Quemar un país con cenizas humanas

Que otro mega incendio en Chile -esta vez en el sur del país- provoque una gran cantidad de víctimas y muertes, altera cualquier debate técnico, donde ya no cabe la retórica administrativa ni la gracilidad de los eufemismos como mencionó Kast en su campaña política. Cuando una comunidad pierde vecinos, cuando ancianos y niños mueren entre llamas, la discusión sobre “destrabar permisos” se vuelve moral, no procedimental. Y aquí estamos, con una “clase” política que, en momentos decisivos, habla como si la “naturaleza” fuera un insumo descartable y no el tejido de la vida colectiva.

Una narración que reduce informes técnicos a “errores estadísticos” y pide acelerar inversiones -en Penco, en “tierras raras”- revela algo más profundo que una discrepancia administrativa. Expone una matriz mental heredera del cartesianismo utilitarista, donde la naturaleza es objeto; el Otro-que-no-es-humano reducido a materia disponible reforzada en la ilustración, afincada en Heidegger en el siglo XX sobre la “razón instrumental”. Pero esa herencia, más allá de las distorsionadas raíces del pensamiento occidental, es una vulgarización modernista que no supo dialogar con la crítica humanista, ni ha tomado en serio los desarrollos contemporáneos que problematizan la centralidad humana (posthumanismos, ecologías críticas, etc.). El resultado político es un improvisado funcionalismo economicista.

No podemos obviar que tras grandes incendios emergen además sospechas plausibles -no afirmaciones judiciales- sobre quiénes se benefician de la reconversión del suelo. En Valparaíso y otras regiones esa sospecha alimentó discusiones públicas y periodísticas, y en Penco, las dudas sobre proyectos y terrenos estratégicos persisten. Pero la gravedad real no es solo la especulación, pues el marco institucional es débil para dar respuestas transparentes. El Código Penal sanciona la quema dolosa, la Ley de Bosque N°20.283 obliga a restaurar, sin embargo, en la práctica, la reconversión post-siniestro transita por espacios normativos difusos que permiten discrecionalidad y opacidad. Eso no es un detalle técnico, sino un hueco que debilita la confianza pública y alimenta la impunidad legal y simbólica de un país.

Cuando las élites económicas y políticas exhiben una ignorancia profunda sobre tradición humanista -y ni hablar de un horizonte posthumanista-, quemamos algo más que bosques y casas y muertes, creando un espectáculo ramplón -ese “despreciable bananerismo, al estilo de un Trump chico”- que nos debería poner en alerta, pues la banalidad del poder está costando vidas humanas y no humanas.

¿¡Qué es lo que pretenden, y cómo se atreven!? ¿Lograr un sistema central tipo Tokio, Suecia o Noruega, pero olvidando lo desconocido del enigma “naturaleza”? Además esos países nombrados han perdido muchas culturas de base (solo remitiéndolas a museos “vivos” fríos y sin pathos). Una vida híbrida, con altas tazas de suicidio juvenil y extremo alcoholismo estatal cuando suben las temperaturas. Destruir la “naturaleza” ya no es el Otro, es nuestra constitución que se pierde como especie, y debiese condenarse tal cual como eliminar una, o muchas vidas “humana”.

La transparencia en cada trámite post-incendio es crucial, investigación independiente sobre coincidencias fundiarias sin criminalizar la duda razonable, y una reforma educativa que devuelva a la política la profundidad humanista que hoy no tiene. Gobernar no es solo gestionar permisos, es custodia. Si no aprendemos eso, seguiremos quemando e intentando nominar como progreso el gangsterismo provinciano económico.