Aunque los resultados de los peritajes médicos que se le practicaron al ex uniformado aún son secretos para las partes, la decisión del magistrado sería una aceptación implícita de que el general (r) está en condiciones de enfrentar un juicio de reproche. En tanto, los querellantes en el juicio pedirán su procesamiento tras la realización de la diligencia.
Durante la próxima semana, el ministro de fuero a cargo del caso denominado Operación Colombo, Víctor Montiglio, le tomará declaración indagatoria al general (r) Augusto Pinochet en el marco de este proceso, tras recibir todos los informes sobre el estado de salud mental y física de los peritos designados por su tribunal y los forenses nombrados tanto por los querellantes, como por la defensa.
Si bien el magistrado ha mantenido la absoluta reserva de las conclusiones sobre dichas pericias, que evaluaron tanto las condiciones físicas como psiquiátricas y psicológicas del ex uniformado, la realización de esta diligencia fue interpretada como un reconocimiento implícito de que el octogenario ex militar está en condiciones de enfrentar un juicio de reproche y guiar los pasos de sus abogados, en caso de ser sometido a proceso. Es decir, es una persona competente.
Así lo adelantó El Mostrador.cl, ya que según fuentes de este medio el ex gobernante de facto fue bien evaluado desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, mientras que su sistema neurológico presentaba varios signos de deterioro, debido a las enfermedades que padece y a los microinfartos cerebrales que han dañado su soporte fisiológico.
En tanto, luego de que dicho interrogatorio se concrete, fuentes de los querellantes anunciaron que solicitarán el procesamiento de Pinochet en calidad de autor intelectual del secuestro permanente de 15 de los 119 opositores al régimen militar que fueron desaparecidos por la ex DINA, hecho que se intentó encubrir mediante un montaje comunicacional que los hizo aparecer como muertos en supuestos enfrentamientos internos de grupos de izquierda en Argentina.
Tercer interrogatorio por DD.HH.
Esta sería la tercera vez que el retirado general es interrogado por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar.
En enero de 2001, el juez Guzmán le tomó declaración indagatoria -por cerca de media hora- en el marco del caso Caravana de la Muerte, tras lo cual lo sometió a proceso en calidad de autor del secuestro calificado de las víctimas de ese episodio, decisión que fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago y, luego, por la Corte Suprema.
A fines del año pasado, el mismo magistrado también lo sometió a un interrogatorio -que duró aproximadamente 20 minutos- en calidad de inculpado en el proceso conocido como Operación Cóndor, tras lo cual también lo encausó. Dicha decisión también fue dejada sin efecto por el tribunal de alzada capitalino.
Sin embargo, las dos últimas testificaciones judiciales que ha prestado durante este semana Pinochet, ante el ministro de fuero Carlos Cerda, en el llamado caso Riggs, han sido bastante más extensas. La primera de ellas se extendió por cerca de tres horas y media, mientras que la segunda habría bordeado las dos horas de duración. Ello también demostraría la eventual mejoría que ha experimentado el ex uniformado durante estos últimos meses.
Más allá de ello, para los querellantes en el caso lo importante es que la justicia chilena juzgue a Pinochet no sólo por sus posibles delitos financieros, relacionados con sus cuentas en el exterior, sino que también por los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron bajo su mandato.
Operación Colombo
La Operación Colombo fue un montaje de la DINA, la policía secreta de la dictadura, para hacer desaparecer 119 opositores al régimen de Pinochet en 1975.
La maniobra incluyó la publicación, por única vez, de las revistas «Lea», en Argentina y «O Novo Dia», en Brasil, que difundieron los nombres de las víctimas y afirmaron que habían muerto en purgas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), organización que combatió con las armas a Pinochet.
En realidad los 119 habían sido detenidos por la DINA en los meses anteriores y sus familias habían presentado recursos de amparo que fueron rechazados por los tribunales.
Augusto Pinochet fue desaforado en este juicio por su presunta responsabilidad en 15 de los casos.
En tanto, el próximo 30 de noviembre la Corte de Apelaciones de Santiago revisará un nuevo pedido de desafuero en su contra, esta vez por otras 30 víctimas de esta operación.
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