Reformar INDH para desproteger a quienes más lo necesitan

Este 19 de octubre, a siete años del “estallido social”, el gobierno ingresó a la Cámara el proyecto que reforma el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Soy Consejero del INDH, electo por la sociedad civil y el proyecto pone término a mi mandato, pero los argumentos que entrego se refieren a si Chile seguirá teniendo una institución capaz de decirle al Estado, con independencia, que está vulnerando derechos, más allá de quién se sienta en el Consejo.

El propio Mensaje presidencial recuerda que en 1991 la Comisión Rettig propuso crear una institución “cuyo fin específico sea proteger al hombre corriente de los abusos de poder”. Es una buena vara para medir este proyecto, porque en tres planos debilita esa protección: quién gobierna el Instituto, qué herramientas conserva y hasta dónde llega.

Nadie razonable sostiene que el INDH no necesite cambios. En 2020, el Subcomité de Acreditación de Naciones Unidas observó que los procesos de nombramiento no eran transparentes ni uniformes. En 2025, una Comisión Asesora creada por el propio Estado entregó 44 recomendaciones, 42 de ellas por unanimidad. El gobierno dice basarse en ese informe. Pero, aunque lo hace en algunos aspectos técnicos, como separar la dirección estratégica de la gestión, regular los conflictos de interés o consagrar los informes legislativos, en todo lo que fortalece la independencia el proyecto hace lo contrario.

Primero, la gobernanza: la Comisión recomendó que la mayoría del Consejo proviniera de la sociedad civil y la academia y que el Presidente de la República dejara de designar consejeros. El proyecto elimina toda elección directa por parte de las organizaciones de derechos humanos, que hoy eligen a cuatro de los once consejeros. El nuevo Consejo tendría cinco integrantes y en adelante las organizaciones solo podrán proponer una nómina, de la cual el Presidente escogerá a dos que el Senado ratificará (y si no la entregan en 30 días hábiles, el Presidente podrá prescindir de ellas). Otros dos consejeros los designará directamente la Cámara. El Mensaje habla de “una mayoría de integrantes provenientes de la sociedad civil”. El articulado lo desmiente.

Tanto o más grave es la transición. El proyecto hace cesar de pleno derecho a todo el Consejo y lo reemplaza, por dos años, por cinco personas propuestas en una lista única por el Presidente y aprobadas por mayoría simple del Senado, en votación indivisible de todos o ninguno (similar criterio autoritario de la Reforma Constitucional).

Ese Consejo poco plural, elegido por el gobierno, nombrará al nuevo Director Ejecutivo sin concurso de Alta Dirección Pública, dictará los estatutos y decidirá dónde tendrá presencia el Instituto. Es una decisión ideologizada: el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ya lo dijo: el INDH tiene “un tinte de izquierda y eso hay que corregirlo”. Apliquemos la misma vara: ¿aceptaría el oficialismo un INDH cuyo Consejo hubiese sido elegido íntegramente por el gobierno anterior? Una institución que fiscaliza al Estado no puede ser rediseñada por el gobierno de turno, sea del color que sea.

Segundo, la desprotección de la población: el proyecto elimina la facultad del INDH de querellarse por tortura, desaparición forzada, genocidio, crímenes de lesa humanidad y trata de personas. Suprime también la cláusula general que le permitía deducir acciones ante los tribunales. En su reemplazo ofrece una “facultad de denunciar”, cuestión que cualquier ciudadano ya tiene. Se dirá que los Principios de París no exigen litigar y es cierto, pero no es lo mismo no otorgar una herramienta que despojarlo de ella después de que sirvió para llevar a juicio a agentes del Estado.

Por ejemplo, tras el estallido, el INDH presentó más de 3.200 querellas, y casi un tercio de las condenas obtenidas corresponde a causas que patrocinó. La Comisión Asesora votó siete a uno por mantener y ampliar esa facultad y entre quienes votaron a favor estuvo Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, el gobierno escuchó el único voto de minoría. Cuando quien investiga y quien es investigado pertenecen al mismo Estado, la querella del INDH es muchas veces lo que impide que la víctima quede sola.

Tercero, el territorio: la clave no está en el articulado, sino en el informe financiero. Allí el Ministerio de Hacienda proyecta reducir a la mitad la dotación regional del Instituto y en un 70% los abogados de su Unidad de Protección, con un ahorro de más de 3.700 millones de pesos anuales. El proyecto, a su vez, borra de la ley la referencia a las sedes regionales, fija el domicilio en Santiago y se afirma que el nuevo Consejo decidirá “con autonomía” dónde tendrá presencia el Instituto.

Pero el informe financiero de Hacienda ya calculó el ahorro, suponiendo que esa decisión será despedir a la mitad del personal regional. Si el recorte está decidido antes de que el Consejo exista, la autonomía es solo de nombre. A eso se suma que el proyecto borra de la ley la norma que respalda las sedes en regiones, dejando su cierre a una simple decisión administrativa-presupuestaria. En resumen, quien es golpeado en una comisaría de Temuco o en una población en Andacollo, una persona migrante retenida en Colchane o un interno de la cárcel de Puerto Aysén que es agredido no necesita una oficina en Santiago: necesita a alguien que le proteja.

Lo que el proyecto omite completa el cuadro. Al INDH no se le da una garantía de financiamiento estable, aunque la Comisión la propuso. Los consejeros siguen sin inmunidad funcional, pese a que el Subcomité de Naciones Unidas la recomendó expresamente. Los organismos del Estado no quedan obligados a responder sus requerimientos de información en un plazo. Y su personal no recibe protección, aunque ha sido amenazado y agredido.

Por eso, para a legislar con la misma vara para todos, las organizaciones de derechos humanos y sociales y las universidades debiésemos exigir al Congreso respetar las orientaciones de la Comisión de Fortalecimiento del INDH de composición plural, bajo los siguientes puntos:

• Asegurar que la sociedad civil elija directamente a una parte significativa del Consejo, con convocatorias públicas y audiencias para todas las designaciones y omitir designaciones presidenciales;
• Mantener la facultad querellante del INDH ante graves violaciones de derechos humanos, como recomendó la Comisión;
• Consagrar en la ley las sedes regionales y una garantía de financiamiento que el presupuesto anual no pueda usar como castigo.
• Eliminar el cese anticipado del Consejo y el Consejo transitorio designado por el Ejecutivo.

Un INDH con menos herramientas para proteger, menos presencia donde se vulneran los derechos y un Consejo moldeado por quienes debe vigilar no es un instituto reformado, es un instituto domesticado. Y un Estado que domestica a quien lo vigila no gana en eficiencia y debilita la democracia.