El presupuesto ambiental 2027, un mal negocio para Chile

La naturaleza es el sustento de toda forma de vida. Ello la convierte, aunque no se reduzca a eso, en nuestra principal riqueza. Sin embargo, el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 debilita las capacidades del Estado para ejecutar políticas ambientales, prevenir daños y fiscalizar su cumplimiento, mientras refuerza aquellas destinadas a acelerar la tramitación de proyectos de inversión. Si analizamos este presupuesto pensando en el largo plazo del país, se ahorra poco y se pierde mucho.

Las cifras del Ministerio del Medio Ambiente parecen mostrar continuidad, pues su presupuesto disminuye apenas un 0,7%.  Sin embargo, el crecimiento se concentra en la instalación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y en personal del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Excluyendo al SBAP, el ministerio pierde un 6,3% de sus recursos, mientras la Subsecretaría, donde se alojan la mayoría de los programas ambientales, cae un 14%. Lo que se castiga son justamente los programas que fortalecen las capacidades de los chilenos.

Mirando más allá del ministerio, los primeros afectados son los programas que llegan de forma directa a las personas y los territorios. El Fondo de Protección Ambiental, que financia iniciativas comunitarias, cae un 30%; Calefacción Sustentable, que contribuye a descontaminar las ciudades del centro y sur del país, un 54%; y Transición a la Agricultura Sostenible, de INDAP, un 88%. Eficiencia energética cae 37%, el apoyo a energías renovables no convencionales disminuye un 81% y Transición Energética Justa pierde su asignación, dejando sin un instrumento específico a las comunas que enfrentan el cierre de centrales a carbón.

Se debilita además la capacidad de planificar y ejecutar políticas de largo plazo. La línea destinada a los compromisos climáticos cae un 60%, desaparecen las asignaciones para certificación ambiental de municipios y establecimientos educacionales, y se desmantela Desarrollo Productivo Sostenible, que financiaba estudios y equipos técnicos para impulsar la transformación productiva y reforzar la evaluación ambiental en regiones. Cae lo que se hace con las personas para fortalecer los territorios y aumentar su resiliencia. ¿A costa de qué?

La respuesta está en lo que sube, que es principalmente lo que acelera la aprobación de proyectos. La Oficina de Autorizaciones Sectoriales aumenta un 69% y la tramitación de derechos de agua en la DGA, un 36%. El SEA crece un 5,2%, íntegramente destinado a personal, aunque su dotación aumenta en apenas tres cupos.. Dicha distribución resulta consistente con una gestión ambiental que mide su éxito en los proyectos de inversión aprobados.

Sin embargo, agilizar autorizaciones no equivale a fortalecer la evaluación ambiental ni a mejorarla. El propio SEA disminuye en un 23% los recursos para evaluadores a honorarios, asesorías técnicas y talleres, y un 7% los destinados a su plataforma electrónica. La Superintendencia del Medio Ambiente, encargada de fiscalizar los proyectos aprobados, pierde 14 cupos y un 19% de sus recursos para programas de fiscalización, además de recortar viáticos y capacitación. Se aprueba más rápido y se fiscaliza menos lo que se aprueba. Más que agilizar, evaluaciones deficientes pueden aumentar los conflictos y el riesgo de judicialización, prolongando la incertidumbre sobre los proyectos, mientras una fiscalización debilitada aumenta la exposición de las comunidades a daños ambientales.

El SBAP merece una consideración aparte. Su dotación máxima es de 373 cupos,  en condiciones que su informe financiero preveía una expansión a 950 funcionarios para esta etapa; la inversión alcanza apenas $530 millones, frente a los $12.554 millones acumulados contemplados en su creación.

El Fondo Nacional de la Biodiversidad recibe una asignación simbólica de $10 mil, lo que cuesta un almuerzo en Santiago, frente a los $3.101 millones anuales previstos. Además, el servicio asume competencias sobre humedales, especies y áreas marinas protegidas, cuyas asignaciones específicas desaparecen de la Subsecretaría sin ser repuestas en el SBAP.

Gobernar es priorizar y la responsabilidad fiscal exige hacerlo con perspectiva de largo plazo. Pero en este caso, las ocho líneas del Ministerio del Medio Ambiente que pierden su asignación propia sumaban apenas $2.920 millones, cerca de tres pesos por cada cien mil del presupuesto nacional. Es un ahorro que no altera las cuentas fiscales.

En el mismo proyecto, la compensación por el precio del gas en Magallanes suma $61.650 millones, más que toda la Subsecretaría del Medio Ambiente, y las rentas de CORFO, donde entran los pagos del litio, más que se duplican. Hacienda ya había advertido que la naturaleza recibía apenas 0,1% de la inversión en adaptación, y este presupuesto recorta justo ahí. Es una buena decisión que el combate a incendios crezca 34%, pero prevenir sigue siendo más barato que reparar. La gestión forestal, que previene, cae 18%.

A los recortes se agrega una pérdida de transparencia. Se eliminan glosas que permitían informar sobre recursos destinados al Acuerdo de Escazú, compromisos climáticos, zonas de sacrificio y compromisos de uso de agua del litio.Cabe esperar que el Ejecutivo se allane a reponerlas durante la tramitación, pero su ausencia, sumada al reemplazo de asignaciones específicas por gastos generales, vuelve el presupuesto menos trazable. El Congreso tiene ahora la oportunidad de pedirle al Ejecutivo que corrija estas prioridades, con indicaciones para recuperar los programas territoriales, restituir las obligaciones de información y asegurar los recursos para la instalación y el traspaso de las áreas protegidas al SBAP. Es poca plata y protege capacidades que al Estado le costó años construir..

Nuestro patrimonio natural es uno de los principales activos del país y, como cualquier activo valioso, requiere inversión, cuidado y mantención. Las inundaciones de estos días nos recuerdan que sus costos no son solo un problema de las futuras generaciones, sino una responsabilidad del presente. Recortar lo que lo cuida para ahorrar tres pesos de cada cien mil es matar la gallina de los huevos de oro. Evaluado desde una perspectiva ecológica, social, e incluso meramente económica, este presupuesto es un mal negocio para Chile.

Nota metodológica: Todas las variaciones presupuestarias se expresan en términos reales, comparando el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 con la Ley de Presupuestos 2026 originalmente aprobada, a precios de 2027.