de transición razonables, esquemas de acompañamiento diferenciados para pymes, guías interpretativas claras y autoridades robustas antes de desplegar todo el peso del régimen sancionatorio. Saltarse esas etapas no fortalece la protección de los derechos; debilita el cumplimiento y erosiona la legitimidad del sistema.

Postergar por un año la implementación efectiva de la ley —en particular para las pequeñas empresas— no es retroceder, sino corregir el rumbo. Permitiría nivelar la cancha, reducir riesgos innecesarios, fortalecer capacidades y otorgar al próximo gobierno el espacio institucional para revisar, con independencia, la legalidad y coherencia del proceso de implementación.

El Senado tiene hoy una responsabilidad clave. Más que acelerar por la vía indirecta, corresponde hacer bien las cosas. En materia de datos personales, el peor error no es avanzar lento, sino avanzar mal. Y Chile no puede darse el lujo de convertir una buena ley en una mala política pública.