Militares para las piscinas, nadie para el Cesfam

El jueves 15 de octubre, pasadas las nueve de la noche, el alcalde de Puente Alto avisó a la Delegación Presidencial de lo que ocurría en Bajos de Mena y, según su relato, no obtuvo respuesta. Matías Toledo tuvo que ir en persona a la 66 Comisaría a pedir que mandaran a alguien. Para entonces, un grupo ya había entrado al Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez. A un guardia que intentó frenarlos le vaciaron un extintor encima. Quebraron ventanales, computadores y otros equipos, y el daño se calcula en unos 30 millones de pesos. Los funcionarios se escondieron mientras todavía había pacientes adentro. El viernes el consultorio no abrió, y a los usuarios les reprogramaron las horas o los mandaron al Cesfam Karol Wojtyla.

Una semana antes habíamos visto de qué es capaz el Estado cuando se lo propone. Después del aluvión del 8 de octubre en San Carlos de Apoquindo, Kast decretó zona de catástrofe en Las Condes tras un Cogrid que encabezó el ministro Alvarado junto a los ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud y Energía. A la zona llegaron 170 efectivos del Ejército con 11 carros Mowag, 200 alumnos de las escuelas matrices de la FACh y 38 máquinas del MOP, más la maquinaria que prestaron otras municipalidades. El sábado se sumaron más de mil voluntarios, organizados por el municipio y el Ejército. En redes circuló una foto de 10 militares sacando el barro de una piscina particular en Las Condes.

Toledo lo dijo sin rodeos en X: si el Cesfam destruido hubiera estado en otra comuna, tendríamos militares cuidando infraestructura crítica en vez de limpiando piscinas, y ministros y presidente en el lugar. Uno puede discutir el tono del alcalde, pero cuesta encontrarle un error a lo que dice.

El aluvión fue una catástrofe de verdad. Miles de viviendas quedaron dañadas y hay familias que perdieron casi todo, así que el despliegue en Las Condes era lo mínimo exigible, aunque los militares llegaran varias horas tarde y nadie haya explicado bien por qué no hubo alerta SAE. Lo que molesta es el contraste. En Bajos de Mena el gobierno no hizo nada parecido, y ni siquiera parece haberlo considerado.

Antes de mover un camión o un soldado, el Estado decide cómo llamar lo que ocurre. Si el barro baja por la quebrada de un barrio acomodado, se habla de catástrofe, y con esa palabra vienen los recursos extraordinarios, la solidaridad nacional y el presidente frente a las cámaras. Si destruyen un consultorio en una población, se habla de delito, y el delito queda en manos de la policía y del municipio. Los miles de usuarios que se quedaron sin control, sin remedios o sin urgencia no figuran en ningún decreto.

Este gobierno, además, conoce ese Cesfam. En septiembre de 2024, después de una balacera en un velorio, hombres armados amenazaron de muerte a sus funcionarios para que no atendieran a dos hermanos de 11 y 13 años que habían llegado heridos. El alcalde era Germán Codina. En esos días le exigió a la ministra Tohá que fuera al Cesfam, y le advirtió que si no lo hacía iría con los vecinos a La Moneda. La fiscal Tania Gajardo dijo entonces que el Cesfam tenía que estar custodiado y planteó que los militares podían resguardar infraestructura crítica. Hoy Codina es delegado presidencial de la Región Metropolitana, y Toledo, que lleva meses enfrentado con él, culpó directamente al gobierno central. El que hace dos años exigía que las autoridades dieran la cara ahora es el que no atiende el teléfono.

Hay otro dato que no se puede pasar por alto. Esa misma mañana, el Serviu y la Delegación Presidencial habían notificado el desalojo de la toma El Volcán 2 para la semana siguiente, y quienes atacaron el consultorio habrían sido manifestantes contra ese desalojo. Romper el Cesfam del que dependen los propios vecinos no tiene defensa posible, y los primeros afectados son ellos mismos. Pero el episodio retrata bien cómo opera el Estado en Bajos de Mena. En la mañana aparece para notificar un desalojo y en la noche no está cuando la rabia que esa notificación provocó termina en un centro de salud. Quien firma un desalojo sabe que el día puede terminar mal.

La seguridad es la bandera de este gobierno, así que le corresponde explicar por qué la aplica con tanta selectividad. Desde la reforma constitucional de 2023, el Presidente puede ordenar a las Fuerzas Armadas que protejan infraestructura crítica. El Ejecutivo, además, ha promovido nuevos estados de excepción con el argumento de que hay que recuperar territorios. Herramientas tiene de sobra. Lo que no ha habido es voluntad de usarlas donde no hay electores propios que cuidar ni vecinos que salgan en los noticieros. Se habla mucho de mano dura, pero en Bajos de Mena el Estado ni siquiera se presentó.

Bajos de Mena es el resultado de una política habitacional que levantó viviendas sin levantar ciudad y que amontonó pobreza en la periferia sur sin los servicios necesarios. Treinta años después, el consultorio es una de las pocas instituciones públicas que los vecinos tienen cerca todos los días. Dejarlo sin protección cuesta bastante más que los 30 millones en destrozos, porque les confirma a esos vecinos que el Estado trabaja para otros.

Algunas medidas son sencillas. Los Cesfam de territorios muy vulnerables necesitan un protocolo de resguardo permanente entre la Delegación, las policías y el municipio, para que su seguridad no dependa de que un alcalde vaya a tocar la puerta de una comisaría. La reposición del Raúl Silva Henríquez tendría que contar con la misma urgencia y los mismos fondos extraordinarios que San Carlos de Apoquindo. Y el delegado Codina debe explicar públicamente qué pasó con el aviso que, según el alcalde, nunca recibió respuesta.

Toledo cerró su mensaje diciendo que las grietas de Chile son cada día más grandes. Basta mirar la foto de la piscina en Las Condes al lado de la del consultorio destrozado en Puente Alto para darle la razón. En las próximas semanas veremos si el gobierno repara el Cesfam con la misma rapidez con que limpió San Carlos de