Falsos consentimientos, protección de datos y ley de presupuestos

En el presupuesto, una prestación social puede resumirse en una línea o una cifra. Pero para quien la solicita, puede ser el apoyo que le permite llegar a fin de mes, cuidar a alguien o atravesar una situación difícil. Una glosa general de la Partida 27 del proyecto de Ley de Presupuestos para 2027, correspondiente al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, afirma que, por el hecho de solicitar beneficios o prestaciones financiados con cargo a ella, “se deja constancia que (…) los solicitantes han facultado el tratamiento de todo dato personal” para verificar el buen uso de los recursos públicos. Hay razones sustantivas y formales para cuestionar esta glosa.

En primer lugar, ¿qué significa “todo dato personal”? ¿Supone someter a un mismo régimen datos sensibles, de salud, biométricos o de menores de edad? ¿Quién podrá consultar ese dato personal, para qué y por cuánto tiempo? ¿A quién acudir si hay un error? La glosa no responde esas preguntas. En cambio, da por otorgado un consentimiento por el solo hecho de solicitar la prestación, ignorando tanto los nuevos estándares del consentimiento como causal de licitud como el principio de legalidad que rige en esta materia para el sector público.

La nueva ley de Protección de Datos (que, de no mediar la aprobación legislativa de una postergación, entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2026) establece un régimen estricto para que los órganos del Estado puedan tratar datos sin consentimiento, que exige que el tratamiento se realice en ejercicio de sus funciones legales, dentro del ámbito de sus competencias y de conformidad a la ley. En un sentido, la glosa es innecesaria, por reiterativa. Sin embargo, si no cuadra exactamente con ese régimen, puede ser leída como un consentimiento ficticio para suplir la falta de potestades públicas específicas.

En segundo lugar, fiscalizar el uso de los recursos públicos importa, pero la nueva ley exige que los fines del tratamiento sean específicos, explícitos y lícitos, y que los datos se limiten a los necesarios, adecuados y pertinentes para esos fines. También reconoce, frente a los órganos públicos, derechos de acceso, rectificación y oposición.

Si la ley exige fines delimitados y datos necesarios, ¿por qué la glosa presenta a quien solicita apoyo como si hubiera autorizado el tratamiento de “todo dato personal”, en vez de precisar qué información requiere cada programa y cómo se resguardan los derechos de sus usuarios? La interoperabilidad, con sus potenciales beneficios para la fiscalización, no se puede lograr a costa de los derechos fundamentales de quienes más requieren la protección estatal.

Con la entrada en vigor de la Ley 21.719, las empresas deberán acreditar las causales de licitud de cada tratamiento, arriesgándose a multas en caso de incumplimiento. El Estado, en cambio, se estaría otorgando en la ley de presupuestos una autorización general para tratar los datos personales de quienes reciben beneficios o asistencia social. En otras palabras, quienes dependen de ellos tendrían una menor protección de su privacidad que el resto de la población.

Por último, la glosa se repite en la mayoría de las partidas, que se discuten en subcomisiones distintas, generando un riesgo de fragmentación normativa y de modificación de las causales de licitud que habilitan el tratamiento y la transferencia de datos personales por parte de la Administración del Estado.

Legislar así, mediante una ley de vigencia acotada, arriesga conflictos normativos derivados de la existencia paralela de dos regímenes, que una eventual postergación de la instalación de la nueva Agencia de Protección de Datos sólo viene a profundizar. La protección social empieza antes de recibir el beneficio, en la manera en que el Estado recibe a quien lo solicita.