Octubre no comenzó en octubre

Las fechas que recuerda la historia nunca coinciden con el momento en que comenzó el deterioro. Señalan el instante en que aquello que llevaba años gestándose dejó de ser invisible. El 18 de octubre de 2019 fue uno de esos momentos.

«No lo vimos venir», se escuchó desde las alturas del poder y las élites chilenas. Una frase tan sorprendente como reveladora. ¿Cómo no lo vieron venir cuando Chile llevaba más de una década manifestando su malestar en las calles?

La revolución pingüina de 2006, las multitudinarias movilizaciones universitarias de 2011, las protestas por la educación gratuita, el movimiento No+AFP, las marchas contra HidroAysén y las movilizaciones regionales en Aysén y Magallanes fueron señales inequívocas. También lo fueron las protestas feministas de 2018. Chile llevaba años reclamando cambios.

A ello se sumaron las colusiones de las farmacias, los pollos y el papel confort; los abusos de las isapres y las asimetrías entre consumidores y grandes empresas. Los casos Penta, SQM y Corpesca revelaron una trama de financiamiento ilegal de la política. Las investigaciones sobre Asipes en Biobío y Fines en Aysén ampliaron las sospechas sobre la influencia empresarial en la Ley Longueira. Las salidas alternativas, las prescripciones y las decisiones del Ministerio Público que impidieron llevar numerosos casos a juicio profundizaron la percepción de una justicia distinta para poderosos y ciudadanos comunes.

Cada episodio erosionó la confianza. Cada abuso tolerado, cada privilegio protegido y cada promesa incumplida debilitó las raíces de nuestra convivencia.

Las sociedades comienzan a deteriorarse cuando las personas dejan de creer que las reglas son comunes, cuando la cooperación parece ingenuidad y la confianza se interpreta como debilidad.

Durante años todo siguió funcionando, conservando una apariencia de estabilidad. Hasta que una perturbación, el alza de 30 pesos en el transporte público, superó su capacidad de adaptación. Una tormenta no derriba todos los árboles. Derriba con mayor facilidad aquellos cuyas raíces, troncos y ramas estaban dañados.

Los estudiantes secundarios que comenzaron a protestar contra el alza del Metro sintetizaron magistralmente el malestar acumulado: «No son 30 pesos, son 30 años».

El 18 de octubre no comenzó una crisis. La crisis se hizo visible. Y el 25 de octubre, millones de personas se congregaron en Santiago y en las principales ciudades de Chile en una de las mayores manifestaciones nacionales desde el retorno a la democracia.

La violencia que acompañó aquellas jornadas merece una condena categórica. La destrucción de estaciones del Metro, los saqueos, los incendios y las agresiones fueron actos inaceptables. También lo fueron los abusos policiales y las violaciones de derechos humanos. Resulta especialmente preocupante que la mayoría de los incendios del Metro siga sin esclarecerse, tratándose de un servicio estratégico para el funcionamiento de la ciudad.

La declaración del presidente Piñera de que estábamos «en guerra contra un enemigo poderoso» profundizó la confrontación. La lógica de guerra convirtió el conflicto social en un enfrentamiento entre enemigos. Y Carabineros de Chile, siguiendo la lógica presidencial, actuó en las calles frente a un «enemigo poderoso», en vez de hacerlo frente a chilenos que se manifestaban en el espacio público.

La violencia no comenzó con las barricadas ni los saqueos. Comenzó con la violencia simbólica: aquella que por años humilló, discriminó, despreció y despojó a las personas de su dignidad mediante el ejercicio abusivo del poder. No dejó necesariamente heridas visibles, pero destruyó vínculos y alimentó resentimientos. Condenar toda forma de violencia exige reconocer tanto la física como la simbólica, sin justificar jamás una mediante la otra.

La derecha acuñó el término «octubrismo» para asociar las demandas de transformación con la violencia y desacreditar el movimiento social. La condena de la violencia terminó siendo utilizada como argumento para evitar discutir las causas del malestar. La destrucción ocupó el lugar de las reivindicaciones en la memoria colectiva. Y con ello se perdió una oportunidad histórica de comprender las causas profundas de la crisis.

La clase política logró acordar dos procesos constitucionales que llevaron el péndulo de un extremo ideológico al otro. Ambos fracasaron. Hemos transitado entre gobiernos de signos políticos opuestos, mientras las causas estructurales de los abusos y la desconfianza siguen presentes.

El gran fracaso no fue solamente constitucional. Fue la incapacidad de reconstruir los vínculos entre ciudadanos, instituciones, empresas y Estado. Porque una sociedad no se sostiene únicamente sobre leyes, crecimiento económico o elecciones. Se sostiene sobre la confianza de que compartimos reglas, responsabilidades y un destino común.

Octubre no comenzó en octubre. Y tampoco terminó allí. Siete años después, las causas profundas del malestar siguen presentes y se han agravado. La clase política, y en especial quienes nos gobiernan, ha sido incapaz de reconstruir la confianza, enfrentar los abusos y recuperar los vínculos que sostienen nuestra convivencia.

Quienes hace siete años dijeron «No lo vimos venir» no pueden seguir mirando hacia otro lado. Chile no necesita otro acuerdo entre élites para administrar el descontento. Necesita una política capaz de enfrentar sus causas, reconstruir la confianza y convocarnos a un futuro compartido.