Pleno del máximo tribunal estimó que el ex uniformado está en condiciones de enfrentar un proceso judicial, ratificando de esta manera la resolución que en mayo pasado había adoptado la Corte de Apelaciones de Santiago. Algunos ministros propusieron al juez Juan Guzmán Tapia, que tramita el proceso, ordenar la realización de exámenes siquiátricos para el ex uniformado.
El Pleno de la Corte Suprema, por nueve votos contra ocho, resolvió esta mañana desaforar al general (R) Augusto Pinochet Ugarte, en el marco de la causa conocida como Operación Cóndor, ratificando de esta manera el fallo que anteriormente había dictado la Corte de Apelaciones de Santiago.
Así lo informó el relator del ampliado, Juan Cristóbal Mera, quien detalló que los ministros que se pronunciaron en contra de retirar el fuero de Pinochet, en su calidad de ex gobernante, fueron Hernán Álvarez, Enrique Tapia, Ricardo Gálvez, Jorge Rodríguez Ariztía, Enrique Cury, Orlando Álvarez, Humberto Espejo y Domingo Kokisch.
A favor de confirmar el desafuero estuvieron José Benquis, Alberto Chaigneau, José Luis Pérez, Urbano Marín, Domingo Yurac, Jaime Rodríguez Espoz, Milton Juica, María Antonia Morales y Adalis Oyarzún.
El voto de minoría señala que «la ley ha sido muy cuidadosa en prevenir el encausamiento innecesario de un inculpado, cuando hay antecedentes que indican que no podrá existir una sentencia condenatoria, como se evidencia en los artículos 107, 279 y 406 del Código de Procedimiento Penal, por lo que con mayor razón debe considerarse esa situación respecto de las personas a quienes la Constitución Política de la República ha concedido una protección especial por tratarse de autoridades presentes o pasadas, para evitar que se dirijan en su contra procesos que resultaran inútiles».
Según detalló el relator, los ministros Alberto Chaigneau, Urbano Marín, Domingo Yurac y Jorge Rodríguez sugirieron al juez Juan Guzmán Tapia, que tramita la Operación Cóndor, que entre sus primeras diligencias ordene la realización de exámenes siquiátricos en contra del imputado. En tanto, Milton Juica y Adalis Oyarzún pidieron que ésta sea la primera diligencia.
El 28 de mayo pasado, el tribunal de alzada, por 14 votos contra nueve, había privado de su fuero al ex uniformado, por su responsabilidad en la coordinación de los servicios de inteligencia de Sudamérica en la década de los 70 destinada a reprimir a grupos y personas de izquierda.
Sin embargo, esa instancia no se había pronunciado respecto del fallo de agosto de 2002, cuando la Corte Suprema había zanjado la discusión sobre la salud mental del retirado general, en el marco del proceso conocido como «Caravana de la Muerte». En esa oportunidad, el máximo tribunal tuvo en cuenta informes del Servicio Médico Legal (SML) que señalaban que Pinochet padecía una «demencia subcortical de leve a moderada», lo que se tradujo en que no enfrentó el proceso.
La resolución de este jueves fue recibida con satisfacción por miembros de organizaciones de derechos humanos, que esperaban expectantes la determinación del máximo tribunal en el primer piso del Palacio de Tribunales.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, manifestó que con este fallo se avanza en la obtención de justicia, tanto en la responsabilidad que le cabe a Pinochet en la Operación Cóndor, así como en otros procesos por violaciones a los derechos humanos.
Incidencia
El desafuero acordado por el Pleno, independiente de los exámenes siquiátricos que deberá ordenar el ministro Guzmán, es una espaldarazo a su gestión a cargo de los procesos por derechos humanos, pero también a la realizada por el ministro Sergio Muñoz, por las cuentas que el ex militar tenía en el banco Riggs de Estados Unidos.
De hecho, la resolución entregada por la Corte Suprema tiene apenas una página donde la confirmación de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago tiene poco más de una línea, mientras que el resto es el voto de minoría.
Es altamente probable que la entrevista otorgada por Pinochet a una estación televisiva de Miami, así como la declaración que prestó ante el juez Muñoz y el que fuera el propio ex militar el que manejaba sus cuentas en Banco Riggs de Estados Unidos, hayan pesado finalmente en la decisión del Pleno.
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