El fin del “impuesto a la pobreza digital”

Hace unos días una noticia aparentemente menor sacudió los cimientos del sistema financiero chileno: el BancoEstado anunció que, a partir del 15 de abril de 2026, eliminará el cobro de 300 pesos por cada transferencia electrónica desde su icónica CuentaRUT hacia cuentas de otros bancos. Para la mayoría de los 15,5 millones de clientes de esta cuenta, que representan al 89% de la población nacional con edad para adquirir este producto, esta medida podría leerse como un alivio al bolsillo. Pero desde una perspectiva experta en inclusión y educación financiera, esta decisión trasciende lo anecdótico: es la eliminación de un verdadero “impuesto a la pobreza digital” que, durante años, castigó a quienes más necesitan mover su dinero, los usuarios de este producto.

La CuentaRUT, que este año celebra su vigésimo aniversario, es la principal herramienta de inclusión financiera del país. Sus 15,5 millones de clientes la han consolidado como el sistema de pago masivo más relevante de Latinoamérica. Sin embargo, la gratuidad y accesibilidad siempre tuvo una letra chica: las operaciones no eran libres de costo dentro para todo el sistema financiero. Si un usuario quería pagarle a alguien con una cuenta en otro banco, se le aplicaba un cobro fijo de 300 pesos. Esta diferencia creaba una especie de ciudadanía financiera de primera y segunda clase. Las personas de menores ingresos, muchas de ellas sin la posibilidad de elegir otro banco, eran penalizadas por interactuar con el resto del sistema, perpetuando un círculo vicioso de exclusión.

El impacto agregado de esta microcomisión era colosal en números, pero aún más profundo en el comportamiento financiero de los chilenos. Con más de 28 millones de transferencias mensuales hacia otros bancos, estamos hablando de una recaudación que superaba los 8.400 millones de pesos al mes, es decir, más de 100 mil millones de pesos al año, solo por el ‘peaje’ de mover dinero propio. Sin embargo, el daño colateral más silencioso era la subutilización del sistema financiero por parte de los sectores más vulnerables. Ese cobro de $300, aparentemente minimo, funcionaba como un inhibidor conductual: miles de usuarios, para evitar el cargo, optaban por retirar el efectivo completo de sus cuentas y manejarse en la economía informal. Esta práctica, además de exponerlos a los riesgos evidentes de portar altas sumas de dinero en los bolsillos (asaltos, pérdidas o deterioro), actuaba como un freno de mano para el desarrollo de la banca digital en el país. Mientras el dinero circulaba en billetes y monedas, el ecosistema de pagos electrónicos y la trazabilidad financiera quedaban estancados. Ahora, estos recursos —y la confianza para moverlos digitalmente— permanecerán en los bolsillos de los chilenos, especialmente de los más vulnerables. Representan un alivio concreto a su seguridad y un paso firme hacia una mayor equidad sistémica, tal como lo destacó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Chile no inaugura la tendencia, pero sí la aplica desde una banca estatal de alcance masivo y popular. El espejo inevitable es Pix, el sistema brasileño de pagos instantáneos y gratuitos lanzado en 2020, que ya usan más de 170 millones de personas y que Paul Krugman calificó como ‘el futuro del dinero’ por su impacto en la inclusión. Su éxito inspiró réplicas como el Bre-B colombiano. En paralelo, la Unión Europea prohibió desde octubre de 2025 el cobro de comisiones por transferencias inmediatas, acelerando la digitalización continental. La decisión de BancoEstado, por tanto, no solo alivia el bolsillo local: alinea a Chile con el estándar de los sistemas financieros más modernos e inclusivos del mundo.

Desde la perspectiva de la educación financiera, esto es un gran avance, pero con una advertencia: eliminar barreras de acceso no es suficiente si no se acompaña de un proceso de alfabetización. El acceso es solo la puerta de entrada; el uso responsable, informado y estratégico de los servicios financieros es lo que verdaderamente empodera. La eliminación del cobro de 300 pesos es un hito que nos recuerda que las finanzas no son un fin en sí mismas, sino un medio para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida con mayor libertad y seguridad. El desafío ahora es utilizar este impulso para construir un sistema donde la inclusión financiera no se mida solo por el número de cuentas abiertas, sino por la calidad de vida que estas permiten construir.