Telecomunicaciones: del anuncio a la ejecución

El anuncio del Plan Nacional Digital 2026-2036 constituye una señal positiva. Chile necesita recuperar una visión estratégica de largo plazo para un sector que ha sido  fundamental en su modernización económica y social. Las telecomunicaciones  representan, probablemente, una de las políticas públicas más exitosas del país,  precisamente porque han logrado mantener una continuidad estratégica entre  gobiernos de distintos signos políticos, combinando competencia, inversión privada y  un marco institucional que favoreció su desarrollo.

Sin embargo, la experiencia también enseña que el éxito de una política pública no se mide por sus anuncios, sino por su capacidad de ejecución. Lo relevante será  comprobar si este nuevo plan logra efectivamente destrabar inversiones, mejorar la  calidad de los servicios y cerrar las brechas de conectividad que todavía persisten.

Chile dispone de una infraestructura digital importante, con extensas redes de fibra  óptica, tecnologías móviles avanzadas y una posición competitiva en la región. Pero  ese liderazgo no está garantizado. La industria enfrenta crecientes exigencias de  inversión, un aumento sostenido del tráfico de datos y presiones sobre la rentabilidad  de los operadores. Pretender mantener redes de clase mundial sin generar  condiciones económicas y regulatorias que hagan sostenible la inversión sería  desconocer la realidad del sector.

Por ello, uno de los principales desafíos del plan no será tecnológico, sino  institucional. Su implementación requerirá un liderazgo decidido al interior de la  Subsecretaría de Telecomunicaciones, capaz de alinear a sus equipos técnicos y  regulatorios detrás de una estrategia común. No basta con que la autoridad política  defina una orientación si la organización encargada de ejecutarla continúa operando  bajo criterios y prácticas que, en ocasiones, terminan dificultando aquello que se  pretende promover.

Es necesario revisar una cultura regulatoria que ha tendido a privilegiar el control y la  intervención administrativa por sobre la facilitación de inversiones. El Estado tiene un  papel insustituible en la definición de políticas públicas, la protección de los usuarios y la promoción de la competencia, pero ello no significa que deba convertirse en el  protagonista de todas las decisiones tecnológicas y empresariales. La innovación, el  despliegue de infraestructura y la generación de nuevos servicios deben ser liderados  fundamentalmente por el sector privado. La función del regulador es establecer reglas claras, corregir fallas de mercado y facilitar que esa iniciativa se desarrolle en  beneficio del país.

Este cambio exige algo más que nuevas normas. Requiere modificar la forma en que se toman las decisiones, simplificar procedimientos, reducir incertidumbres y abandonar una lógica en que la regulación termina siendo, demasiadas veces, un obstáculo antes que un instrumento para el desarrollo. La Subsecretaría debe evolucionar desde una cultura predominantemente fiscalizadora hacia una institucionalidad que, sin renunciar a sus responsabilidades, también sea capaz de  promover, facilitar y acompañar la inversión.

En ese contexto, iniciativas como el apagado progresivo de las redes 3G y la revisión de las condiciones regulatorias para servicios especializados son pasos razonables. Permiten utilizar mejor el espectro y abrir oportunidades para nuevas aplicaciones, resguardando siempre la continuidad de los servicios y los derechos de los usuarios.

La experiencia del 5G ofrece, además, una advertencia. Su despliegue significó un  avance tecnológico relevante, pero las expectativas de transformación productiva aún están lejos de materializarse plenamente. Antes de concentrar el debate en el  6G, corresponde preguntarse cuánto valor estamos generando con la infraestructura existente y qué debemos hacer para que sectores como la minería, la agricultura, la  logística y la industria aprovechen efectivamente estas capacidades.

A ello se suma una dimensión estratégica ineludible: la resiliencia y la ciberseguridad.  Las telecomunicaciones son hoy infraestructura crítica para el funcionamiento de la  economía y del Estado. Su seguridad, redundancia y continuidad operacional deben  formar parte integral de cualquier estrategia digital que aspire a posicionar a Chile  como un centro tecnológico regional.

El país tiene las capacidades empresariales, tecnológicas e institucionales para  enfrentar estos desafíos. Pero necesita recuperar una relación de confianza y  colaboración entre el Estado y la industria, con responsabilidades claramente  definidas. Al sector privado le corresponde invertir, innovar y competir; al Estado,  establecer las condiciones para que ello ocurra, interviniendo donde el mercado no  puede resolver por sí solo las necesidades de conectividad.

El verdadero examen del Plan Nacional Digital estará, por tanto, en su  implementación. Y allí el liderazgo de la Subsecretaría será determinante: no solo  para conducir una agenda tecnológica, sino también para impulsar un cambio de  mentalidad dentro de la propia institución.

Chile no necesita simplemente más planes ni nuevas generaciones tecnológicas. Necesita transformar su liderazgo digital en productividad, competitividad y desarrollo. Para conseguirlo, el Estado debe dejar de ser parte de las dificultades y convertirse, decididamente, en un facilitador de las soluciones.