El leviatán de la innovación en la UTI de la DIPRES (tercera parte)

1. Transformación del Sistema de Incentivos Académicos (Promotion & Tenure):

• Mandato normativo (Ley/Reglamentos): La ley de transferencia tecnológica debe contener orientaciones normativas claras para las universidades estatales y privadas con fines públicos en el sentido de revisar sus estatutos y reglamentos de evaluación de la carrera académica, incorporando el valor de la Innovación y el Emprendimiento, el impacto territorial y la transferencia social como criterios esenciales para el avance académico.
• Capacitación de Comités: Implementar programas de formación obligatorios para los comités de Evaluación y Calificación académica,  asegurando que adquieran la capacidad de evaluar métricas cualitativas como el impacto de una patente que permite solucionar problemas locales con impacto global, o la influencia en una política pública, entre varios otros factores a considerar, que resultan en innovaciones económicas o sociales de impacto regional y territorial.

2. Gobernanza de la Innovación Orientada por Misiones:

• Creación del Fondo Nacional de Misiones de IA Aplicada: El Estado bien podría asumir su rol de inversionista de “primer riesgo” y crear un fondo público estratégico que financie I+D aplicada con mandatos de misión claros (e.g., resiliencia hídrica con IA, por ejemplo) y que exija la aplicación del Licenciamiento Socialmente Responsable (LSR).
• La nueva Ley de Transferencia Tecnológica debería incorporar  disposiciones normativas del tipo “march in rights”  que operen como una necesaria salvaguarda legal del interés público, asegurando el cumplimiento del principio de acceso equitativo cuando la población lo necesite, como lo reflejó la reciente pandemia del COVID.
• Reversión del Rechazo de ANID a una recomendación central de la evaluación: El Ministerio de Ciencia debe asumir la responsabilidad de coordinar una estrategia nacional de articulación de instrumentos que enfrente la atomización del ecosistema que refleja la evaluación de la DIPRES, garantizando que la inversión y el gasto público en Innovación y Transferencia Tecnológica sea pertinente y coherente con las misiones de desarrollo sostenible.  
• Financiamiento sustentable de la Innovación y Transferencia Tecnológica.  En el logro de los resultados que se espera para el país,  resulta también fundamental fortalecer e incrementar el financiamiento que requieren las universidades estatales y privadas con fines públicos para seguir produciendo innovación territorial de alto interés público, y que deben alinearse con nuestra condición de país miembro de la OECD, elevando el porcentaje de inversión en CTCI a un nivel comparado que satisfaga igualmente los objetivos declarados por varias administraciones hacia atrás, en torno al 1%, a lo menos, del PGB, y que nos permita salir del magro nivel de menos de la mitad del objetivo declarado del que endémicamente ha sido imposible saltar con visión de futuro.  

El rol del financiamiento privado a la Innovación de la Transferencia Tecnológica es crucial, y  debe alcanzar igualmente un umbral similar al de los países de la OECD, continuando sostenidamente su crecimiento hacia esos niveles.

3. Integración Ética y Social de la IA y el CT:

• Auditoría Ética Obligatoria: Las universidades y agencias financiadoras deberían exigir que los proyectos de IA aplicada incorporen una auditoría ética para prevenir el sesgo algorítmico, especialmente en sistemas que impactan a poblaciones vulnerables o comunidades indígenas.
• Reglamentos de PI/TT que incorporen LSR y PIC/ABS: Debiera hacerse obligatorio que los reglamentos universitarios y las bases concursales de ANID exijan la aplicación de PIC (Consentimiento Previo e Informado) y ABS (Acceso y Distribución de Beneficios) en proyectos que utilicen recursos genéticos o Conocimiento Tradicional, alineándose con el Tratado de la OMPI de 2024.
• Inversión en Infraestructura de Datos Regional: Para cerrar la brecha digital, se debe impulsar activamente la inversión en infraestructura de cómputo y conectividad en regiones extremas (como el CIA-UTA), promoviendo el Acceso Universal y la Aceptación Universal de tecnologías.

La Ley de Transferencia de Tecnología y Conocimiento es crucial para fortalecer la infraestructura de innovación en Chile, ya que proporcionará el marco jurídico necesario para que las universidades estatales, en línea con su mandato de educación superior y la inversión pública, gestionen eficientemente el conocimiento y aseguren su retorno equitativo a la sociedad.   En el marco de una elección presidencial que se ha cerrado a este debate tan significativo para el país, resulta imperativo que el Congreso afronte adecuadamente su rol en la gobernanza anticipatoria de estas materias cruciales para Chile, y avanzar más allá de lo contingente, disponiendo esfuerzos para avanzar en materias estructurales, con el fin de que esta ley se apruebe con una visión estratégica y ética, que priorice el impacto territorial y supere las inequidades que amenazan el desarrollo sostenible, transformando la crisis señalada por la evaluación de la DIPRES en una oportunidad para establecer un Sistema Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica capaz de afrontar los desafíos presentes y futuros.   

Omitir este debate y avanzar decididamente en resolver los asuntos planteados por la evaluación de la DIPRES y relevados en estas columnas, incorporando también en ello las reflexiones del sistema universitario estatal, hipoteca a nuestras futuras generaciones, con altísimos costos locales, nacionales, regionales al nivel de nuestra América Latina y ciertamente globales.  Así nuestro Leviatán de la Innovación lo requiere, lo reitera y lo reclama.