Cada vez más excluidos

Los resultados de la encuesta Casen 2024 muestran una realidad preocupante. Los hogares pertenecientes a los dos primeros deciles de ingresos autónomos, es decir, el 20% más vulnerable de la población, están más excluidos del mercado laboral que previo a la pandemia. En esta columna hago un zoom a esta situación, situación que las autoridades debieran mirar con atención.

Al analizar la tasa de ocupación, que es el porcentaje de la población en edad de trabajar que tiene empleo, en el año 2024 respecto al año 2017 (última encuesta Casen previo a la pandemia), vemos que esta se mantiene en un 57%. Pero al ver la evolución por deciles de ingresos, encontramos que en todos los niveles la tasa de ocupación mejora excepto en los dos primeros dos deciles: la tasa de ocupación del primer decil cae desde 25% a 17% entre el 2017 y 2024, y del segundo decil cae desde 39% a 36%.

Está la tesis de que esto se explica porque la Pensión Garantizada Universal (PGU) permitió a los adultos mayores dejar el trabajo y que la gratuidad universitaria movió a los jóvenes desde el mercado laboral hacia el estudio. Una forma de limpiar el efecto de la PGU y de la gratuidad es analizar a la población entre 25 y 64 años, quienes no son receptores de estas políticas públicas. Al hacerlo, también obtenemos que para este grupo etario la tasa de ocupación mejora en todos los deciles excepto en los dos primeros: se reduce desde un 39% hacia un 30% para el primer decil, y se reduce desde un 56% hasta un 53% en el segundo decil.

Otro hecho preocupante resulta al analizar el acceso al mercado laboral formal, con seguridad social. Al estimar el porcentaje de la población entre 25 y 64 años que es asalariado formal, se obtiene una reducción desde el bajo nivel de 7% en el 2017 al apenas 3% en el 2024 para el primer decil, y se reduce desde un 19% hasta un 14% para el segundo decil.

Es una triste realidad. La población del 20% de menores ingresos tienen poco acceso al mercado laboral y en los últimos años esta exclusión es cada vez mayor, resultado que se mantiene para el grupo etario no afectado ni por la PGU ni la gratuidad universitaria. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cuáles son las barreras que les impide mejorar su nivel de empleo? ¿Qué podemos hacer desde las políticas públicas para incluirlos? El trabajo no sólo entrega autonomía y empoderamiento económico, también entrega un desarrollo personal y dignifica al convertir a la persona en un aporte a su familia y a la sociedad.

Una tesis de lo que puede estar ocurriendo con este sector de la población es que las últimas leyes laborales, como aumento de salario mínimo o reducción de la jornada laboral, junto con ciertos dictámenes de la dirección del trabajo, ha vuelto más caro y rígido para las empresas contratarlos. A esto hay que sumarle el aumento de los 7 puntos de cotización para pensión que comenzará a aplicarse en los próximos años y el aceleramiento de la automatización que arriesga a reemplazar los trabajos menos calificados.

La gran pregunta entonces sería cómo facilitar la contratación del sector más vulnerable que compense estos mayores costos. Algunos han propuesto un crédito tributario que premie a las empresas que contrate a trabajadores en los primeros tramos de sueldo. Otras propuestas es introducir más elementos de flexibilidad laboral en la jornada, que permita a las empresas aprovechar mejor las épocas de mayores demandas y a mejorar la productividad, y al trabajador a compatibilizar el trabajo con su vida personal y facilita la incorporación para mujeres, jóvenes y adultos mayores. Ambas políticas públicas van en la dirección correcta para mejorar el acceso del 20% más vulnerable al mercado laboral con seguridad social.

Los resultados de la encuesta Casen nos mostró un gran desafío pendiente que tenemos como sociedad. Las políticas públicas deben avanzar en mejorar las oportunidades de empleo de todos, pero con especial énfasis en el grupo de la población que suele estar más excluido, exclusión que ha aumentado en los últimos años.