La rabia sin revolución

Las imágenes que llegan desde Milán y París nos resultan familiares. Jóvenes encapuchados, algunos apenas adolescentes, lanzan piedras contra la policía, levantan barricadas, destruyen vitrinas y saquean comercios. La violencia se extiende por el centro de la ciudad, frente a una catedral que ha contemplado siglos de agitaciones y conflictos. Esta vez los protagonistas parecen tener dificultades para explicar qué quieren cambiar. Muchos se limitan a destruir y a registrar sus acciones para difundirlas en las redes sociales.

¿Quiénes son? Buena parte de los participantes carece de organización, dirigentes o adscripción ideológica reconocible. Casi la mitad de los primeros conducidos a dependencias policiales son menores de edad. La manifestación original, convocada contra el aumento del costo de la vida, terminó sobrepasada por grupos cuya actuación parecía responder a una lógica elemental: atacar, destruir, enfrentarse con la policía y exhibir después los resultados en TikTok.

Milán y París, con las diferencias que corresponde establecer, recuerdan al Santiago de octubre de 2019. En los tres casos encontramos jóvenes que desafían a la autoridad, ocupan violentamente el espacio público y convierten ciertos símbolos urbanos en objetivos de destrucción. Pero las semejanzas exteriores pueden inducir a conclusiones equivocadas. No estamos ante movimientos políticos comparables, ni todos quienes participan de las protestas comparten las conductas de sus sectores más violentos.

Lo que parece unir a una parte de estos jóvenes es una rabia difícil de interpretar mediante las categorías tradicionales de la política. Se rebelan contra un orden que experimentan como ajeno, frente a instituciones que no consiguen representarlos y ante un futuro que les ofrece menos certezas que las conocidas por generaciones anteriores. Sin embargo, esa disposición a rebelarse rara vez alcanza a constituir una propuesta de sociedad. La destrucción adquiere una autonomía inquietante respecto de cualquier propósito de transformación.

Son datos que obligan a revisar la imagen convencional del agitador profesional, del militante revolucionario o del delincuente habitual. Aparece un sujeto distinto, muchas veces integrado parcialmente a las instituciones, pero profundamente distanciado de sus promesas. Un adolescente que asiste al colegio, utiliza las tecnologías de su generación, consume los productos culturales de una sociedad globalizada y puede encontrar en la confrontación callejera una experiencia de pertenencia, reconocimiento y poder.

La revolución clásica pretendía conquistar el futuro. Estas explosiones de violencia parecen expresar, en ocasiones, una relación más inmediata con el presente. Sus protagonistas no necesitan una doctrina ni una estrategia. La identidad colectiva puede construirse durante unas horas, alrededor de un enfrentamiento con la policía, y desaparecer después de que las imágenes circulen por las pantallas. Naturalmente, sería un error atribuirlo todo a las redes sociales. Estas modifican las formas de convocatoria, las relaciones entre los participantes y la velocidad con que se propagan las conductas. También ofrecen una recompensa simbólica inmediata a la transgresión. Pero ninguna plataforma digital puede explicar por sí sola el malestar que encuentra expresión en las calles.

Chile conoció algunas de estas manifestaciones hace exactamente siete años. El 18 de octubre de 2019, la protesta iniciada por estudiantes secundarios contra el alza del Metro desembocó en una crisis política y social de dimensiones desconocidas desde la recuperación de la democracia. Existía entonces un malestar acumulado, expresado posteriormente por millones de ciudadanos que se manifestaron pacíficamente. Pero también apareció una violencia destructiva que terminó adquiriendo una dinámica propia.

La izquierda chilena tuvo enormes dificultades para interpretar esa dualidad. Una parte comprendió legítimamente que el estallido expresaba demandas sociales postergadas. Otra confundió la intensidad de la protesta con la existencia de una conciencia política transformadora y atribuyó a la violencia una virtud revolucionaria que nunca estuvo demostrada. El resultado fue una lectura insuficiente de un fenómeno mucho más contradictorio, donde convivían aspiraciones de justicia social, desconfianza institucional, indignación, vandalismo y conductas abiertamente delictivas.

Tampoco puede olvidarse la actuación de las fuerzas de seguridad, las graves violaciones de derechos humanos y el daño causado a numerosas personas. La experiencia chilena demuestra precisamente que la defensa del orden público y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales constituyen exigencias simultáneas que se deben compatibilizar.

Siete años después, sabemos que la destrucción no produjo por sí misma una sociedad más justa, ni la energía de las multitudes garantizó la construcción de un proyecto político viable. Dos procesos constitucionales fracasaron y buena parte de las expectativas despertadas entonces permanece sin respuesta. La rabia permitió revelar problemas profundos, pero resultó insuficiente para resolverlos.

Ante esto, surge una responsabilidad particularmente exigente para la izquierda democrática. Su tradición histórica contiene herramientas para comprender que los conflictos sociales tienen causas materiales, culturales y políticas, pero también para reconocer que la democracia necesita instituciones legítimas, normas compartidas y protección efectiva de las libertades individuales.

Su primera tarea consiste en abandonar cualquier indulgencia ideológica frente a la destrucción. Quemar una estación del Metro, saquear un comercio o agredir a un funcionario policial no constituye una forma superior de participación política. Tampoco adquiere legitimidad por el hecho de que sus autores sean jóvenes, pobres o se declaren víctimas de la exclusión. La violencia afecta derechos concretos y suele perjudicar especialmente a quienes disponen de menos recursos para enfrentar sus consecuencias.

Existe una dimensión menos material y probablemente más difícil de abordar. Se trata de la pérdida de confianza en la política como instrumento de transformación. Para generaciones acostumbradas a la inmediatez de las comunicaciones digitales, las instituciones democráticas pueden aparecer lentas, distantes e incapaces de producir resultados visibles. Recuperar su legitimidad exige demostrar que la acción colectiva organizada, la deliberación y las reformas institucionales tienen una eficacia que la violencia callejera no puede ofrecer.

Conviene, entonces, resistir la tentación de presentar a todos estos jóvenes como víctimas pasivas de las circunstancias. Son sujetos capaces de decidir y responsables de sus actos. Comprender sus condiciones de vida no exige desconocer esa responsabilidad. Por el contrario, una concepción democrática de la ciudadanía supone reconocer simultáneamente derechos, deberes y capacidad de discernimiento.

La cuestión de fondo consiste en saber cómo transformar una energía social dispersa, muchas veces destructiva, en participación democrática y construcción colectiva. Para ello no basta recuperar antiguos discursos ni imaginar que detrás de cada barricada aguarda un revolucionario consciente de su misión histórica. La experiencia muestra que la indignación puede conducir tanto a proyectos emancipadores como al nihilismo, al repliegue individualista o a nuevas formas de autoritarismo.

Milán, París y Santiago de cada 18 de octubre plantean, cada una desde su propia historia, una advertencia sobre la distancia creciente entre sectores de la juventud y las instituciones democráticas. Sería irresponsable desconocer sus diferencias, pero igualmente equivocado ignorar aquello que tienen en común: una crisis de representación y de expectativas cuya expresión más visible puede ser la violencia, aunque sus raíces se extiendan mucho más allá de ella.

Tal vez la pregunta más apremiante que dejan estas jornadas sea qué ocurre cuando una generación descubre que puede destruir los símbolos de una sociedad, pero no encuentra razones, instrumentos ni organizaciones para construir algo en su lugar. Esa pregunta interpela directamente a la política democrática. Porque una sociedad no puede conformarse con evitar que sus jóvenes incendien las calles. Necesita ofrecerles un horizonte en el cual participar.