La política del testimonio vs. la política del sin llorar: una coalición mustia

Esta semana hemos presenciado, casi en tiempo real, la incapacidad del actual gobierno para hacer cuajar una alianza política más allá del puro pragmatismo circunstancial. Lo que vuelve a emerger no son solo diferencias tácticas, sino culturas políticas profundamente distintas, que no pueden reducirse —como suele hacerlo la derecha más extrema en Chile— a una caricaturesca “pelea del zurderío”.

Lo que está en juego no es una pataleta ni una disputa menor. Existe un hastío creciente entre quienes practican lo que podríamos llamar la política del “sin llorar”, heredera directa de la forma cruda de la transición heredada por la exconcertación (incluyendo aquí a la DC), frente a una lógica distinta, encarnada principalmente por el Frente Amplio. Al Partido Comunista lo dejo en un plano tangencial: atraviesa sus propios conflictos internos y posee una cultura política distinta de la del FA.

El caso de Gustavo Gatica y la absolución, en primera instancia, del exuniformado Claudio Crespo —responsable de haberle provocado la pérdida de la vista— actuaron como catalizadores de este conflicto. El fallo, amparado en una interpretación amplia de la legítima defensa, no se sustentó centralmente en la Ley 21.560 (conocida como Naín-Retamal), aunque la roza en aspectos clave. Fue precisamente en este contexto cuando, tras conocerse el veredicto, estalló una trifulca inesperada entre las dos grandes almas de esta coalición forzada: los testimoniales y los pragmáticos.

Declaraciones cruzadas, conferencias de prensa en tono elevado y acusaciones directas al gobierno —y a quienes votaron disciplinadamente dicha ley— terminaron desplazando el eje principal del debate: la necesidad de condena, reparación y garantías de no repetición en el caso de Gustavo Gatica, así como la defensa irrestricta de los derechos humanos, en un contexto global marcado por la autocratización.

El fallo ha sido ampliamente comentado por analistas y también por el propio Presidente Boric, quien en una entrevista atribuyó la aprobación de la normativa a una mera moción parlamentaria, como si su gobierno —y sus ministros— hubiesen sido actores externos al proceso legislativo. Sin embargo, el propio Presidente fue parte activa de esa tramitación.

Vayamos entonces al fondo político del asunto. La ley se aprobó en un contexto de alta polarización y conmoción nacional, tras el asesinato de tres carabineros en Cañete. En ese escenario, las pasiones y las decisiones irracionales se filtraron inevitablemente en el debate. Tal como explicó la exministra Carolina Tohá en una entrevista, se logró frenar algunos de los excesos más evidentes impulsados con entusiasmo por ciertos parlamentarios. Aun así, la ley fue aprobada y promulgada por un gobierno liderado por el Frente Amplio, sin que ninguna de las fuerzas de la coalición recurriera al Tribunal Constitucional, pese a que existía tiempo suficiente para hacerlo.

¿Fue un error aprobar el artículo en cuestión? Sí. Especialmente considerando que hoy no sabemos con certeza cómo actuará el nuevo liderazgo político ante la protesta social. Y conviene ser claros: no se trata de validar la violencia, ni la quema del metro, ni las acciones que afectan directamente a la clase trabajadora que depende del transporte público para sobrevivir en la ciudad. Todo eso es condenable. Pero sí se debe garantizar el derecho a la manifestación pacífica, sin que quienes protestan teman por su integridad física o su vida. Esta es la discusión de fondo. Y también lo es entender que la protesta pacífica y el combate al crimen organizado no son objetivos incompatibles.

Un segundo elemento clave es la celeridad con que se tramitan este tipo de leyes. La Segpres debe revisar sus protocolos, al igual que las propias bancadas parlamentarias, cuando se abordan discusiones legislativas tan intensas y emocionalmente cargadas. La función de la Segpres y del Congreso no es simplemente legislar rápido, sino legislar bien, incluso —y sobre todo— cuando se hace bajo presión. Habrá que observar con atención el ingreso de la moción parlamentaria que pretende modificar el artículo problemático de esta ley.

Finalmente, está la chimuchina política. Resulta llamativo observar cómo “los inocentes”, refiriendo a Mansuy, se intenta deslindar toda responsabilidad. Algunos parlamentarios votaron en contra; otros se abstuvieron, pero el resultado fue el mismo. Todo en nombre de recuperar un punto de popularidad, una supuesta “cercanía con el pueblo” y un relato político cada vez más desalineado entre las banderas antineoliberales y la acción concreta del gobierno.

Se suele decir que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pero también es fundamental reconocer los límites institucionales reales del país, aquellos que contuvieron las prometidas “reformas estructurales” que nunca vimos, así como las capacidades de quienes gobernaban, que no lograron ir mucho más allá de las medidas que intentaron exhibir esta semana en un sitio web.

¿Se cae a pedazos el país? No. En absoluto. El gobierno actuó razonablemente bien y Chile avanza por un camino correcto. Sin embargo, hubo concesiones que debieron hacerse y, como buenos militantes disciplinados, muchos parlamentarios concurrieron con sus votos a apoyar la agenda legislativa del Ejecutivo, incluso cuando estaban en desacuerdo.

La pregunta que queda abierta es incómoda pero necesaria: ¿Los testimoniales impugnarán públicamente cada proyecto que no resulte perfecto? Y, más aún, ¿qué tipo de coalición puede sostenerse cuando, ante la primera dificultad, se entrega a los propios compañeros para salvar el relato? ¿Existe realmente algún punto de conexión entre quienes practican la política del testimonio y quienes aprendieron —con todas sus limitaciones— a hacer política sin llorar?